El tripartito quiso limitar el poder de los directivos de las cajas en 2006

La comisión de investigación sobre las cajas de ahorros en el Parlament ha buscado este lunes conocer las responsabilidades de los gobiernos tripartitos en la gestión de las cajas de ahorro. Bajo el mandato del conseller de Economia, Antoni Castells, se inició un proceso de fusión entre las cajas de ahorros catalanas, que acabó, ya con el nuevo gobierno de CiU, con su práctica desaparición.

El ex director general de Política Financiera del Govern, en el equipo del conseller Castells, Miquel Salazar, ha asegurado que en 2006, con la ley de cajas, se intentó un mayor control de los directores generales de las cajas, que, de hecho, son los responsables de la expansión de las entidades, que apostaron en casi su totalidad por facilitar los créditos y se volcaron en el sector inmobiliario.

Expansión inmobiliaria

Salazar, en todo caso, ha admitido que el intento fue “tímido”, que se quiso actuar con el mayor consenso, y que, se pudo ir más lejos. Pero no se fue. Salazar ha añadido, a preguntas de los distintos grupos parlamentarios, que “la norma era tímida”. En aquella ley se decidió alargar la vida de los consejeros de las cajas, y que los presidentes pudieran tener un sueldo. También se pedía, con la nueva legislación, “más requerimientos” a los gestores de las entidades. Pero todo eso no impidió que las cajas siguieran adelante con sus planes, centrados en el sector del “tocho”. 

Salazar ha respondido a las preguntas acompañado del equipo de Castells, Ferran Sicart y Jordi Pericàs. Los dos últimos fueron ex director de política financiera, y ex secretario de política financiera, respectivamente.

Responsabilidad del Banco de España

Pericàs, que se responsabilizó en el último tramo de la legislatura del tripartito de concretar las fusiones entre entidades, ha incidido en que el Govern sólo tenía competencias sobre los órganos de gobierno y la obra social. Es decir, el equipo económico del tripartito ha dejado en manos del Banco de España la máxima responsabilidad, en la tónica de otros gestores y responsables políticos que han pasado por la comisión del Parlament.

Tanto Salazar, como Sicart y Pericàs, han insistido en que el margen de maniobra fue pequeño, porque se iba siguiendo los planes que marcaba el Banco de España, con quien se estuvo siempre en contacto directo.

Pese a todo, los diputados de Ciutadans y de la CUP han dejado constancia que los máximos perjudicados en todo el proceso han sido los ciudadanos, que han visto como desaparecían las entidades en las que habían confiado sus ahorros, cajas de proximidad, que han acabado desapareciendo.