ERC boicotea el fondo público de pensiones de Escrivá y compromete los plazos con Bruselas

ERC pasa a la acción contra el Gobierno. La formación catalana está torpedeando la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, el denominado fondo público de pensiones del Ejecutivo, al rechazar de facto su contenido y tratar de postergar la tramitación de una iniciativa «verde», lo que podría poner en riesgo los plazos acordados con Bruselas.

Lo cierto es que el publicitado fondo público de pensiones del ministro Escrivá encontró reticencias desde el principio por parte de los agentes sociales y también por buena parte de los grupos parlamentarios durante su tramitación en la Cámara Baja. El plazo acordado con Bruselas vence el próximo 30 de junio y el panorama se complica para el Gobierno ante el torpedeo de ERC a la norma.

Los republicanos catalanes han decidido empezar a maniobrar contra el Ejecutivo ante su hartazgo y la tensa relación de las últimas semanas tras las discrepancias por la reforma laboral, el caso ‘Pegasus’, la mesa de diálogo o la «dictadura» legislativa del Ejecutivo al imposibilitar en la práctica el parlamentarismo en las leyes por el elevado número de reales decretos y proyectos sin margen de mejora, según señalan a Economía Digital en fuentes de la formación.

En este sentido, ERC imposibilitó ayer en la Mesa de la Comisión del Congreso que aborda el proyecto de ley del fondo público de pensiones que la iniciativa vaya la semana que viene a Comisión para a continuación llegar la semana siguiente al Pleno y posteriormente al Senado, en aras de cumplir los plazos comprometidos con Bruselas.

Desde la formación avanzan a Economía Digital que tratarán de boicotear estos plazos previstos por el Gobierno de nuevo este jueves al ver «muy verde» aún el proyecto y aducir un sinfín de argumentos para su rechazo, lo que podría comprometer los plazos acordados con la UE.

El tiempo apremia y el primer trámite en el Congreso de la ley que conllevará la creación del ‘macrofondo’ público de pensiones ya naufragó en partes el martes debido a que los grupos parlamentarios no cerraron un informe de la Ponencia, cuyo texto fue estudiado a puerta cerrada. La tramitación debería continuar la semana que viene en la Comisión, en la que se abordarán las enmiendas vivas y se votará la norma para su posterior remisión al Pleno del Congreso previsiblemente a mediados de junio, y a continuación al Senado para volver a regresar a la Cámara Baja si no hay cambios para su aprobación definitiva.

No rotundo de ERC a los planes de empresa

Fuentes de ERC desdeñan la iniciativa por tratarse de «una ley de derechas» que «no se puede aceptar de ninguna manera» al considerar que los ciudadanos tienen derecho a hacer planes de pensiones privados o de empresa pero no compartir que tenga que haber desgravaciones fiscales ni a la Seguridad Social, ya que ello «perjudica al resto de trabajadores que quizás les hace más falta».

Asimismo, los republicanos catalanes arguyen que hay que priorizar el primer pilar (sistema público de pensiones) y que estos planes de empresas «no son una demanda social», toda vez que la formación pidiese en el Pacto de Toledo la supresión de este punto. También justifican su torpedeo a la tramitación de la ley por una cuestión formal al estar «cansados» de que el Gobierno legisle vía real decreto ley o con leyes sin margen para su trámite parlamentario o con veto a los cambios, como sucedió con la reforma laboral.

Otro de los argumentos esgrimidos por ERC es que se rompe la unidad de clase, ya que el dinero que se desgrava deja de ir a la caja única cuando serviría para mejorar la situación de otros ciudadanos que les hace «más falta» en el sistema solidario y de reparto en vigor. «Hay millones de argumentos para ir en contra», enfatizan.

También recalcan su ‘no’ a la ley al no quedar claro numerosos puntos, como quién asumiría el coste si dicho fondo quebrase, ni aclararse en qué tipo de empresas se puede invertir dicho fondo. Por todo ello, tratarán de postergar su aprobación en la Cámara Baja.

Escrivá ofrecerá nuevos incentivos para sumar apoyos

Así las cosas, el Gobierno asume ya una negociación ‘in extremis’ con nuevas concesiones a los grupos parlamentarios a modo de más incentivos fiscales ante el ‘no’ que mantienen su socios parlamentarios, como ERC o Bildu, y la negativa del PP si no acepta su enmienda para fijar un periodo transitorio a estos nuevos planes de pensiones de empresa.

Fuentes gubernamentales admiten a Economía Digital que temen una votación ajusta cuando se produzca en el Congreso a mediados de junio, pero confirman que se negociará con todos los grupos para tratar de salvar la Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo.

«Los grupos están trabajando en ello y queremos terminar pronto, siempre tratamos de buscar consensos y estamos todo el Gobierno en ello», explican desde el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones a este medio.

El propio ministro José Luis Escrivá ha admitido que se puede ir «un poco más allá» en materia de incentivos, y es que tal y como adelantó Economía Digital en febrero el Gobierno prepara incentivos fiscales en los planes de pensiones para lograr los apoyos suficientes a la ley, si bien rebajó expectativas al dejar claro que tal y como está redactada actualmente la ley ya se recogen «incentivos muy grandes para las empresas».

Con todo, el Gobierno va a seguir negociando con los grupos para tratar de sumar algunos apoyos entre sus socios habituales, ya que ERC, Bildu, Más País, la CUP o BNG siempre se han mostrado contrarios a este tipo de planes complementarios al creer solo en el primer pilar, al igual que Unidas Podemos, socio de coalición, que aún duda el sentido de su voto, según señalan desde la formación.

No obstante, la idea es poder convencer a varios de estos grupos para encajar la aritmética parlamentaria y que los números sumen para posibilitar la aprobación de una de las leyes comprometidas con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.

El PP pone como requisito consensuar un periodo transitorio

El Ministerio acordó el miércoles con Ciudadanos una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de hasta el 10% de la cuota íntegra de sus aportaciones a los planes de empleo de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos, y a partir de esa cifra una deducción proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de dicho límite.

El 10% en realidad era el nivel que reclamaba una de las enmiendas del PP, ya que Ciudadanos demandaba un 15%, pero, en cualquier caso, desde el PP desmienten cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno en torno a la ley. Y es que fuentes parlamentarias explican que marcan como requisito para cambiar el sentido de su voto negativo a la ley que el Gobierno acepte su enmienda.

Esta enmienda, a la que ha tenido acceso Economía Digital, introduce una modificación parcial de la Ley del IRPF para fijar un periodo transitorio durante los ejercicios 2022 a 2026 con el fin de que los trabajadores que no estén adscritos a un sistema de empleo puedan aplicar el incremento del límite de 8.500 euros establecidos para los sistemas de planes de pensiones empresariales mediante la realización de aportaciones a planes de pensiones individuales.

Eso sí, esta posibilidad se configuraría siempre y cuando los derechos consolidados correspondientes a tales aportaciones se movilicen a un sistema de empleo en el plazo de seis meses desde que el trabajador quede adscrito a dicho sistema de empleo. También se aplicaría este régimen transitorio a los autónomos, asociaciones profesionales de empleados públicos y a los trabajadores de sociedades cooperativas y laborales, mientras no existan un mínimo de dos planes.

Fuentes parlamentarias explican a Economía Digital que en el PP estarían dispuestos a negociar y reducir los años del periodo transitorio y el límite de 8.500 euros de su enmienda, pero marcan este requisito al ver necesario que haya más incentivos para que las empresas puedan destinar una parte del aumento salarial vía planes de empresa. Para que los agentes sociales se sienten en la mesa de negociación colectivo defienden este periodo transitorio que permita tener capacidad de ahorro y se pueda transferir al plan de empresa o con incentivos fiscales.

El objetivo del fondo público de pensiones que impulsa el Gobierno es que 16 millones de trabajadores cuentan con planes de empresa antes de 2031 y el 80% de la población activa este adscrito a alguno de ellos en 2050, frente al 10% que existe en la actualidad. El proyecto del Gobierno busca alcanzar a colectivos que hasta ahora no han tenido acceso a este tipo de mecanismos, como los trabajadores de las pymes, los autónomos y los empleados públicos de entidades pequeñas o medianas.

El precedente del sector de la construcción: CEOE y Unespa recelan de la ley

Desde el Gobierno subrayan que hay «mucho interés» por aplicar «lo antes posible» la nueva norma y recalcan como ejemplo que servirá de referente para el resto de sectores la firma del VII Convenio General del Sector de la Construcción entre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos, en el que se impulsa la creación del primer plan de pensiones colectivo sectorial, siempre y cuando el Gobierno acaba aprobando los incentivos en su nueva ley.

La mejora de carácter social incorporada pasa porque las empresas realicen aportaciones a este plan de pensiones sectorial como complemento al sistema público de pensiones, sentando un precedente entre los grandes sectores de la economía española.

Por su parte, desde CEOE valoran la reducción de cotizaciones y los incentivos fiscales que se barajan porque «suena bien» respecto a los postulados tradicionales de la patronal, si bien se muestran cautos y optan por esperar a conocer el resultado final.

En la patronal de seguros (Unespa) se muestran críticos con la ley por apostar por el ahorro colectivo en las empresas retirando el apoyo a los fondos de pensiones privados. También ven falta de incentivos y que se fíe todo al ahorro en el ámbito empresarial cuando a la vez se eles exigirá un incremento de cotizaciones para el mecanismo de equidad intergeneracional.