Escrivá carga más a las empresas tras endurecer su propuesta de subir cotizaciones

El Gobierno ha elevado de 0,5 a 0,6 puntos porcentuales su propuesta de aumentar las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores desde 2023 durante 10 años para hacer frente al mayor gasto de las pensiones que procederá de la generación de los ‘baby boomers’, los nacidos entre 1958 y 1977.

Este es el último planteamiento realizado por el Ministerio de la Seguridad Social en la última reunión de la reforma de pensiones, celebrada este lunes, en la que ha realizado pequeñas variaciones sobre su propuesta inicial de la semana pasada sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), según han confirmado a Economía Digital en fuentes del diálogo social y del departamento de José Luis Escrivá.

En concreto, ha planteado una cotización adicional de 0,6% durante 10 años, incorporando una distribución de cuota nueva rechazada tanto por los sindicatos como por los empresarios, al recoger que 0,4 puntos de dicho aumento los asuma la empresa y el otro 0,2 restante los trabajadores.

Reunión «productiva»: posible acuerdo ‘in extremis’ en una semana

Desde el Ministerio de la Seguridad Social aseguran a Economía Digital que ha sido una reunión «muy productiva«, tras haber presentado «pequeñas modificaciones» sobre la propuesta de la semana pasada sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Desde el Ministerio aseguran que la nueva propuesta se ha hecho siguiendo las aportaciones que les han hecho llegar los agentes sociales, mientras que desde los sindicatos niegan este punto y son tajantes al afirmar que se trata de «una (nueva) propuesta del Gobierno».

«Se están realizando avances y las conversaciones continuarán los próximos días«, añaden en el Ministerio. Las partes partícipes en el encuentro aseguran a este medio que el acuerdo podría cerrarse ‘in extremis’ el próximo lunes, a pesar de las discrepancias existentes sobre el reparto de las cuotas adicionales a abonar para sufragar las pensiones futuras, aunque antes del lunes se sucederán los contactos.

Así las cosas, el Gobierno dispone de apenas una semana para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de la primera parte de la reforma, tras haberse derogado el polémico factor de sostenibilidad del PP que no llegó a aplicarse. Este contemplaba un ajuste en las pensiones conforme a la esperanza de vida, que podría llegar al 50%, según el Gobierno actual.

Discrepancias sobre el reparto de las cuotas

Por su p arte, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) no comparten la distribución de la cuota planteada por el Gobierno, si bien han reiterado su valoración positiva sobre el giro de la posición del Gobierno en cuanto a centrar la definición del MEI en torno a una mejora de ingresos y la mejora de esta propuesta en términos de equidad intergeneracional en comparación con el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 del PP que ahora se deroga.

No obstante, fuentes sindicales insisten en que la propuesta del Gobierno debe ser mejorada en términos de suficiencia, allegando más ingresos, distribución de la cotización adicional entre empresa y personas trabajadoras y no predeterminando las negociaciones futuras en el seno del diálogo social, de ser necesarias.

CEOE mostró estos días su rechazo frontal por el contenido al considerar excesivo una nueva subida de cotizaciones, ya que se suma al mayor coste que tienen que hacer frente los empresarios con la subida del Salario Mínimo o el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, en un contexto en el que muchas empresas aún presentan problemas financieros por la crisis. También criticaron las formas al presentar la propuesta con escaso margen de negociación.

Por su parte, el ala gubernamental de Unidas Podemos ha mostrado también reticencias a la propuesta de Escrivá por cargar de mayores cotizaciones a los trabajadores, aunque el nuevo planteamiento podría ser mejor visto a ojos de la formación ‘morada’ al recaer el mayor peso en las empresas.

Propuesta inicial

La propuesta inicial del Ministerio pasaba por aprobar una subida de la cotización de 0,5 puntos porcentuales durante 10 años a partir del ejercicio 2023 que iría a modo de aportación adicional al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como ‘hucha de las pensiones’, que acumula actualmente unos 2.100 millones, muy lejos de los 67.000 millones que llegó a presentar, según señalan fuentes de la negociación.

En el caso de que estas aportaciones no fuesen finalmente necesarias, el Ejecutivo podría llegar a devolverlas mediante una disminución de cotizaciones o con mejoras por el lado de las prestaciones.

La segunda parte del instrumento para asegurar las pensiones futuras pasaría por una revisión trianual desde el ejercicio 2032 para evaluar si el gasto realizado en prestaciones sobre PIB presenta una desviación de la proyección para 2050 del informe sobre pensiones de la comisión Europea (Ageing Report) de 2024, circunstancia bajo la que se implementarían nuevas medidas.

Otros asuntos pendientes

Los sindicatos también reclaman avanzar en todas las materias pendientes de desarrollo aún del acuerdo de pensiones de julio pasado. Y es que más allá del mecanismo de equidad intergeneracional, quedan más flecos pendientes aún de concreción en la mesa de negociación entre el Gobierno y los agentes sociales, como el reglamento para la cotización de los becarios sin remuneración, cuyo plazo de tres meses venció a primeros de octubre.

En cumplimiento de la recomendación octava del Pacto de Toledo, también está pendiente de abordarse la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses. Es decir, hasta antes del Día de Reyes.

En este mismo plazo, y en cumplimiento de la recomendación 13ª del Pacto de Toledo se abordará en el marco del diálogo social una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.