El plan del Gobierno para precipitar cambios en la ley del IVA

El proyecto presupuestario de 2019 prevé utilizar un cambio en la liquidación del IVA para resolver un conflicto en la financiación de las comunidades autónomas y, además, cuadrar el déficit del Estado, una vía cuestionada por varias instituciones. Estas son algunas claves del debate.

¿Por qué quiere cambiarse el sistema de liquidación de IVA?

Para revertir parte de un cambio normativo introducido en 2017, cuando se modificó el sistema de llevanza de los libros de IVA por uno electrónico y en tiempo real, el suministro inmediato de información (SII).

Este sistema amplió el plazo para liquidar el impuesto, de manera que la fecha límite para cada mes pasó del día 20 al día 30 del mes siguiente. Con este retraso en la fecha de liquidación, el IVA de noviembre pasó de ingresarse en diciembre a hacerlo en enero, es decir, en otro ejercicio.

La recaudación de 2017 quedó por tanto mermada, ya que equivalía a unos 11 meses en lugar de a 12.

¿Qué implicaciones tuvo ese cambio normativo en las cuentas públicas?

El cambio tuvo impacto en términos de caja −es decir, del dinero efectivamente ingresado en el ejercicio− pero no en términos de contabilidad nacional −que se utiliza para calcular el déficit−.

El déficit de contabilidad nacional va con el principio de devengo, por el que se contabilizan los ingresos cuando se produce el hecho que genera la obligación de pago y no cuando se efectúa el abono.

Esto implica que no tuvo ningún efecto a la hora de calcular el déficit de ese ejercicio −se contabilizaron 12 meses de ingresos−, pero sí en la financiación de las comunidades autónomas, que se calcula en términos de caja.

La liquidación definitiva de las comunidades del ejercicio 2017, en el que solo ingresaron IVA de 11 meses, se realiza este año y previsiblemente les perjudicará.

¿Qué planea hacer ahora el Gobierno?

El proyecto presupuestario incluye un cambio en la ley del IVA para que la liquidación del mes de noviembre se realice antes del 20 de diciembre, en lugar del 30 de diciembre como hasta ahora. De esta manera, esos ingresos se recibirán en el año en curso y no al siguiente, como ocurría antes de 2017.

¿Qué efecto va a tener este cambio en 2019?

Según el Gobierno, con este cambio normativo, 2019 tendrá los ingresos equivalentes a 13 meses de recaudación de IVA, lo que supone unos 5.000 millones más que en un ejercicio normal, que se repartirán a partes iguales entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que a las autonomías les corresponde el 50% de la recaudación de este impuesto.

¿Qué van a hacer las comunidades autónomas con estos fondos?

Según el Gobierno, los 2.500 millones correspondientes a las comunidades autónomas les permitirán neutralizar la pérdida de recaudación del ejercicio 2017.

La liquidación del sistema de financiación autonómica se hace dos años después, de manera que este año se liquidará el ejercicio 2017, en el que falta un mes de ingresos de IVA y que por tanto tendrá previsiblemente un resultado negativo.

Para compensarlo, las comunidades autónomas contarán con mayores entregas a cuenta del IVA de 2019, ya que tras el cambio en el sistema de liquidación este ejercicio registrará ingresos equivalentes a 13 meses en lugar de a 12.

¿Y qué va a hacer el Estado con sus fondos?

Los 2.500 millones correspondientes al Estado servirán para lograr un objetivo de déficit más estricto de lo previsto y compensar la pérdida de recaudación derivada del retraso en la puesta en marcha de nuevas figuras tributarias, como la «tasa Google» o la «tasa Tobin«, que aún no se han aprobado.

¿Por qué hacen falta fondos adicionales para cumplir el objetivo de déficit?

Porque el objetivo de déficit público para este año (1,3% del PIB) es más estricto de lo que pretendía el Gobierno (1,8% del PIB), que no pudo flexibilizarlo porque lo impidió la mayoría absoluta del PP en el Senado.

En el caso de la administración central, a la que afecta el Presupuesto, el objetivo de déficit para este año es del 0,3% del PIB, una décima inferior a lo que pretendía el Ejecutivo, lo que supone un ajuste de unos 1.200 millones de euros.

¿Pueden utilizarse los fondos del cambio en el IVA para cuadrar el déficit del Estado?

Este es el principal punto de debate. El Gobierno defiende que es posible porque los ingresos adicionales que se obtienen en términos de caja después se trasladan a la contabilidad nacional −la que se usa para contabilizar el déficit− mediante una serie de ajustes, según explicó esta semana la secretaria de Estado de Hacienda.

Sin embargo, tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aseguran que dado que el déficit se calcula con el sistema de devengo −cuando se produce el hecho imponible, no cuando se ingresa el dinero−, los ajustes de contabilidad nacional dejarán la recaudación a efectos de déficit en 11 meses −como ya ocurrió en 2017−, es decir, que no habrá fondos extra para corregir el déficit.