El sector del comercio y de la construcción reclaman al Gobierno medidas por el alza de los costes y la luz

El alza de los precios energéticos como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania y el incesante aumento de los costes está haciendo mella en muchos sectores económicos de España, y algunos de ellos como el de la construcción o el comercio exigen ya medidas urgentes al Gobierno para poder hacer frente a estos mayores costes en un contexto de alta inflación.

Es el caso de Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), que ha pedido al Gobierno medidas extraordinarias para compensar el aumento de los costes y la «subida desmesurada» de los costes energéticos. Asimismo, ha aprovechado para proponer la vuelta de los bonos comercio que la mayoría de las comunidades implantó en 2021.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también ha lanzado una señal de alarma ante la espiral inflacionista, agudizada por la invasión de Rusia a Ucrania, solicitando al Gobierno la puesta en marcha de medidas urgentes para contener la escalada de precios de la electricidad o el combustible, sobrecostes ajenos a la actividad constructora. Según las últimas informaciones recabadas por la patronal de las constructoras en España, la situación de desabastecimiento de materiales básicos para el sector se ha agravado, unida al «insoportable encarecimiento de los costes de la energía».

Los bonos comercio a los que hacía mención Torres pretendían incentivar el consumo y tuvieron muy buena aceptación por parte de comerciantes y compradores, según recuerda a la agencia de noticias EFE el confirmado recientemente como nuevo presidente de la CEC. Cada vez más comercios trasladan que no pueden soportar los costes «ni un mes más», una situación que si se prolonga en el tiempo será «devastadora» para el sector, que necesita que las medidas que se adopten «no lleguen tarde» como ocurrió en el inicio de la pandemia, asegura.

Ya la pandemia ocasionó cierres de comercios debido a las restricciones de movilidad y en el escenario actual existe el temor de que vuelvan a producirse, advierte Torres. Ahora bien, en el empleo sin embargo las consecuencias no están tan claras al tratarse de un sector con plantillas pequeñas e integradas por familiares, con el empleo más estable (más del 75% son contratos indefinidos) y con mayor proporción de mujeres y jóvenes, pero sí será más difícil que en la nueva coyuntura haya nuevas contrataciones.

Posible aumento de la inflación

Actualmente la CEC está integrada por 32 organizaciones, entre federaciones provinciales, confederaciones autonómicas y sectoriales nacionales, que representan a 450.000 comercios que dan empleo a 3,2 millones de personas, el 17% del total de afiliados. Torres advierte de que si el Gobierno no toma medidas de compensación habrá una mayor traslación a los precios de venta del aumento de costes y un incremento de la inflación, y los comerciantes ya están tomando decisiones al respecto para mantener su negocio a flote, reduciendo sus márgenes o repercutiendo los incrementos en una parte proporcional en el precio final.

A este contexto de menor capacidad de gasto de los hogares por el incremento de los precios de la luz y del gas (este último multiplicado por cinco) y de encarecimiento de los precios de los productos y servicios se añade el factor emocional, que también juega en contra «en circunstancias adversas», comenta. Así, para ayudar a los comercios, la CEC ha comenzado a ofrecer servicios de auditoría de compañías que evalúan los costes energéticos con el fin de reducir la factura y estudia ampliar a la telefonía esta iniciativa, que actúa como si fuera una central de compras y para la que prevén una gran demanda por parte de las empresas.

Sobre la reforma laboral, opina que el comercio tendrá que recurrir a figuras como las ETT en mayor medida para las contrataciones temporales, aunque señala que no es de los sectores más afectados y se va a adaptar mejor a los cambios introducidos.