Escrivá negociará los flecos pendientes de la reforma de las pensiones a partir del lunes 13

El Gobierno aprobó el pasado martes el proyecto de ley del primer bloque de la reforma de las pensiones al dar luz verde al proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que liga las pensiones al IPC y premia el retraso del retiro de la vida laboral, al tiempo que penaliza más las prejubilaciones.

Sin embargo, dentro de este acuerdo se recogían varios puntos que quedan pendientes de negociar con los agentes sociales (patronal y sindicatos) en la mesa de diálogo para las pensiones, y sin perder tiempo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado ya a sindicatos y patronal a una reunión el próximo lunes 13 de septiembre, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

En el encuentro está previsto que se traten los principales flecos pendientes de la primera pata de la reforma de las pensiones, para la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha pedido respaldo a la oposición para sacarla adelante en su tramitación parlamentario que arranca este mes de septiembre.

Mecanismo de equidad intergeneracional

Uno de los puntos más relevantes a negociar después de la aprobación del primer bloque de la reforma de las pensiones es el referido al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta primera parte de la reforma.

Y es que el acuerdo conlleva la derogación del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy que suponía un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida. Ahora, el Gobierno dispone hasta el 15 de noviembre para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para que el que podrían contemplarse parámetros como el del PIB o la inmigración, aunque desde el Ministerio señalan que «no hay nada definido».

CCOO y UGT han iniciado ya los trabajos preparatorios para abordar la estrategia sindical de cara a la nueva negociación con el Gobierno y van a solicitar en el arranque de la negociación un estudio pormenorizado sobre la situación del sistema de pensiones y el detalle de las aportaciones de la generación del ‘baby boom’ a la ‘hucha de las pensiones durante su trayectoria laboral, para conocer el gasto y el impacto del colectivo sobre la actividad.

La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha remarcado a Economía Digital la importancia de “empezar la casa por el tejado” para poder fijar parámetros sobre los que asentar el nuevo sistema con el fin de “no incurrir en lo que ha pasado en otras décadas que se ha aportado mucho dinero y desgraciadamente se ha gastado en otras cosas que no son las pensiones”. 

En esta línea, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO, Carlos Bravo, ha apuntado a este medio que el Ministerio de Seguridad Social es el que debe definir primero cuál es su objetivo en materia de impacto presupuestario y cuál es el método de la propuesta que quiere desarrollar. “Si la propuesta del Gobierno es manejable, será relativamente sencillo el acuerdo”, ha señalado. 

Cotización por ingresos reales de autónomos

Otro de los principales puntos pendientes es la cotización por ingresos reales, que podría reavivar el choque vivido el pasado mes de mayo entre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) por su propuesta para el nuevo sistema de cotización de estos trabajadores, que entraría en vigor en 2023.

Escrivá defendió su reforma porque “dos de cada tres autónomos pagarán menos” y conseguirán mejor protección, en medio de críticas al mismo tiempo principalmente desde ATA, que ve “intolerable” la propuesta porque con las cuotas propuestas muchos autónomos “trabajarán para el Estado”. 

Según el borrador al que tuvo acceso Economía Digital, el Gobierno plantea un sistema de cotización por ingresos reales que conllevaría unas cuotas de los trabajadores por cuenta propia que oscilarían, una vez transcurrido el periodo de nueve años, entre un mínimo de 90 euros para los autónomos que ganen menos de 3.000 euros al año y un máximo de 1.220 euros al mes para los que perciban unos rendimientos superiores a los 48.800 euros anuales.Leer más: Escrivá defiende su propuesta de cotizaciones pese a la oposición frontal de los autónomos

La reforma, que entraría en vigor desde el año 2023, establecerá una cotización intermedia por tramos que se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan a lo largo del periodo, partiendo de unos tramos de entre 200 y 400 euros el primer año. Se revisará cada tres años y se posibilitará modificar la elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. 

Otros flecos pendientes: Agencia Estatal o cotización de becarios

Varios más son los flecos pendientes aún de concreción en la mesa de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales. Entre otros, el proyecto de Ley, en cumplimiento de la recomendación octava del Pacto de Toledo, se refiere a la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses.

En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.

También se realizará, en un plazo de tres meses, el desarrollo reglamentario para la inclusión en la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas, aunque no tengan carácter remunerado. En estos casos, se establecerá una reducción de cotización del 75% para los becarios.

La primera parte de la reforma: revalorización con IPC

La nueva norma fija un nuevo marco “estable” de revalorización de las pensiones para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas, de forma que el nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada. “A partir ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones: siempre se van a poder revalorizar, ha enfatizado Rodríguez.

Como novedad en la segunda vuelta de la norma se equipara la regulación en Clases Pasivas sobre la revalorización y los incentivos de demora . El personal incluido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, alrededor de 670.000 personas, son los funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales, de otros órganos constitucionales o estatales que lo prevean, y, funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

También se incluyen en este régimen los militares de carrera, de las Escalas de complemento, de tropa y marinería profesional y los Caballeros Cadetes, Alumnos y Aspirantes de las Escuelas y Academias Militare  Ex Presidentes, Vicepresidentes y Ministros del Gobierno de la Nación y otros cargos.

Ajuste de hasta el 21% en las prejubilaciones

Además, se incorporan diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva (64 años) a la edad ordinaria de jubilación (66 años en 2021). En este sentido, se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.   

En materia de jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora. Se contempla un ajuste de entre el 2,81% y el 21% en función de los años cotizados.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y en relación con los dos años inmediatamente anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.  

Incentivos a la jubilación demorada: cheque de 12.000 euros o un 4% adicional

En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda, al tiempo que se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora

Estos pasan por un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas opciones. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros. Los pensionistas de clases pasivas tendrán la misma regulación en cuanto a los incentivos de demora.  

En la primera parte de la reforma también se busca reforzar la estructura de ingresos, de forma que se fija que la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020.

Finalmente, la llamada ‘cláusula de salvaguarda’ se mantiene en su regulación actual con carácter indefinido.  Con ello, todos los trabajadores que salieron del mercado laboral en la anterior crisis se les aplicará el régimen de jubilación preexistente antes de la reforma de pensiones de 2011.