Escrivá choca con los sindicatos por el fondo público de pensiones
El ministro de la Seguridad Social se ha topado con el rechazo sindical a su propuesta de crear un fondo público de pensiones y la advertencia de que no se negociará en medio de la renovación del Pacto de Toledo
El ministro José Luis Escrivá, junto a otros ministros y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el Congreso Confederal del sindicato. Foto: CCOO
Los sindicatos mantienen su rechazo frontal a negociar el polémico fondo público de pensiones que pretende configurar el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras haber presentado un primer borrador en el marco de la mesa de diálogo de las pensiones.
La discrepancia se ha evidenciado a lo largo de la jornada inaugural del 12º Congreso Confederal de CCOO, celebrado en Madrid, en el que los sindicatos han cargado contra la propuesta de Escrivá y han mostrado su rechazo a negociar la iniciativa del ministro.
Aunque Escrivá no ha intervenido en el acto como tal, sí ha defendido el macrofondo de pensiones de promoción pública en declaraciones a los medios en el marco del Congreso de CCOO, al asegurar que el Gobierno cumple una recomendación del Pacto de Toledo.
En este sentido, ha explicado que en España están «muy poco desarrollados» los planes de empleo que emergen de la negociación colectiva y es un ámbito en el que considera que hay que ponerse de acuerdo porque «es muy importante que el segundo pilar del sistema de pensiones se desarrolle en España en línea con otros países del entorno».
Álvarez (UGT): «Queremos un sistema suficiente público»
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vuelto a dejar claro durante su intervención en el Congreso Confederal de CCOO, que el futuro fondo público de pensiones no será objeto de negociación en el marco de renovación del Pacto de Toledo.
Álvarez ha realizado esta advertencia y ha pedido «no confundir al personal» al respecto en presencia de Escrivá, que se encontraba entre los asistentes acompañado de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En este sentido, ha sido contundente al avisar de que no se negociará «un sistema de pensiones de gestión pública, pero un sistema privado» en el marco de la renovación del Pacto de Toledo, y en su lugar ha exigido «un sistema suficiente de pensiones público».
El líder sindical ha apelado a la «unidad sindical» para trabajar «posiciones comunes», y ha vuelto a exigir la derogación de las reformas laborales para atajar la precariedad y la temporalidad, así como revisar las sanciones y reforzar los servicios de inspección.
Propuesta «inminente» del mecanismo de ajuste de las pensiones
Por su parte, Escrivá también ha avanzado que presentará «de forma inminente» a los agentes sociales una propuesta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional, con el que se sustituirá al llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que fijaba un ajuste de las pensiones conforme a la esperanza de vida y que ha sido eliminado con la aprobación de la primera parte de la reforma laboral.
Conforme a lo acordado en la primera parte de la reforma de pensiones, el Gobierno dispone hasta el 15 de noviembre para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de la primera parte de la reforma.
Los sindicatos buscan que se logre un consenso sobre este punto con carácter previo a empezar a abordar la segunda parte de la reforma de pensiones comprometida por el Gobierno con Bruselas.
Aunque no se conocen detalles por parte del Gobierno, fuentes del diálogo social y gubernamentales señalan que se han intercambiado ya algunos documentos en el contexto del diálogo fluido constante y se ha deslizado la posibilidad de que podrían contemplarse parámetros como el del PIB o la inmigración, aunque desde el Ministerio señalan que “no hay nada definido”.
Por ahora Escrivá solo ha explicado que será “contingente y secundario”, por lo que solo implicará recorte de las pensiones si dentro de unos años “pasara algo”, a modo de mecanismo de “ajuste final” para asegurar la sostenibilidad si es preciso cuadrar las cuentas af uturo.
