El plan del Gobierno para bajar la luz: de la subasta alternativa al suministro mínimo vital
El Ministerio de Transición Ecológica estudia un nuevo modelo de subastas energéticas para paliar los efectos de la subida de la luz en el mercado mayorista
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (i), y la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión semanal del Consejo de Ministros celebrada este martes en La Moncloa. EFE/Ballesteros
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prepara un paquete de medidas adicionales para intentar reconducir el precio de la luz, tras el impacto de la crisis energética. Su estrategia implicará cambios en el modus operandi de las comercializadoras pero también medidas sociales para paliar los efectos del mercado en los consumidores más vulnerables.
La ministra socialista ha descartado las principales propuestas presentadas por Unidas Podemos, pero ha ideado una batería de cambios con los que pretende cumplir la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aspira a que a finales de año los españoles paguen menos por la luz que en 2018.
Estas son los principales cambios:
1. Subastas alternativas con las pequeñas comercializadoras
La medida estrella que ha diseñado el bloque socialista pasa por la implementación de un nuevo sistema de subastas, en el que las grandes eléctricas estén obligadas a vender su energía a las pequeñas comercializadoras. La vicepresidenta considera que este sistema de pujas fuera del ‘pool’ eléctrico encajaría en las directrices europeas.
“Queremos hacer las cosas bien: buscar otros modos en los que fijar el precio de la luz al margen del mercado mayorista”, anticipó la titular de Transición Ecológica en una entrevista en Antena 3.
El bloque socialista contempla el establecimiento de un suelo de precios para las compañías, pero no está dispuesto a intervenir directamente sobre el mercado, tal y como proponen sus socios, por el riesgo de que la maniobra acabe saldándose con una condena judicial y una indemnización para las empresas del sector.
2. Incorporar nuevos indicadores a la tarifa regulada
Más allá de este nuevo sistema de subasta, el Gobierno también pretende fortalecer el cálculo del precio de la luz de los clientes que tienen contratada una tarifa regulada (PVPC), que actualmente se determina en Europa de forma diaria, cruzando la demanda del mercado con los costes que asumen las eléctricas en cada hora del día.
La nueva propuesta para por introducir también otros factores en la ecuación como el precio del mercado a largo plazo para impedir que los precios varíen de una manera tan drástica como la que ha favorecido la actual crisis energética, que se ha saldado ya con cifras de récord en junio, julio y agosto.
3. Dar impulso a la energía renovable
Desde el inicio de la escalada de precios, el Ejecutivo ha insistido en que la solución a largo plazo del problema pasa por estimular más el mercado de energía renovable para evitar la dependencia de los productores exteriores de gas. Este combustible se utiliza en la producción de las centrales de ciclo combinado que tiene un importante peso todavía en España.
El Gobierno ha lanzado ya una nueva subasta de renovables con plazos más cortos de los habituales para intentar incrementar el peso de este sector en el mercado eléctrico y amortiguar la escalada de precios.
4. Prolongar la rebaja fiscal hasta final de año
El Consejo de Ministros acordó un plan de choque en materia fiscal al inicio del verano para reducir el recibo a final de mes en los hogares. La reducción temporal del IVA que grava la factura eléctrica desde un 21% hasta un 7% o la suspensión del Impuesto de Generación Eléctrica del 7% en el tercer trimestre fueron las dos grandes apuestas.
Ahora, el Ejecutivo sopesa prolongar estas medidas excepcionales al menos hasta finales de año, ante el previsible encarecimiento de la luz que seguirá repitiéndose en noviembre e incluso mantener alguna de forma permanente, según ha publicado El País. Su debate implicará la participación activa del Ministerio de Hacienda, debido al impacto que tendría sobre la recaudación.
5. Frenar los excesos de las hidroeléctricas
Paralelamente a estas medidas, el Gobierno quiere también incrementar la vigilancia sobre las compañías que gestionan centrales hidroeléctricas, tras la polémica que se ha producido por el drástico vaciado de algunos embalses en España para incrementar la producción durante la fase de escalada de precios.
La imposición de cuotas de evacuación mediante la Ley de Aguas permitiría empezar a calificar los embalses también como un recurso ambiental y no solo energético. Ribera ya advirtió que la redacción de los pliegues de condiciones de las concesiones había permitido estas prácticas durante la crisis energética en lugares como Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres).
6. Implantar el suministro mínimo vital
La otra pata de la estrategia pasa por paliar los efectos del mercado sobre las familias más vulnerables. El Gobierno ya plantea la creación de un suministro mínimo vital que impida los cortes energéticos en los hogares con mayores dificultades económicas y que mejore su protección social ante estas derivas del mercado.
Desde el inicio de la crisis, las organizaciones de consumidores han exigido más medidas para dotar de seguridad a las familias, como la ampliación de los beneficiarios del bono social eléctrico que permite aliviar hasta la mitad de la factura en las viviendas que tienen unos menores salarios mensuales.
Este paquete adicional de medidas se complementará con otras iniciativas desarrolladas a lo largo de los últimos meses como la retirada de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas que supuso un recorte de 1.000 millones en la retribución de las comercializadoras o la creación del Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.
La otra gran medida ha sido la imposición del nuevo sistema de tarificación en la factura con tres franjas horarias diferenciadas a lo largo del día para concentrar los consumos. La propuesta, diseñada para reducir los costes, ha sido cuestionada por las organizaciones de consumidores ya que el momento más económico es de madrugada.
