El “tope” eléctrico: retrato al fresco de un Gobierno sin luces

Las vicisitudes del llamado “tope eléctrico” trazan un retrato al fresco del Gobierno español. En cierto modo, es como si se hubiesen destilado los rasgos más característicos del Gobierno de coalición que inició su andadura a principios de 2020.  

Resumidamente (en las siguientes líneas se expondrá en más detalle) la secuencia ha sido la siguiente: ante un problema persistente, el Gobierno opta por la pasividad. Cuando, varios meses después, el enquistamiento erosiona la imagen del propio Gobierno, este reacciona, pero se guía en su respuesta por una profunda carga de prejuicios ideológicos, a la que a continuación suma la construcción de un “relato” de tintes presidencialistas. La respuesta en sí misma es siempre secundaria, rehén del relato que se pretende construir y de las soluciones apriorísticamente concebidas. Como consecuencia de ello, el resultado es completamente ineficaz para atajar el problema de fondo. Por el camino, se han tensionado costuras de todo tipo para obtener apenas un magro botín, que se podría haber logrado mucho antes y en mayor cuantía, de no haber optado por esa mezcla de ribetes ideológicos y bonapartistas, que es el sello de casi todas las medidas de este Gobierno.    

El precio mayorista eléctrico (solo uno de los componentes del coste de la electricidad que pagan los consumidores, pero el principal protagonista de esta historia), en niveles muy bajos durante la mayor parte de 2020 debido a la pandemia, empieza a repuntar a finales de ese año. En enero de 2021, coincidiendo con Filomena, roza los 100 euros/MWh, un nivel prácticamente desconocido hasta entonces. Durante los siguientes meses, lejos de amainar, el precio continúa una escalada constante. Pese a que algunos miembros del Gobierno muestran su incredulidad por el ruido ambiental, hay motivos que explican la mayor repercusión en nuestro país: el PVPC eléctrico (la tarifa regulada, en teoría la que debería proteger a los consumidores más vulnerables) traslada de forma automática las oscilaciones del precio mayorista. Es algo así como si cada día el precio de la barra de pan en la panadería oscilase entre 50 céntimos y 100 euros, según la cotización internacional del trigo. El propio Gobierno, en una desafortunada coincidencia, saca pecho al respecto: “Planchar de madrugada puede ahorrarle 38 euros al año”, titulaba El País el 25 de mayo de 2021, reproduciendo unos cálculos con los que Ministerio intentaba mostrar las bondades de la tarifa horaria. En casi todos nuestros países vecinos ocurre al contrario: las tarifas reguladas (el precio minorista) son estables, vinculándose a los contratos de futuro o mediante algún mecanismo que asegure oscilaciones mucho más suaves.  

A finales de junio (tras el resbalón del “planchado nocturno”), el descontento social empieza a hacer mella en el Gobierno. El precio de la electricidad es uno de los puntos ciegos de la coalición, especialmente en Podemos, que en el pasado criticó de forma virulenta incrementos de precios mucho más moderados. El Gobierno decide actuar por la vía rápida: baja el IVA de la electricidad del 21 al 10% (una medida que hasta entonces Hacienda consideraba contraria a las directivas europeas) y otros impuestos eléctricos. La respuesta, sin embargo, deja un runrún de descontento interno: ¿por qué bajar impuestos mientras las compañías eléctricas –murmuran algunos miembros del Gobierno- siguen acumulando beneficios históricos?  

Durante el verano, el precio de la electricidad continúa marcando récords. La vicepresidenta Ribera, más cómoda para hablar (en abstracto) de la transición energética, que (en concreto) del sector eléctrico, tiene un par de intervenciones desafortunadas, acusando de falta de “empatía social” a las empresas eléctricas. Su socio, Podemos, la acusa de inacción y registra su propia propuesta de ley para crear una empresa pública de energía. Ribera empieza notar la presión en sus carnes. En cierto modo acorralada, decide tirar por el camino de en medio: intervenir el mercado mayorista. 

¿Por qué el mercado mayorista es un camino inédito? Configurado a finales de los noventa, tras la liberalización del sector eléctrico, el mercado mayorista eléctrico tiene un funcionamiento parecido en la mayoría de países europeos, debido al marco común que fijan las directivas y reglamentos. Existe un cierto consenso sobre la necesidad, en el futuro, de ciertos ajustes, aunque no se ha formulado todavía ninguna propuesta sólida alternativa. Como ha dejado claro en un reciente informe ACER, la agencia de los reguladores europeos, el mercado mayorista eléctrico es, como diría Churchill, el peor sistema conocido, a excepción de todos los demás que se han inventado.  

Sin embargo, en España, desde hace años, un grupo de economistas próximos al PSOE con ascendencia sobre la vicepresidenta Ribera, reunidos en torno al grupo “Economistas frente a la crisis”, han convertido al mercado mayorista eléctrico en su caballo de batalla. Aunque el economista francés Léon Walras formulase sus bases hace ciento cincuenta años, algunos descubrieron el marginalismo al acercarse al sector eléctrico. Esta posición, que culpa de todos los males del sector eléctrico al diseño marginal del mercado mayorista, pese a ser minoritaria entre académicos y reguladores, ha conseguido cooptar el discurso de los partidos de izquierda. Así que cuando Ribera decide actuar, echa mano del manual de cabecera más ideológico: hay que intervenir el mercado mayorista.  

Debería haber hecho saltar las alarmas que ninguno de los países de nuestro alrededor decidiese intervenir el mercado mayorista en un contexto de altísima tensión en los precios. Los que adoptan medidas (Francia, Italia o Reino Unido), se concentran en el mercado minorista, en aliviar el golpe sobre los consumidores. España, no. Otra vez, España es diferente.  

En septiembre, el Consejo de Ministros, a propuesta de la vicepresidenta Ribera, aprueba una intervención del mercado mayorista: se establece un tope máximo al precio eléctrico. El Gobierno está eufórico: esta vez, dicen, van a pagar las eléctricas.  

El contraataque de las eléctricas

El entusiasmo se diluye en los siguientes días. El Ministerio no ha medido bien el efecto de su propia normativa, y muchas empresas eléctricas empiezan a rescindir sus contratos con los consumidores industriales. El efecto es exactamente el contrario al deseado: más consumidores sujetos a los vaivenes de precios, más volatilidad. Las empresas eléctricas acuden a Bruselas para denunciar la normativa española. Aunque nunca se ha confirmado, el mensaje de la Comisión al Gobierno español debió ser inequívoco: pocas semanas después, el Gobierno aprobaba una nueva normativa que diluía hasta prácticamente dejar en nada la intervención del mercado mayorista.  

Se abría entonces una ventana de oportunidad para parecernos a nuestros países vecinos: establecer medidas de alivio en el mercado minorista (que es, por ejemplo, lo que se ha hecho con los carburantes). O incluso ir más allá, como Draghi en Italia o Johnson en el Reino Unido, y establecer impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas. La Comisión Europea publica un amplio catálogo de medidas para aliviar el impacto sobre los consumidores. Había donde elegir: pero España elige de nuevo tropezar con la misma piedra. El mercado mayorista. 

La lectura de lo ocurrido en los meses anteriores, aparentemente, es que no se había hecho la suficiente labor de persuasión con las autoridades comunitarias. Siempre presto a iniciar una gira internacional, el Presidente Sánchez, cual Quijote, se recorre las cancillerías europeas. Su objetivo es convencer a sus homólogos europeos de la necesidad de reformar el mercado mayorista eléctrico. No parece conseguir muchos adeptos. Pero, de repente (o así nos lo contaron), obra el milagro: tras amagar con levantarse de la silla en el Consejo Europeo (una maniobra negociadora tan simple y archiconocida que debería haber puesto en alerta a los más avezados corresponsales), la Presidenta de la Comisión Europea anuncia una “excepción ibérica”. ¿Truco o trato? 

Más bien truco. Porque en las conclusiones del Consejo, la supuesta “excepción ibérica” no aparece ni entre líneas. No hay tampoco ninguna llamada a la Comisión para que modifique el marco normativo. La cacareada “excepción ibérica” consiste, en realidad, en que si España quiere insistir en lo mismo, en reformar el mercado mayorista eléctrico, esta vez lo va tener que negociar previamente con la Comisión Europea. Durante tres meses, los técnicos comunitarios hacen sudar de lo lindo a los españoles. Si quieren intervenir el mercado, va a ser con sus condiciones: será un mecanismo temporal, que no discrimine a las exportaciones a otros países, y que compense a los productores de gas. Son tantas las condiciones que el objetivo último español, bajar el precio de la electricidad de forma significativa, ya está fuera del alcance. Pero España insiste: a fin de cuentas, había sido un logro histórico del Presidente Sánchez. ¿Cómo reconocer que en realidad aquel gesto valiente y quijotesco era solo una cortina de humo? 

La medida finalmente entra en vigor. Los análisis técnicos llevan días previendo que el famoso “tope” tendría un efecto menor, y que en realidad a quien favorece es a nuestros vecinos (Francia, Portugal y Marruecos, que comparan electricidad subvencionada por los consumidores españoles), y posiblemente a los productores de gas y carbón (que reciben la compensación). Salen los resultados de las primeras subastas: un jarro de agua fría. El efecto en la bajada de los precios mayoristas es mínimo, apenas llega al 5% (menos de un 2% en la factura final de los consumidores). Y ni siquiera está claro que realmente exista tal reducción, porque la producción con gas se ha disparado. Mientras, otros países disfrutan de precios eléctricos más estables. En muchos casos son las empresas las que están pagando el alivio, a través de mecanismos justificados y bien medidos. Sin ruidos, sin batallas legales con la Comisión Europea, sin alegatos de excepciones, sin relato. Qué más da. Como escribía hace unos días Daniel Gascón sobre otro tema, “en la lucha contra el mal lo que importa es sentirse bien”.