El Parlamento catalán llevará a Fiscalía las conclusiones de la investigación a las cajas de ahorros
Los partidos lamentan que la comisión se haya prolongado ocho meses y que las conclusiones de la sala den tan poco de sí y los silencios de quienes han acudido a declarar
El Parlamento de Catalunya ha puesto el punto y final a la comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras. El único punto en común de todos los partidos ha sido decretar que la documentación que han recogido a lo largo de los ocho meses que ha durado investigación, incluidas las transcripciones de las declaraciones, se entregue a Fiscalía para que identifique los posibles delitos que se puedan haber cometido.
Sobre la vulneración de los derechos de los consumidores, el otro gran objetivo de la comisión, las conclusiones que se han aprobado este martes son de carácter genérico. Eso respondería a que la cámara catalana “no juzga ni es competente para hacerlo”, tal y como ha declarado Ferran Falcó (CiU), diputado del partido en el Gobierno, en la recta final de la sesión. Según su valoración, los ocho meses de comparecencias han demostrado que “ni todo es culpa de unos ni todo es culpa de los demás”.
Declaraciones
Han declarado ante el Parlamento catalán desde el ex presiente de Bankia, Rodrigo Rato –a quien el diputado de la plataforma ciudadana CUP, David Fernández, mostró una zapatilla y le llamó “gánster ”– hasta grupos de perjudicados por la comercialización de participaciones preferentes o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). También compareció la antigua cúpula de Caixa Penedès antes de ser condenada por la Audiencia Nacional por adjudicarse (y cobrar) de forma indebida pensiones millonarias.
Los diputados han lamentado este hecho. Lo han usado de ejemplo para quejarse de los silencios en la sala de los citados para evitar dar los casos más comprometidos que pueden derivar, o ya han derivado, en investigaciones judiciales.
Reguladores
Los socialistas catalanes también han cargado contra el Gobierno español por su negativa de acudir a Barcelona. “Aunque jurídicamente no era obligatorio, éticamente sí lo era”, ha indicado la diputada Alicia Romero (PSC). El intercambio de reproches no se ha hecho esperar. Desde las sillas del PP, José Antonio Coto aseguraba que las cajas de ahorros han aguantado durante años excepto un periodo: el del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE). Asimismo, ha asegurado que el problema del sistema financiero español era que los socialistas lo usaron para colocar a “ex dirigentes amortizados” al frente de instituciones sin la formación bancaria que se requería. “Es bien cierto que no hay peor ciego que quien no quiere ver”, respondía a su vez el diputado de CiU.
Más allá de la dialéctica parlamentaria, los partidos también reparten la culpa en sus conclusiones entre los reguladores. Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Exigen más recursos, presupuesto e independencia para estas instituciones.