Endesa e Iberdrola, las más castigadas por el Gobierno: perderán 2.000 millones
El Ejecutivo pretende recaudar 2.600 millones de las eléctricas con su plan de choque para frenar la subida de la luz. El 80% de ese dinero procederá de Endesa e Iberdrola
El plan de choque aprobado por el Gobierno para reducir el precio de la luz incluye la obligación a las compañías eléctricas de devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.
Esta medida afectará, sobre todo, a Endesa e Iberdrola, que se llevarán el mayor castigo en sus arcas. Según han avanzado a la agencia Efe fuentes del sector, las dos compañías deberán aportar el 80% del total que prevé recaudar el Gobierno, unos 2.000 millones de euros, una cifra que han ambas compañías ya han anunciado que es «algo que en realidad no han ingresado».
Esto sucede porque la energía que suelen vender a un año vista, se vendió en su momento por un tercio de los precios que está alcanzando el mercado mayorista o ‘pool’ actualmente.
En este sentido, las productoras de energía vendieron la energía a un precio aproximado de entre 50 y 60 euros el megavatio hora (MWh) , mientras que el mercado regulado o PVPC, pese a sus constantes fluctuaciones, ya ha superado la media de 180 euros MWh en varias ocasiones.
Según las fuentes consultadas por Efe, tanto Endesa como Iberdrola tienen generadoras y comercializadoras pero, a pesar de ello, tienen que acudir al mercado diario para poder satisfacer la demanda de todos sus clientes.
«El real decreto ley impone una obligación de pago por unos ingresos que no se han obtenido, el gran problema es que busca un dinero que no existe y que se lo quiere cobrar a unas empresas que no lo han cobrado», afirman desde el sector, a la vez que añaden que el saldo semanal de este tipo de empresas con el operador del mercado OMIE siempre es «a pagar».
Duras críticas al Gobierno
Las mismas fuentes aseguran que la normativa sacada adelante por el Gobierno rompe las leyes del mercado, tanto españolas como europeas, por lo que la Comisión Europea espantará a los inversores, ya que «la tentación de sacarla (la ley que retiene beneficios) del cajón cada vez que suba el precio del gas estará ahí» y eso «condiciona todo el clima de inversión a futuro».
El Ministerio para la Transición Ecológica publicó una nota aclaratoria la semana pasada matizando que la retención de beneficios solo afectaría a los contratos a largo plazo que estén indexados al pool, salvo en el caso de las ventas de energía hechas entre compañías de un mismo grupo (desde la generadora a la comercialidazora), una medida con la que pretendía salvar a las renovables y compañías pequeñas.
No obstante, las fuentes contactadas por Efe aseguran que la nota no tiene validez legal. Por otro lado, al tener el paquete de medidas un rango de ley, solo lo pueden recurrir autonomías o grupos parlamentarios.