Empresarios y ecologistas se unen para boicotear la energía eólica en la región con más viento de Cataluña

Empresarios y establecimientos turísticos, responsables y entusiastas de los deportes náuticos, pescadores, grupos ecologistas, secciones locales de partidos políticos y unos 20 ayuntamientos. Aparentemente, forman un grupo variopinto con intereses y motivaciones hasta contrapuestas. Sin embargo, se han unido por un objetivo: oponerse y bloquear la construcción de un parque eólico marino en el golfo de Roses (Girona), la zona más ventosa de Cataluña.

Situado en la comarca del Alt Empordà, el territorio de la Costa Brava que hace frontera con Francia, es la única superficie de la costa catalana incluida en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) del Gobierno, que decretan qué espacio cumplen con los requisitos para instalar parques marinos. Por ahora, no hay ni rastro de molinos de viento en el horizonte de las costas de la comarca, así como en tierra, pese a ser conocida por su fuerte Tramuntana.

Cuando se hizo pública en 2021, la posible instalación de aerogeneradores en el mar levantó el rechazo casi inmediato de una parte del territorio, hasta que se formó la plataforma Stop Macro Parque Eólico Marino. Por ahora ya ha recibido el apoyo de una cuarentena entidades locales diferentes, como la Asociación de Empresarios Roses-Cap de Creus, la Asociación de hostelería de el Alt Empordà, la de Campings de Girona, tres clubs náuticos de la zona, los ecologistas de Iaeden-Salvem l’Empordà y SOS Costa Brava o la Cofradía de Pescadores de Roses.

Según declaran en su manifiesto, se oponen al proyecto y a “cualquier con las mismas características” por su “impacto muy negativo en el medio natural, marino, cultural, social y económico”. La entidad defiende que el parque comportaría “una gran afectación a las migraciones locales y estacionales de cetáceos y aves”, además de un “impacto sonoro y visual” que obligaría a los pescadores a “abandonar”. Para el sector turístico “estropeará su principal atractivo, el paisaje”.

Cuatro candidaturas

Ahora mismo, hay cuatro promotores interesados en alzar los molinos en la zona. El más conocido es el Parc Tramuntana, impulsado por BlueFloat Energy y SENER, que espera instalar molinos a 24 kilómetros de la costa para generar 1.000 MW en dos fases. Justamente, esta es la cantidad de electricidad que la Generalitat quiere producir a partir de eólica marina antes de 2030. Equivale al 50% de la demanda eléctrica de la provincia de Girona.

Los demás contendientes son la ingeniería vasca Saitec, con un proyecto de 50MW a 15 kilómetros del cabo de Creus, un tercero impulsado por Iberdrola y el último de ACS, la constructora de Florentino Pérez, ambos de 1.000 MW. Dado que tiene las competencias para actuar sobre territorio marino, corresponde al Ministerio de Transición Energética organizar una subasta para decidir quién desarrollará el parque.

Analizando el proyecto de BlueFloat Energy y SENER, se instalaría en una zona de veda, es decir, donde no se puede pescar, por lo que no debería de tener un grabe impacto en la movilidad de las embarcaciones. “Fomentará colonias de vida marina, porque los molinos actuaran como arrecifes artificiales. Es la experiencia en otras partes del mundo”, afirman desde la patronal catalana del sector EolicCat, sobre las cuestiones ecológicas.

En referencia al impacto visual, aseguran que las recreaciones hechas a ordenador por los promotores marcan que, a esa distancia, los molinos apenas se verían. Además, la asociación defiende que incluso podría ser una oportunidad para el turismo: “En Dinamarca hay barcos que acercan a los turistas a ver los molinos”.

Más allá de la eólica marina, hay seis propuestas que están siendo evaluadas por la Generalitat cara construir parques terrestres en el Alt Empordà, concentrados en los municipios de La Jonquera, Cantallops, Agullana, Capmany, Darnius y Biure. Por ahora, el único que ha sido aprobado es el Parque de la Galatea, impulsado por Enel Green Power España, la división de renovables de Endesa. Supondría una inversión de alrededor de 40 millones de euros en el territorio, tendría una potencia de 49 MW y contaría con 9 aerogeneradores.

La compañía prometió dejarlos fuera de los espacios naturales protegidos de la comarca, así como de los accesos para llegar a ellos. Aun así, el proyecto ya ha levantado el rechazo de la entidad ecologista Ieaden-Salvem l’Emprodà, que ha presentado un conjunto de alegaciones en contra de la instalación. Consideran que incumple el planeamiento urbanístico de La Jonquera y el Plan Territorial Parcial de las Comarcas Gerundenses, además de tratarse de una “fragmentación fraudulenta» de un parque más grande de 100 MW. De los cinco pendientes, dos proyectos más pertenecen a Endesa.

La última legislación aprobada por la Generalitat en esta materia obliga a las promotoras a permitir a la sociedad civil y a los ayuntamientos colaborar y aportar propuestas en sus planes. Aun así, mientras sigan los criterios marcados por la normativa, los parques eólicos tanto terrestres como marinos se acabarán instalando pese a la oposición territorial, según fuentes del sector. Los expertos apuntan a la necesidad de “explotar todo el recurso eólico” para avanzar en la transición energética “siempre cumpliendo la ley”.

Un déficit histórico

Si toda Cataluña cojea en el despliegue de las energías renovables, tanto en el Empordà como en el resto de Girona la problemática es aún mayor. De hecho, la provincia solo genera el 15% de la electricidad que consume. El motivo, el mismo que en toda la comunidad autónoma: una legislación restrictiva que bloqueo la adjudicación de proyectos.

Entre 2009 y 2019, el decreto que regulaba la instalación de energías renovables en Cataluña establecía un conjunto de zonas abiertas a concursos públicos para presentar proyectos. La Generalitat incluyó unos 200 MW en el Empordà, que también generó el rechazo de ayuntamientos y entidades locales. Tras intercambios de propuestas entre el territorio y la administración catalana, estos megavatios desaparecieron de los planes del Govern a causa de un incendio forestal que quemó 10.000 hectáreas en julio de 2012 en la región. Desde entonces, no se pudieron volver a tramitar proyectos hasta que se cambió de normativa en 2019.