El sector agroalimentario recibe con escepticismo la propuesta de limitar el precio de los alimentos
El Gobierno promueve un pacto entre la distribución y los consumidores para fijar precios máximos en unos veinte o treinta productos básicos
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/J.J. Guillén
La propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de limitar los precios de una serie de alimentos básicos de la cesta de la compra ha sido recibida con escepticismo por sectores de la cadena agroalimentaria como los productores y la distribución.
Tras lanzar la idea de promover un pacto entre la distribución y los consumidores para fijar precios máximos en unos veinte o treinta productos básicos, Díaz ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno está «estudiando medidas que son legales» en ese ámbito.
«El presidente del Gobierno está volcado en bajar la inflación» y uno de los principales problemas en este sentido está en la cesta de la compra, ha asegurado Díaz.
Asimismo, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha apuntado que no dejan de «explorar vías para hacer propuestas» que sean útiles a las familias y que tengan «efecto inmediato».
Los agricultores
La propuesta de limitar los precios ha sido rechazada por la organización agraria Asaja, cuyo presidente, Pedro Barato, ha criticado los «caprichos y egoísmos personales» de Díaz, que «van a hacer peligrar los cimientos de un sector tan importante como es el agro».
En su opinión, este tipo de medida acabará por «castigar al que más sufre los precios percibidos por los productos» agrícolas, esto es, a los agricultores y ganaderos.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha coincidido con el Gobierno en la preocupación de asegurar alimentos básicos a precios asequibles, pero ha abogado antes por «atajar la especulación que se está dando a lo largo de la cadena alimentaria» mediante la aplicación de la ley de la cadena alimentaria.
Para esa organización, el agricultor, «el eslabón más débil de la cadena», acabaría pagando la factura de una iniciativa como la de topar el precio de los alimentos más básicos, al tiempo que ha defendido la adopción de medidas económicas de carácter redistributivo para ayudar a las familias que lo necesiten.
Según sus datos, el precio de los alimentos desde su origen en el campo hasta el consumidor subió un 283 % el pasado agosto, con frutas y hortalizas como el ajo, la lechuga, la ciruela y las zanahorias como los que productos en los que más se ha elevado, todos por encima del 500 %.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha señalado que, en primer lugar, Díaz «debería preocuparse de que se cumpla la ley de la cadena» y se paga a los agricultores al menos por los costes de producción.
La distribución
Por el lado de la distribución, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), compuesta por unos 30.000 socios, ha apuntado que la cadena de valor del gran consumo lleva «mucho tiempo» conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores y que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación.
La patronal ha instado a aplicar rebajas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos y «a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector». Asimismo, ha precisado que el incremento de los precios es consecuencia directa del aumento de otros costes esenciales como los energéticos, de materias primas y de transporte.
El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, se ha mostrado «abierto al diálogo» con la Administración sobre el precio de los alimentos, siempre que se base en datos «ciertos y reales», y se respete el límite del derecho de la competencia.
El responsable de Asedas, que agrupa entre otros a Mercadona, LIDL o DIA, ha señalado que comparten la «preocupación por los precios» y que han pedido medidas urgentes, como la bajada del IVA en algunos alimentos, que en principio ha rechazado el Gobierno.
Los consumidores
La organización de consumidores Facua ha defendido la intervención de los precios en ciertos alimentos básicos como una medida «extraordinaria» con vistas a reducir la especulación, como se ha hecho con las mascarillas, las comisiones bancarias o el tope al gas.
El secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha afirmado que «muchas empresas están especulando con los precios y aumentando de forma injustificada sus márgenes de beneficio«, lo que está empobreciendo a la población.
