El pago de las prestaciones de paro de este verano, en vilo por la renovación de 1.500 interinos

Preocupación e inquietud en los sindicatos y los trabajadores del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) sobre la capacidad de la plantilla de poder gestionar las prestaciones por desempleo y de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) este verano al estar de nuevo en vilo la renovación de los 1.500 trabajadores interinos contratados con motivo de la Covid.

Así lo trasladan a Economía Digital en fuentes sindicales y de los trabajadores del organismo, que advierten de que a partir del 30 de junio podría producirse una situación “verdaderamente compleja” si se cesa a los 1.500 trabajadores y no se les renueva, coincidiendo con las vacaciones de buena parte de la plantilla, formada actualmente por unos 8.700 empleados. 

El 30 de junio es la fecha límite para que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal, y el Ministerio de Función Pública, a través de la Dirección General de Función Pública, para que se proceda a la renovación de esos interinos, tras dos renovaciones previas de tres meses cada una. 

Entre el colectivo de interinos hay preocupación por el desconocimiento de su continuidad laboral, así como en el resto de la plantilla por la carga extra que supondría a la “excesiva” carga que ya acumulan tras la “ingente” gestión que tuvieron que acometer el año pasado con motivo de los ERTE y el ‘hackeo’ sufrido el pasado 9 de marzo en el organismo. 

La renovación coincide con las vacaciones de verano

Además, empleados y sindicatos subrayan la importancia de conocer la renovación o no de los interinos por motivos organizativos, ya que la fecha límite (30 de junio) para la renovación coincide con el inicio de las «merecidísimas» vacaciones de un buen número de trabajadores. 

El responsable de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, explica a Economía Digital que el sindicato ha dirigido dos escritos a la Dirección General de Función Pública poniendo en sobreaviso sobre las posibles dificultades y la afectación a la gestión de las prestaciones por desempleo que se producirían si no se renueva a los 1.500 interinos. 

Asimismo, el representante de CCOO en el SEPE, Josetxo Gándara, exige también la renovación de los 1.500 interinos más allá de los “compromisos” ante la incertidumbre y las nulas perspectivas de futuro laboral que genera en los afectados y la plantilla del organismo, tras dos prórrogas “miserables” de tres meses cada una. 

El Gobierno estipuló en la norma que fijó la contratación de este personal ‘extra’ temporal una duración para el programa de tres años, por lo que por ahora se ha consumido alrededor de un año y tres meses del mismo y previsiblemente se acometerá una nueva renovación de tres meses. 

En CCOO advierten de que el organismo no puede deshacerse de ese personal ante la elevada carga de trabajo existente y la situación de una plantilla formada por alrededor de 8.700 trabajadores, de los que un 10% son ausencias por formación u otro tipo y de los restantes 7.900 empleados disponibles en torno a un tercio disfrutarían de vacaciones en julio. 

De hecho, Gándara estima que en torno a un 15% o 20% de la red de oficinas quedaría «empantanada» y con posibilidades de no poder abrir en verano ante la sobrecarga de trabajo y las condiciones «preocupantes» en algunos ámbito geográficos. «No hemos recuperado la normalidad al 100% todavía», ha denunciado.

En este sentido, desde los sindicatos apremian a Hacienda y Función Pública a que se pronuncien sobre la renovación y eviten comunicar la decisión a falta de dos horas de que venza el plazo como sucedió la última vez en el mes de marzo, ante las necesidades organizativas en las 711 oficinas, las 52 direcciones provinciales y la propia Dirección general en el periodo estival. 

635 interinos de larga carrera, renovados

Más allá de la renovación de los 1.500 interinos, el 30 de junio finaliza también el plazo máximo de tres años para el que fueron contratados 635 interinos por contrato programa. Aunque la secretaria de Estado se ha comprometido a ello, lo cierto es que todavía no hay documentos oficiales al respecto, pero parece que con toda probabilidad dicho programa puente verá la luz. 

Sin embargo, desde los sindicatos denuncian que a finales de julio vence también la bolsa creada hace 14 años para incorporar personal en los momentos en que sea necesario con el fin de evitar los procesos largos de selección, por lo que se ha solicitado que se constituya una lista de candidatos. 

Esta lista se ha ido renovando cada tres años y la actual tiene validez hasta finales de julio; por el momento se ha elaborado un borrador solicitando que la Dirección General de costes y la de Función Pública autoricen el trabajo necesario para volver a construir la lista. 

A nivel legal no se puede reanudar o prorrogar esos contratos temporales, dado que esos puestos se contemplan en la oferta de empleo público de estabilización de los puestos pendientes de convocatoria y resultados, por lo que se busca un programa puente que dé continuidad a esas plazas hasta que se produzca su estabilización.

Continúa la carga de trabajo «excesiva»

Ante esta situación, desde CSIF echan en falta la implicación “bastante más directa” de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de solventar la situación el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, a lo que se suma que las cargas de trabajo siguen siendo “muy elevadas”. 

En este sentido, Gándara denuncia el “empobrecimiento” de la plantilla, ya que muchos auxiliares ejercen de técnicos y se encargan del reconocimiento de normas, entre otras cuestiones que no figuran en su ámbito competencial, y calcula en unos 10.500 trabajadores la plantilla necesaria para hacer frente a la tarea del SEPE anterior incluso a la pandemia.

“Hemos estado al borde del colapso”, ha subrayado para enfatizar la labor de los trabajadores tras el enorme volumen de solicitudes de prestaciones recibido (32 millones de marzo a diciembre de 2020, frente a los 5 millones esperados), la acumulación de trabajo y el ‘hackeo’ sufrido en marzo. 

El trasvase de datos de cobros indebidos por los ERTE, garantizado

Por otra parte, los sindicatos confirman que dará tiempo a producir la mayor parte del trasvase de datos de cobros indebidos por los ERTE efectuados por el SEPE por su sobrecarga a la Agencia Tributaria de cara a la confección de la declaración de la Renta de 2020, cuyo plazo vence. También el 30 de junio. 

Desde CSIF señalan que se ha avanzado “muchísimo” y el grueso de la incidencia se ha solventado en gran medida, ya que en el momento en el que se tramita una regularización de cobros indebidos en el SEPE se comunica a Hacienda. 

Desde CCOO y UGT también confirman el envío continuo de certificados correspondientes a prestaciones pagadas y de los cobros indebidos, por lo que “mayoritariamente” se ha solventado el problema respecto a las certificaciones de percepciones en el año 2020 de cara al a liquidación del IRPF. 

Incluso en territorios ajenos a la AEAT, como las haciendas forales, se han utilizado sistemas similares para el afloramiento de cobros indebidos.