Escrivá no modificará la jubilación parcial pero limitará la forzosa y endurecerá la anticipada

Las negociaciones en el marco del diálogo social para la reforma de las pensiones se suceden sin grandes avances, tras cerrarse de nuevo sin acuerdo la reunión de este jueves, pero con voluntad de acuerdo por las partes, que concretan los aspectos que se modificarán en la primera fase prevista para 2021, según señalan a Economía Digital en fuentes del diálogo social. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado que en principio no se tocará en la reforma de las pensiones la jubilación anticipada, mientras que sí se abordará la jubilación forzosa, y la jubilación anticipada, con la modificación de los coeficientes reductores que penalizan el adelanto de la jubilación y con incentivos para retrasarla. 

Escrivá ha explicado que la reforma de las pensiones precisa de un “trabajo fino” y en este momento Gobierno y agentes sociales están trabajando con un borrador ya con “mucho detalle” sobre el primer paquete en el que el elemento central será el mantenimiento del poder adquisitivo mediante un mecanismo permanente. 

Este mecanismo supondrá la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, algo sobre lo que “no hay discusión”, ha recordado en una entrevista en TVE, recogida por Economía Digital, en la que ha apelado, no obstante, a la discreción en las negociaciones. 

Jubilación parcial

Sobre contenidos concretos, ha precisado que lo referido a las jubilaciones parciales se está discutiendo el asunto pero “es posible que no lo toquemos en este momento”, de forma que se quedaría en los mismos términos que lo recogido en la reforma de las pensiones de 2011. 

El borrador que manejaba el Ministerio contemplaba el aumento de las reducciones a esas jubilaciones anticipadas y que las reducciones sobre la cuantía, en vez de sobre la base reguladora, al tiempo que los coeficientes reductores pasen a ser mensuales en lugar de trimestrales.

Jubilación forzosa 

En cambio, sí se abordará la intención de limitar las jubilaciones forzosas, ya que ha recordado que no existe en “casi ningún país europeos” y que la jubilación “es un derecho, no una obligación”, de forma que salvo los funcionarios los ciudadanos deben jubilarse “cuando realmente deciden”. 

El ministro quiere poner coto a esta “peculiaridad” de España por la que a través de la negociación colectiva se puede establecer la jubilación de los trabajadores, una concepción “superada en otros países” al considerarse que si no se jubilan los trabajadores de mayor edad no se da espacio al empleo joven, algo que “se ha demostrado que no es así”. 

En este sentido, ha apuntado que hay que corregir el hecho de que España sea uno de los países que menor tasa de empleo entre 55 y 70 años presenta, por lo que cree que se pondrá coto a la jubilación forzosa. “Espero que sí, estamos parametrizando cómo hacerlo”, ha explicado. En un principio en la negociación se admitiría que la jubilación forzosa se mantenga en los 68 años, en línea con el modelo francés, en lugar de a los 65 años.

Jubilación anticipada e incentivos a su demora

De igual forma, en lo que respecta a la jubilación anticipada, por la que se puede extender hasta dos años antes de la edad ordinaria, Escrivá ha reiterado que la intención del Ejecutivo es fijar el mismo marco de penalización mediante los coeficientes reductores, ante la “anomalía” actual que fija un recorte del 16% para una pensión media frente a un 4% en la pensión máxima.  

Por ello, se plantea un mismo marco de penalización con un periodo transitorio con el fin de que el ajuste y la penalización en los periodos intermedios de esos dos años de posible jubilación anticipada haya un desincentivo menor del que actualmente existe, y se ponga fin a la configuración “regresiva” actual. 

Además, el ministro ha mostrado la intención del Ejecutivo de consensuar con los agentes sociales incentivos positivos en un número “significativo” de personas en edad de jubilación para que retrasen la misma “unos cuantos meses”, algo “enormemente favorable” desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

Ha remarcado la importancia de que “se trabaje más en los últimos años de la vida laboral” al tiempo que se incentiva el empleo joven con una Formación Profesional más focalizada que acabe con el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, pero no descincentivando el empleo senior, sino, al revés, promoviéndolo. 

«Énfasis» a los incentivos de reactivación en los ERTE

Respecto a los sectores ‘ultraprotegidos’, aquellos realmente afectados por restricciones de movilidad asociadas a la pandemia, ha indicado que se fijan mediante un “cálculo objetivo” basado en elementos sobre el grado de afectación de esos sectores, si bien si se hiciesen cálculos con la situación actual “prácticamente no cambiarían” esos sectores ‘ultraprotegidos’.  

Respecto a la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre, tal y como se ha preacordado en el marco del diálogo social, Escrivá ha señalado que se mantendrá un esquema similar al actual para la extensión desde el 31 de mayo. 

Eso sí, ha reiterado que el Ejecutivo quiere “poner énfasis” en los incentivos a la reactivación de los trabajadores, ya que aunque el objetivo fundamental de los ERTE es la protección de los trabajadores, cuando se dan las condiciones porque la incidencia del virus está bajando , se intenta que en situaciones donde haya algún elemento de incertidumbre, las empresas dispuestas a dar un paso tengan un ”empuje” a activar más trabajadores.  

Ello precisa de un diseño específico de los ERTE para que ese incentivo se materialice, en línea con lo acordado ya en cuatro ocasiones anteriores en prórrogas previas de los ERTE, como el pasado verano, por lo que ha confiado en que se pueda alcanzar de nuevo un acuerdo al respecto en la nueva prórroga. 

Respecto a los sectores ‘ultraprotegidos’, aquellos realmente afectados por restricciones de movilidad asociadas a la pandemia, ha indicado que se fijan mediante un “cálculo objetivo” basado en elementos sobre el grado de afectación de esos sectores, si bien si se hiciesen cálculos con la situación actual “prácticamente no cambiarían” esos sectores ‘ultraprotegidos’. 

Mejora de los niveles de acceso de renta al Ingreso Mínimo Vital

Por otra parte, sobre el ingreso mínimo vital ha adelantado que se mejorarán los niveles de renta de acceso a final de año, tal y como figura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo objetivo de ir ampliando «progresivamente» esta ayuda a otras prestaciones, por ejemplo, por hijo a cargo o por unidades de convivencia, a unidades familiares con rentas más altas pero con hijos.

En el Plan de Recuperación incluso se recoge la idea de ampliar el ingreso mínimo vital a todo el ámbito no contributivo de prestaciones a través del SEPE, ha explicado Escrivá, quien ha señalado la idea de que el ingreso mínimo «se convierta en un pilar fundamental del Estado en cuanto a pensiones no contributivas».

Según el Plan de Recuperación, para finales de año, «en el corto plazo se mejorarán los umbrales de renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital para los hogares con menores a cargo». Además, el Gobierno aboga por que el ingreso mínimo sea la base para desarrollar un nuevo modelo de prestaciones no contributivas del Estado. Para la segunda mitad de 2022 promete una reorganización, simplificación y rediseño del mismo, con una «visión integral y para mejorar los niveles de cobertura y ejecución». 

Hasta la fecha ha precisado que se han recibido 1,3 millones de solicitudes desde que la ayuda se puso en marcha, si bien se ha concedido un nivel inferior, de en torno a medio millón, al detectarse niveles «muy altos» de renta y patrimonio que superan los requisitos del la ayuda.

No obstante, también se han detectado unidades familiares que el Ministerio preveía como beneficiarias de la prestación pero que no la han reclamado, por lo que su departamento estudiará estos casos para estas familias o por si se puede llegar a esos por otros canales.