El Plan de Recuperación podría dejar 20.000 millones de gasto estructural, según AIReF

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado el pasado 30 de abril por el Gobierno a Bruselas está llamado a ser el ‘salvavidas’ de la economía española y el catalizador de la transformación del modelo productivo al recoger 212 reformas e inversiones a cumplir para poder recibir 140.000 millones hasta 2026 (70.000 millones en transferencias hasta 2023 y el resto en préstamos).

Sin embargo, el plan de reformas e inversiones que traerá la reactivación podría dejar también un gasto estructural 21.236 millones de euros si no se acometen mecanismos que aseguren su financiación, tal y como avisa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que reclama una planificación presupuestaria anual para adoptar medida que permitan afrontar ese gasto a medio y largo plazo.

El organismo asume en su último informe de evaluación del Programa de Estabilidad la distribución temporal de fondos recogida en el Programa de Estabilidad por el Gobierno, si bien la anualidad del Plan de Recuperación prevista para 2021 es inferior a lo recogido en los Presupuestos.

De acuerdo con lo señalado en el programa, el gasto en 2021 financiado del Plan de Recuperación asciende a 22.158 millones de euros en contabilidad nacional, mientras que el gasto que se había previsto en el PGE 2021 es de 24.121 millones, por lo que se evidencia que el Gobierno prevé una menor ejecución del gasto del Plan por un importe de más de 1.900 millones.

A pesar de la información publicada sobre los componentes, la AIReF señala que el grado de definición de las 212 medidas (110 proyectos de inversión y 102 reformas) «no es suficiente para evaluar su impacto», teniendo en cuenta además que algunas de las reformas principales se aplazan y se condicionan a pactos o compromisos futuros. «El Programa de Estabilidad no incorpora las reformas que pueden tener una influencia esencial sobre el crecimiento potencial de la economía y la sostenibilidad de la deuda», señala.

Riesgo alto de un gasto estructural de 21.236 millones

La Autoridad Fiscal alerta de que a medio y largo plazo existe el riesgo de convertir en estructural el gasto de determinados proyectos incluidos en el Plan de Recuperación sin contar con financiación permanente distinta del endeudamiento.

«La dimensión temporal de este plan exige contar con mecanismos que garanticen la financiación en el tiempo de las reformas e inversiones iniciadas con cargo a la financiación de los fondos NGEU, sin que esto suponga un incremento de la deuda pública a largo plazo», subraya.

Y es que, la institución explica que los diferentes proyectos se irán desarrollando a lo largo de los próximos años, con un impulso inicial muy fuerte en el periodo 2021-2023, pero con un objetivo que muchas veces trasciende este periodo temporal, por lo
que insiste en que «deberán contar con financiación en el futuro».

Dependencia, empleo, educación o sanidad

Las inversiones del Plan de Recuperación presentan diferentes niveles de riesgo de incrementar el gasto estructural, principalmente los mayores riesgos se esperan en aquellos componentes que guardan relación con el ámbito de la
dependencia, empleo, educación, sanidad, ciencia e innovación, administración pública y transición justa.

En detalle, señala del total de 69.528 millones de inversiones previstos como riesgo alto de convertirse en gasto estructural 21.236 millones de euros distribuidos en distintos componentes, como la Estrategia de transición justa (300 millones), la modernización de las administraciones públicas (4.315 millones), la reforma institucional y el fortalecimiento de capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (3.380 millones), la reforma del Sistema Nacional de Salud (1.069 millones), el componente de educación y formación continua (7.317 millones), la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (4.855 millones).

En un riesgo medio sitúa la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero (1.051 millones), la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos (2.091 millones), la Política Industrial España 2030 (3.782 millones), el impulso a la pyme (4.894 millones) o el plan de modernización y competitividad del sector turístico (3.400 millones), entre otros. El resto de inversiones quedarían en un riesgo bajo de consolidarse como un gasto estructural.

Por ello, la AIReF considera fundamental la planificación presupuestaria plurianual para anticipar estas necesidades y prever la adopción de medidas que permitan hacer frente a estos gastos en el futuro.

No se concretan las reformas que pueden suponer ahorros

Por su parte, apunta que las reformas del Plan de Recuperación que pueden suponer ahorros no se encuentran detalladas ni cuantificadas. En el caso de la reforma del sistema de pensiones, AIReF apunta que sólo enuncia líneas generales de actuación, reuniendo numerosos componentes con «efectos contrapuestos» y cuyo detalle está pendiente de definición en la medida que se esperan alcanzar acuerdos en el marco del Pacto de Toledo.

No obstante, apunta que hay elementos como la revalorización con el IPC que elevan el gasto a medio y corto plazo, mientras que se enuncian otros que deberían estar encaminados a suavizar el crecimiento del gasto en pensiones consecuencia del proceso de envejecimiento de la población.

Por otra parte, sobre la reforma laboral, también pendiente de definición, señala que además de la incidencia derivada de su impacto macroeconómico, puede tener efectos permanentes sobre el gasto en desempleo o en las políticas activas de empleo.

Otra reforma que puede contribuir a reducir el déficit estructural es la modernización de las administraciones públicas y el componente de modernización del gasto público que pretende contribuir a la estabilidad presupuestaria, pero no incluye ningún objetivo cuantitativo de ahorro. Tampoco se cuantifican los ingresos previstos con la reforma fiscal.