Escrivá incumple el plazo para encargar la auditoría de la Seguridad Social fijado en su reforma

La auditoría sobre las cuentas de la Seguridad Social se demorará más de lo previsto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá no ha encargado aún el informe de auditoría sobre los ingresos y gastos de esta administración, por lo que se ha sobrepasado el plazo máximo de un mes que fija la reforma de pensiones para ello.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que todavía no se ha dado orden de encargo para la realización de la auditoría, una reivindicación que vienen realizando desde hace meses uno de los partidos del propio Gobierno, Unidas Podemos, y sobre todo ERC, que lo puso como condición para respaldar la reforma de pensiones, además de otras formaciones como Compromís, Eh-Bildu, Compromís, BNG o Más País, que presionan para que se lleve a cabo y se encargue de ello el Tribunal de Cuentas.

El no encargo del informe de auditoría por parte del Gobierno supone un incumplimiento respecto al plazo fijado en la primera parte de la reforma de las pensiones, impulsada por el propio ministro Escrivá y recogida en la ley del pasado 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

En la disposición adicional sexta de la ley se establece que «en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social».

Seis meses para la elaboración del informe

Dicho informe, según lo establecido en la ley, será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.

Es decir, el Ministerio deberá impulsar la realización de una auditoría sobre los ingresos de cotizaciones sociales y los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social de más de medio siglo (52 años), hasta antes del inicio de la pandemia. El informe deberá de poner especial foco en la exoneración de cuotas respecto de los trabajadores por cuenta propia con 65 o más años, tal y como se establece en la reforma de pensiones.

La Seguridad Social registró un déficit de 14.979,85 millones de euros en el ejercicio 2020, el equivalente el 1,36% del PIB, un 9,8% menos frente al desajuste récord de 16.793,3 millones de euros del año 2019, el 1,34% del PIB, gracias a las transferencias recibidas por el Estado, y el ministro Escrivá avanzó que el déficit cerró 2021 en el 1% del PIB, dos décimas por debajo de los previsto por la mejora de los ingresos.

Escrivá afirma que con las medidas implementadas el déficit de la Seguridad Social se corregirá en 2023, hasta llegar al equilibrio, y defiende que el sistema es «sostenible» ahora y para las pensiones del futuro. Sin embargo, el pasivo de la Seguridad Social se ha disparado un 16,2% en el último año, sumando 13.830 millones, hasta el récord de deuda de 99.185 millones de euros, debido a los créditos del Estado para hacer frente a las pensiones y asumir los ‘gastos impropios’, y a los gastos derivados de la pandemia.

Podemos y socios piden que se encargue al Tribunal de Cuentas: PSOE y PP lo frenan

A primeros de febrero se vislumbró el posicionamiento de los partidos sobre la auditoría. El PSOE y el PP unieron sus cinco votos en la Mesa de la Cámara Baja para inadmitir una iniciativa de Unidas Podemos, Bildu, Junts, Más País y Compromís  para encargar al Tribunal de Cuentas la auditoría, al superar los cuatro votos de la formación morada y Vox que sí apoyaron la iniciativa en el órgano de gobierno del Congreso.

A juicio de estas formaciones, no tendría sentido que el Gobierno encargase la auditoría a la Intervención General del Estado (IGAE) o a la Seguridad Social puesto que ellas mismas elaboran las cuentas que tendrían que revisar. Los servicios jurídicos del Congreso argumentaron que la realización de este tipo de auditorías no entraría dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas, aunque ven posible que se solicite a este órgano realizar un informe de fiscalización de los gastos e ingresos de la Seguridad Social.

Con todo, Unidas Podemos y el resto de socios del Gobierno siguen presionando para la realización de la auditoría y exigen que se lleve a cabo por el Tribunal de Cuentas. Esquerra Republicana, EH-Bildu, Compromís, BNG, Más País y la diputada de Unidas Podemos Meri Pita han registrado la solicitud para encargar al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de los ingresos provenientes de cotizaciones sociales, los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social y su financiación por las cotizaciones sociales.

Las formaciones han registrado en el Congreso, ante la Comisión mixta Congreso-Senado, la solicitud de informe de fiscalización de los ingresos y gastos de la Seguridad Social y que se encomiende al Tribunal de Cuentas, emana de la ley de la reforma de pensiones, ya que transcurrido el mes de plazo «no ha habido todavía ningún encargo». Esta petición recoge la histórica reivindicación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y de otras organizaciones de pensionistas que en julio de 2019 decidieron iniciar una recogida de firmas que para exigir la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social.

La realización de la auditoría fue una de las condiciones que puso ERC para dar su apoyo a la ley de pensiones de 2021, y una exigencia del grupo EH-Bildu para su abstención en la misma. El portavoz republicano en la comisión de Trabajo y Seguridad Social, Jordi Salvador, que preguntará sobre este tema en la sesión de control del miércoles, ha defendido reiteradamente desde 2016 que el sistema de pensiones es por sí mismo sostenible si los recursos que generan las cotizaciones no se hubieran destinado a otros usos, que es lo lleva a la «quiebra del modelo».