Energía, banca… y ahora distribución: cruzada del Gobierno contra el 10% del PIB
Santander, Caixabank, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Mercadona... El Ejecutivo echa cuentas a base de impuestos e intervenciones en sectores que aportan más de 100.000 millones a la economía
Es extraño que las grandes empresas de este país no hayan incluido todavía como disclaimer en sus folletos para inversores: «Cuidado, tenemos que advertir de que en España hay un Gobierno que va a por nosotros«. En los últimos meses, el presidente Pedro Sánchez ha decidido hacer de su política económica una bandera nacional (e internacional) a base de figuras fiscales contra las empresas más mediatizadas en la crisis económica. A ello se han sumado las ministras de Unidas Podemos Yolanda Díaz y Ione Belarra, que compiten electoralmente, tanto contra el líder socialista como entre ellas, para ver quién propone la medida más progresista.
Labor de zapa de Podemos con Mercadona
Después de los polémicos impuestos sobre los ingresos de los bancos y empresas energéticas españolas, Belarra ha anunciado su intención de promover la intervención de los precios en la distribución alimentaria para forzar una bajada del IPC, y ha llamado «capitalismo despiadado« al modelo de Mercadona, propiedad de Juan Roig, y Carrefour, entre otros. A pesar de que tanto el PSOE como el Gobierno deslegitimaran estas críticas, en el Ejecutivo de coalición se da por hecho que Sánchez terminará tomando alguna medida al respecto, como ha pedido también Yolanda Díaz.
Así, la gran distribución alimentaria se suma a los objetivos empresariales de la cruzada que el Gobierno ha lanzado ya contra las principales empresas del ámbito de la energía y de la banca. Según cálculos de ECONOMÍA DIGITAL, estos tres sectores aportan más de 100.000 millones a la creación de riqueza en España, lo que equivale a aproximadamente al 10% del PIB español.
A pesar de lo que pueda parecer, la distribución alimentaria es el sector de los tres que más aporta en España al Valor Añadido Bruto (VAB, una medición de la producción económica similar al PIB que excluye algunas figuras como los impuestos). Según datos del Observatorio Cajamar elaborados por el IVIE, la comercialización de productos agroalimentarios en supermercados aportó en 2021 al VAB 40.834 millones de euros, equivalente al 3,9% del VAB nacional.
El sector energético aporta a la creación de riqueza otros 31.198 millones de euros. Esta cifra que se extrae de la aportación al VAB en 2021 del «Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado«, que corresponde precisamente con la distribución energética en España a hogares, industria y servicios, según la clasificación que elabora el INE de las cuentas económicas. La subida de los precios en este capítulo por el alza de la energía ha hecho al Gobierno gravar con un impuesto a las grandes distribuidoras eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol.
De Santander a Sabadell: la aportación de la banca
La banca, por su parte, aporta al VAB 32.808 millones de euros (en este caso, los datos del INE no están actualizados y corresponden a 2020). Se trata del epígrafe «Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones«, cuya actividad ha sido gravada también con un impuesto que la banca tiene pensado recurrir. Sus principales objetivos son Banco Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, todas incorporadas en el IBEX 35, aunque también se hará extensible a otras entidades financieras.
La suma de estos tres capítulos asciende a 104.840 millones de euros. Esto es, no lo que facturan o ingresan las empresas de estos sectores, sino lo que aportan anualmente a la creación de riqueza del conjunto del país. Este dato es el 9,6% del VAB español en 2021, algo menos, el 8,6% si se toma como referencia el PIB nacional en ese año.
El peso de la distribución
Incluso en la nomenclatura de Podemos parece excesivo tratar a la gran distribución como capitalismo despiadado. Según los últimos datos recopilados por el portal especializado Alimarket, las cadenas de supermercados aportan al tejido laboral 390.000 empleos directos, que suma 1,7 millones más en empleos indirectos. La intervención del precio de los alimentos, como insiste Podemos, no cuenta naturalmente con el apoyo del sector.
