El PSOE propone a Podemos destinar el 50% del suelo público a alquiler social

El PSOE y Unidas Podemos han retomado este lunes sus negociaciones de cara a la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el lado socialista de la coalición ha vuelto a plantear nuevas propuestas para intentar lograr el acuerdo con la otra facción y poder aprobar la norma

En concreto, desde el departamento de José Luis Ábalos han planteado como nuevas medidas al ala gubernamental de Unidas Podemos establecer un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública.

Esto se destinaría tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, que deberá recogerse en la legislación sobre ordenación territorial o urbanística, según las propuestas a las que ha tenido acceso Economía Digital.

Con la medida Fomento busca que al menos la mitad de las viviendas que se construyan en los suelos de comunidades y ayuntamientos reservados para viviendas protegidas se destinen a alquiler social y así se aminore el precio de las rentas sociales al aumentar la oferta

Recargos de IBI a viviendas vacías

También se ha abordado el asunto de la vivienda vacía en el marco de la mesa de negociación que encabezan el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, después de que el equipo de la segunda haya retrasado la reunión varios días, según indican a Economía Digital en fuentes gubernamentales. 

En detalle, PSOE plantea una “definición clara “para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la Ley. 

Asimismo, propone el que los ayuntamientos pueden modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI, con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los Ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad. 

En Podemos ven «capital» el asunto de la movilización de viviendas vacías, ya que calculan que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el INE. En este punto explican que existe un «desacuerdo importante» entre los socialistas y los morados, aunque se están aproximando las propuestas para establecer algún tipo de recargo fiscal que penalice la tenencia de vivienda vacía, como planteaba Unidas Podemos.

El planteamiento de Unidas Podemos pasa por obligar a los grandes tenedores a que destinen el 30% de sus viviendas al alquiler social, así como un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con un tramo autonómico.

Los escollos: incentivos y regulación de los precios

A pesar de los intentos del PSOE por ofrecer nuevas medidas que permitan consensuar el acuerdo con la parte minoritaria del Gobierno, aún no hay una aceptación suficiente por Unidas Podemos a las propuestas del PSOE, al rechazar frontalmente el planteamiento de bonificaciones a propietarios que realizó Ábalos.

Lejos de ceder, en Unidas Podemos redoblan la presión para que se apruebe la nueva Ley cuanto antes. Sin ir más lejos, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha avisado a su socio de coalición de que la nueva ley debe aprobarse cuanto antes al «llegar tarde» para ejecutar el pacto de Gobierno y defender que las elecciones madrileñas del 4 de mayo no pueden interferir.

Serra ha reclamado que PSOE sea «valiente» y «pare los pies a los fondos buitres», disminuyendo el precio del alquiler y manteniendo la exigencia de la regulación de los precios del alquiler. Fuentes de Unidas Podemos señalan a Economía Digital que la negociación de La Ley de Vivienda se encuentra estancada debido a la «resistencia» por parte del PSOE a cumplir con el acuerdo de Gobierno en lo referente a la regulación del alquiler.

En la formación de Pablo Iglesias lamentan que el equipo de Transportes ha insistido de nuevo en su apuesta por los incentivos fiscales sin presentar datos que avalen que esta medida «antisocial» pueda repercutir en una bajada de precios del alquiler y «alineándose con las tesis del PP en lugar de hacerlo con las del bloque de investidura»

De hecho, recuerdan estas fuentes que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha denunciado que esta vía no servirá para bajar los precios del alquiler en las zonas tensionadas Por su parte, Unidas Podemos ha insistido en que el Ejecutivo tiene que cumplir con el acuerdo de Gobierno poniendo techo a las subidas abusivas del alquiler.

Los socialistas, entre tanto, no renuncian a las bonificaciones fiscales en los nuevos contratos de arrendamiento que pasan por una reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, modulable en función de distintos criterios hasta un máximo del 90%.

Será del 60% si el propietario disminuye el precio de alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida) o recientemente rehabilitadas; del 70% si se disminuye el precio de alquiler a viviendas a jóvenes de entre 18 y 35 años.

En zonas tensiones la reducción será del 70% por la incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual y la bonificación alcanzaría un 90% en los casos en los que el propietario reduzca en más de un 10% la renta respecto al último contrato.

En paralelo, Ábalos aumentó hasta las 100.000 vivienda el objetivo del Plan de viviendas para alquiler asequible, casi la mitad (46.000) por creación directa del Ministerio y el resto (56.000) vía colaboración público privada.

Eso sí, Ábalos ha respondido también las críticas de sus socios: «No somos los aliados de los fondos inmobiliarios y del gran capital, como algunos intentan para ponernos del lado de los malos”, apuntó este fin de semana, asegurando, no obstante, que ve «margen» para la negociación de la ley.

El equipo negociador del Ministerio encabezado por David Lucas ha presentado las nuevas propuestas para tratar de impulsar definitivamente la ley, marcándose el objetivo de seguir avanzando en soluciones conjuntas que permitan alcanzar un acuerdo definitivo sobre el texto, según apuntan las mismas fuentes. 

Coincidencias en la regulación de desahucios a vulnerables 

En lo que parece haber mayores coincidencias, sin cerrarse acuerdo aún, es en la regulación de los desahucios a colectivos vulnerables. El PSOE ha planteado además mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables. 

El fin de la medida es garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.  

El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda previsiblemente asegurará que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. 

A su vez, en el PSOE quieren introducir en el procedimiento criterios objetivos para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, para simplificar y agilizar el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.