ERC y PNV maniobran para retrasar el ‘impuesto verde’ a petroleras y gasistas

El Gobierno ha sacado del congelador parlamentario el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), y durante estos días se discute su aprobación en la Comisión de Transición Ecológica. La fecha clave es el próximo martes 28 de junio, donde se votará el informe para su remisión al Senado y que, una vez allí, se apruebe definitivamente para su entrada en vigor inmediata. Aunque sobre este punto, diversos partidos, incluidos socios del Ejecutivo como ERC y PNV han presentado enmiendas transaccionales para que su puesta en marcha se aleje en el tiempo. 

Como sucede desde hace tiempo, la relación entre el Gobierno y sus socios catalanes y vascos es compleja y llena de matices. Pese a que el fondo saldrá adelante gracias a la mayoría holgada de apoyos con los que cuenta el PSOE, desde ERC y PNV quieren hacer constar que quizá ahora no es el momento de su aplicación, como también reflejan desde el grupo parlamentario de Ciudadanos. El partido naranja, que difiende la transición ecológica que sostiene el propio Gobierno, recone a Economía Digital que quizá no es el momento apropiado para la aprobación del Fondo.

De esta manera, deberán decidir si dar luz verde al informe con esas enmiendas en esa última sesión, para ver si finalmente llega así al Senado. Dichas enmiendas, sobre todo las que hacen referencia a marcos temporales de aplicación, piden que la aplicación del Fondo sea progresiva, y que así no impacte de manera inmediata en los usuarios de gas y combustible. 

Por lo que respecta al resultado final, fuentes conocedoras de la situación explican a Economía Digital que el Fondo saldrá adelante, básicamente porque el PSOE ha tenido una actitud poco dialogante y ha exprimido al máximo la mayoría con sus socios. Lo curioso, en este caso, es que sus socios -catalanes y vascos- pese a no estar de acuerdo en la aplicación inmediata de la medida, lo más probable es que voten ‘sí’ a la aplicación del ‘impuesto verde’.

Cabe recordar que el Fondo de Sostenibilidad fue promovido por el Gobierno a finales de 2020. El objetivo, explicado de manera simplificada, es reducir el precio de la factura eléctrica gracias a la eliminación del recargo que supone financiar las tecnologías Recore (renovables, cogeneración y residuos). Hasta ahí, todo perfecto -sobre todo para los clientes eléctricos que pagarán menos-.  

La explicación oficial por parte del Gobierno sobre quiénes afrontarían el agujero creado era que serían «los comercializadores de todos los sectores energéticos -al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales-, que aportarán al fondo en función de sus ventas». Pero la explicación, también de manera simplificada, es que a pagarán los usuarios de combustibles, los clientes de gas, y quienes usan está tecnología de manera masiva como empresas e industrias. Esto es así porque empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy revertirán el coste del fondo a sus clientes. 

Tras una fuerte contestación empresarial, y con la suma de las tensiones geopolíticas que han tensionados los mercados, el Gobierno decidió poner en el congelador parlamentario la medida. Y justo ahora, cuando España sufre unos precios históricos de combustibles, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido recuperar el Fondo. El objetivo: rebajar la factura de la luz. 

Un problema mayor 

El impacto de la activación del Fondo de Sostenibilidad está perfectamente medido por el Gobierno. Sabe que retirar la subvención a las Recore bajará el precio de la luz, puesto que son recargos regulados sobre la factura; pero al mismo tiempo subirá el precio de la gasolina, así como el gas. Lo que implicará mayores costes para quienes usan esta tecnología como herramienta energética. 

Entre los afectados directos están los usuarios intensivos de gas, sobre todo en la denominada España vaciada, donde gran parte de la maquinaria agrícola necesita abundante combustible. O muchos de los sistemas de calefacción también funcionan con gas. Todos esos usuarios serán quienes en mayor proporción se hagan cargo del coste. 

¿Puede existir una vía legal? 

Con la foto fija, actualmente existente basada en los volúmenes de venta, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, con el 43% (unos 3.000 millones de euros); seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros). No obstante, fuentes del Ministerio subrayan que no se debe hacer un análisis en foto fija, ya que lo que se busca es «dar señales y los sectores van a responder a señales». 

Las mismas fuentes dieron «por descontada» una potencial litigiosidad por parte de las empresas al fondo, como ocurre en el sector con gran parte de sus cambios regulatorios, aunque consideraron que esta normativa es jurídicamente «muy sólida». 

En este sentido, dejaron claro que se trata de una prestación no tributaria, «por lo que no se trata de una medida fiscal» y añadieron que en el caso de los mercados que están regulados, como por ejemplo el PVPC (tarifa regulada) en la electricidad, será necesario llevar a cabo «una adaptación» en sus precios para incorporar este coste. 

Asimismo, se nutrirá de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No obstante, para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema. 

Entre estas exenciones figuran el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para cogeneración y generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural. 

En las bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores figuran el gasóleo de usos profesionales y la industria electrointensiva o la consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de ‘fuga de carbono’.