Escrivá apremia a cerrar la reforma de pensiones para llevarla en julio al Congreso

Tras las discrepancias y los cruces de críticas entre la patronal y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el ministro José Luis Escrivá y los agentes sociales ultiman una de las reformas estructurales más importantes, la referida al sistema público de pensiones.

Escrivá ya avanzó la semana pasada que se habría logrado un acuerdo político y el diálogo social abordaba ya el texto legislativo, si bien patronal y sindicatos negaron que se haya cerrado un acuerdo y apuntaron que todavía quedaban flecos importantes por dialogar y consensuar para terminar de cerrarlo.

Así las cosas, Escrivá ha confirmado que la primera fase de la reforma de las pensiones no irá al Consejo de Ministros de este martes, como era previsible, si bien ha azuzado para agilizar su consenso, ya que la norma se tramitará como ley y no como real decreto ley, por lo que requerirá de una serie de trámites antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. 

En este sentido, en una entrevista en RNE, recogida por Economía Digital, ha recordado que se lleva negociando con los agentes sociales dicha reforma desde el pasado mes de noviembre, por lo que tras seis meses de interacciones entre las partes los agentes sociales son “perfectamente conscientes de que el compromiso con Europa en el componente 30 del Plan de Recuperación es que la reforma “esté cerrada y en el BOE este año”, pero los plazos van «muy justos».

Por ello, ha remarcado que tras pasar los trámites como el de la audiencia pública para el mes de julio tendría que estar enviado el proyecto de ley al Congreso, de forma que podría tener que declararse hábil ese mes en la Cámara Alta o producirse una tramitación ‘exprés’ en el otoño. 

Poder adquisitivo garantizado, fin a la ‘paguilla’ e incentivos a jubilación demorada

Este primer paquete de la reforma de pensiones incluirá la revalorización conforme al IPC del año anterior para garantizar el poder adquisitivo, ya que aunque se “decala” un año la revalorización, pasado un tiempo es “perfecta” y “completamente garantizada”. 

Además, se derogará el índice de revalorización de las pensiones contemplado en la ley de 2012 que aseguraba una subida del 0,25% al año y que habría supuesto una pérdida del poder adquisitivo del 30% en las próximas décadas, según estimaciones citadas por Escrivá. 

De esta forma, desaparecerá al no ser necesaria la llamada ‘paguilla’ que ha tenido que aprobar el Gobierno los dos últimos años para igualar su estimación de IPC con la subida de los precios finalmente registrada, con el fin de asegurar el poder adquisitivo.  El ministro ha recordado que hay un consenso de todos los grupos en derogar el IRP, que solo se llegó a aplicar un par de años, ya que a posteriori se ha ido suspendiendo ‘ad hoc’ la ley en los Presupuestos y se ha ido fijando una revalorización específica. 

El primer paquete de la reforma de pensiones también incluirá incentivos para demorar la jubilación, algo que Escrivá insiste en que no agrava el paro juvenil ya que las personas de entre 55 y 70 años por su trayectoria “no pueden ser sustituidas por personas que entran en el mercado laboral”, sino que se trata de “complementariedad”. 

No incluirá la derogación del factor de sostenibilidad

En esta línea, ha rechazado la cultura instalada en España de sacar del mercado laboral a la gente “relativamente temprana”, y ha defendido la jubilación demorada porque “cuando una persona es realmente plena es estando activa”. “Hay que generar mecanismos para que las personas se mantengan activas siempre que lo deseen y se den las condiciones por un periodo relativamente largo”, ha añadido, si bien ha aclarado que se alargará la edad legal de jubilación que quedará fijada en 67 años desde 2027.

Ya en un segundo paquete de la reforma se incluirá la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que supone el ajuste a la baja de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida prevista. si bien por ahora no se ha pergeñado del todo el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional como para poder presentarlo a los agentes sociales.

El ministro ha sostenido que el compromiso del Ejecutivo es derogar en un plazo fijo este factor factor «sí o sí» pero «cuando ocurra esto es otra cosa distinta«. En todo caso, ha recordado que el factor de sostenibilidad no entraría en vigor hasta 2023 y sin embargo se va a derogar «mucho antes», pero ha remarcado la importancia de «hacer las cosas a su tiempo». «Es en el segundo paquete, en el cual, acompañado de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, cuando se deroga formalmente la ley», ha precisado.

La derogación del factor de sostenibilidad es precisamente una de las exigencias de los sindicatos que consideran que para derogar la reforma de pensiones de 2013 es imprescindible acabar con este factor. De hecho, es uno de los principales escollos que podrían hacer peligrar o demorar aún más la rúbrica del acuerdo.

Tampoco incluirá el primer paquete de la reforma el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, sobre el que Escrivá ha asegurado que el Gobierno no ha planteado una propuesta concreta, sino que ha intercambiado «borradores y documentos».

Uno de estos borradores incluía una propuesta de un sistema de cuotas progresivo a implantar en 9 años con cuotas de entre 90 y 1.220 euros al término del periodo, si bien este nuevo sistema «se dejará para el final» y se centrará en definir cuántos tramos son y cómo se distribuyen por arriba y por abajo

Más de 200.000 nuevos cotizantes en mayo

Por otra parte, Escrivá ha avanzado que se superarán «con toda seguridad» los 200.000 nuevos cotizantes en el mes de mayo, que con los ajustes estacionales arrojará un repunte neto de 50.000 afiliados medios nuevos a la Seguridad Social, a lo que se suma que en mayo saldrán también 100.000 trabajadores de los ERTE, dejando la cifra en algo menos de 550.000 empleados bajo este mecanismo.

Esto se debe a que mayo es un mes «tradicionalmente bueno» para la afiliación gracias a las contrataciones previas a la campaña de verano, que se están produciendo este año frente al mes de mayo de 2020, marcado por las restricciones.

Según Escrivá, cerca de un millón de trabajadores se han reincorporado a la actividad desde que comenzó el año, ya que a los 450.000 que han salido de un ERTE se suman los 550.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.