Escrivá aplaza el fondo público de pensiones pese a las presiones de Moncloa
Fuentes del diálogo social señalan que la banca también estaría presionando para aprobar ya el fondo público de pensiones pero los agentes sociales han frenado su aprobación al pedir aclaraciones ante un texto aún "farragoso"
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, participa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa. EFE/Zipi
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José luis Escrivá ha dado margen al diálogo social y finalmente se ha pospuesto la aprobación, segunda lectura, de la ley del fondo público de pensiones, ante las reticencias de patronal y sindicatos y pese a las presiones recibidas por Moncloa a instancias de la banca.
Así lo aseguran distintas fuentes del diálogo social y gubernamentales, que explican que los agentes sociales se resisten a las prisas del Gobierno con el fondo público de pensiones y han conseguido retrasar su aprobación, al menos, una semana para estudiar el último texto del Ministerio, que contiene las alegaciones presentadas por los empresarios y los sindicatos.
«El Ministerio lo quería aprobar este martes ante las presiones recibidas por Moncloa y la banca pero finalmente vamos a tener más margen para poder hablar del tema, ya que no está maduro del todo», señalan a Economía Digital en fuentes del diálogo social.
No obstante, desde el Ministerio de la Seguridad Social precisan que en ningún momento desde el departamento de José Luis Escrivá se había confirmado su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, pese a las informaciones que apuntaban a ello, aunque mantienen, en cualquier caso, que la norma verá la luz «pronto».
Supuestas presiones de Moncloa y el sector bancario
Con todo, el Ministerio de la Seguridad Social había trasladado en la mesa de diálogo social la premura de aprobar a la mayor brevedad posible este fondo público de pensiones dirigido a los trabajadores asalariados y autónomos para ofrecer una opción de ahorro complementaria a las pensione con condiciones ventajosas para impulsar los planes de empresas, en vez de los individuales.
«Les están presionando», sostienen fuentes de la negociación, que apuntan directamente a Moncloa y a las interferencias del sector bancario y asegurador, aunque desde el Gobierno niegan la mayor, pese a admitir contactos «normales» de algunas entidades en torno a este asunto con el departamento de Asuntos Económicos y el de la Seguridad Social.
En el sector financiero quieren conocer al detalle los pormenores del nuevo instrumento, a pesar de que bancos, aseguradoras y gestoras privadas se han mostrado críticos con el nuevo vehículo, que estará pilotado por una comisión de representación de un total de cinco ministerios: Seguridad Social, Asuntos Económicos, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.
Fuentes financieras confirman el interés del sector financiero, asegurador y de las grandes gestoras de inversión por estos planes diseñados y promocionados por la Administración, ya que serán licitados para su gestión y depósito entre las entidades privadas que se presenten al concurso correspondiente conforme a lo establecido en la ley de contratos del sector público.
En estos meses la presidenta de la patronal de las aseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, se ha mostrado crítica con la iniciativa ante sus «claros errores de diseño» al conllevar la «desaparición forzosa del ahorro individual», algo que no ven nada bien en el sector privado. En España los planes privados colectivos complementan pensiones en apenas algo más del 10% de la población activa ocupada, frente al rango del 25% al 90% que se registra en el resto de Europa,
También la patronal de los fondos de inversión (Inverco), que representa a las gestoras de inversión colectiva, como fondos, planes de pensiones o las ‘sicav’, se ha mostrado abiertamente crítica con la medida por la falta de debate y al pretender el Gobierno primar el segundo pilar del sistema de pensiones, referido a los planes de empleo, en detrimento del tercero (planes individuales), según ha señalado en varias ocasiones su presidente, Ángel Martínez-Aldama.
Después de que la AIReF criticase los beneficios fiscales en los planes de pensiones individuales al sostener que beneficiaban sobre todo a las rentas más altas, argumento cogido ahora por el expresidente de la Autoridad Fiscal y actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno rebajó el año pasado de los 8.000 euros anuales a los 2.000 la aportación máxima a los planes de pensiones individuales, al que se añadiría el máximo de 8.000 euros en el plan de empresa, con un total de 10.000 euros.
Para este año los Presupuestos se reduce en 500 euros la aportación al plan de pensiones individual, hasta los 1.500 euros, pero se eleva en 500 la de los planes colectivo o de empresa, mateniéndose el límite conjunto en los 10.000 euros.
Nuevo texto «farragoso» con alegaciones de patronal y sindicatos
Tanto desde la patronal como desde los sindicatos celebran que el Ministerio se haya transigido finalmente para otorgar más margen de negociación sobre el ‘macrofondo’ público, facilitando más tiempo para estudiar el texto remitido por el Ministerio en el que se incluyen las alegaciones presentadas por los agentes sociales.
Con todo, las mismas fuentes tildan de «farragoso» el último texto presentado por el Ministerio y lamentan el «poco tiempo» dado para su estudio, viendo necesario más margen temporal de negociación.
El Ejecutivo dio luz verde el pasado mes de noviembre al anteproyecto de ley para la creación del primer fondo público de pensiones, que estará en vigor antes de junio de 2022, como primer paso para el despliegue normativo que quiere acometer el Gobierno con el fin de extender en España los planes de pensiones promovidos por las empresas, frente a los individuales.
A grandes rasgos, la nueva ley recoge comisiones más bajas e incentivos fiscales con el fin de extender los planes de pensiones de empresas en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial. Como novedad fiscal establece una deducción anual de 5.750 euros en 2022 para el colectivo de autónomos entre la suma de deducciones de planes de empleo e individuales, frente a los 2.000 euros actuales.
Una vez acordado en convenio en la negociación colectiva como punto de partida, el Estado diseñará el plan de empleo sectorial al que las empresas solo tienen que adscribirse para ahorrar burocracia, de forma que las empresas no tendrán que hacer nada para poner en marcha el plan los planes colectivos.
Novedades y alegaciones al texto
Entre las principales novedades del último texto remitido por el Ministerio, al que ha tenido acceso Economía Digital, se establece que «las prestaciones de los planes de empleo simplificados se percibirán en forma de renta, salvo que, por circunstancias excepcionales y en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, puedan percibirse en forma de capital», de forma que los trabajadores sólo podrán cobrar como renta los planes de pensiones publicitados por el Gobierno.
Los agentes sociales piden aclarar cuáles son las ventajas del macrofondo público de pensiones respecto al de los planes creados por las empresas u organizaciones si en el borrador del texto se deja claro que la promoción de los fondos de pensiones de empleo por parte del Ministerio «no supondrá en ningún caso garantía de la preservación del valor de las aportaciones o contribuciones efectuadas al plan de pensiones ni de la rentabilidad asignada a dichas aportaciones y contribuciones».
Los ahorros serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública. Aunque los agentes sociales critican que el Estado no se haga responsable del resultado final de las inversiones en estos planes y se desentienda en caso de necesidad de un eventual rescate, a su vez ven un excesivo control público ante el sistema de control creado por el gobierno con la Comisión Promotora. y de Seguimiento.
No obstante, el Ministerio ha realizado un gesto al plantear que la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de promoción pública cuente con mayor disparidad en su composición, con un total de 11 miembros: tres propuestos por los sindicatos, otros tres por la patronal y cinco por el Ministerio de Hacienda. El planteamiento inicial era que la Comisíon de control Especial estuviese formada por 17 miembros designados por la Comisión Promotora y de Seguimiento, de los que cuatro serían a propuesta de los sindicatos más representativos, otros cuatro por las patronales y nueve por el Ministerio.
En cuanto a los criterios con los que se llevarán a cabo las inversiones del dinero depositado en los fondos, se marca que deben ser socialmente responsable y estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los principio medioambientales y sociales europeos.
