Las eléctricas perderán 3.200 millones tras las medidas del Gobierno

Las compañías eléctricas que operan en España podrían llegar a perder hasta 3.200 millones de euros tras la implementación del paquete de medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la desorbitada subida del precio de la luz.

Así lo ha asegurado la agencia de calificación Standard and Poors (S&P) que ha calculado cómo afectarán las medidas entre los años 2021 y 2022, que implican la retención del 90% de los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ y la obligación de que las grandes compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, Naturgy y EDP, tengan que subastar una parte de su energía entre las empresas más pequeñas.

Además, en el informe que la agencia ha presentado este jueves, la agencia ha analizado que debido a esta retención, se podría poner en peligro la transición energética a la que las mismas empresas se habían comprometido hacia las energías renovables.

Y es que, según la entidad, las cuatro grandes eléctricas ya han vendido casi toda su energía producida para 2021 y 2022 y lo han hecho en base a unos precios más bajos a los actuales lo que implicaría, con las retenciones del Gobierno, una gran reducción de los beneficios que estas compañías obtienen.

Es esta pérdida de beneficios la que decantará la balanza en la eléctricas para que dejen de invertir en energías renovables contribuir a los objetivos de integración de renovables recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), uno de los más ambiciosos de Europa.

Añaden, en esta línea, que corre también peligro el cierre de las plantas nucleares en España, que está programado para que, de forma gradual, vayan cerrando todas las plantas entre los años 2027 y 2035. S&P considera, como consideraron las cuatro grandes compañías en su momento, que la producción nuclear dejaría de ser rentable antes de tiempo y que podrían unilateralmente adelantar su cierre, lo que podría encarecer el precio de la luz un 20% más.

De la misma manera, S&P vuelve a coincidir con Iberdrola, y es que la compañía que preside Ignacio Galán ha decidido esta semana paralizar los procesos de licitación de bienes asociados a nuevos proyectos relacionados con las energías renovables en España, una nueva medida de presión hacia el Ejecutivo al no recular tras las amenazas del repentino cierre de las plantas nucleares.

Standard and Poors también ha pronosticado que los precios del gas, cuya subida ha sido una de las principales causas del aumento del precio de la luz, se mantengan «relativamente volátiles» durante 2022 y que no será hasta 2023 que comiencen a regularse poco a poco.

Tirón de orejas a España

 La agencia de calificación de riesgo ha criticado este jueves que España sea el único país europeo que haya tomado este tipo de medidas interventivas hasta ahora, pese a ser el tercer país con la energía más cara de toda la UE a fecha de hoy, solo por detrás de Portugal e Italia.

No obstante, Portugal y España comparten mercado y es una anomalía que la luz sea hoy algo más cara en el país vecino, una anomalía, n0 obstante, que se corregirá de cara al próximo viernes, momento en el que España pasará, empatada con Portugal, a la segunda posición.

Hay que añadir, no obstante, que para mañana está programado un nuevo récord que encarecerá el precio de la luz hasta 26 euros de media el Mega Vatio hora (MWh), por lo que habrá que esperar para saber en qué posición entra el país en el el primer día de octubre.

Motivos políticos

La entidad ha asegurado que detrás de las medidas hay «motivos políticos» que cargan en las eléctricas la subida del precio de la luz cuando, en el caso de otros países como Francia, el Estado ha dotado a las familias con un bono energético de 100 euros para mitigar los efectos en las economías domésticas francesas. No obstante, prevén que se mantendrán activas solo hasta marzo de 2022.

También han criticado que la tarifa eléctrica en España esté indexada al precio diario de la electricidad en los mercados mayoristas a diferencia del resto de países europeos, lo que ha provocado la subida inmediata en el precio de los consumidores del mercado regulado (PVPC).