El juez condena a Hernández Moltó a dos años de cárcel
La sentencia castiga al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), el primer banco rescatado en España
El juzgado central de lo penal número 1 de Madrid ha condenado a dos años de prisión a los responsables de la quiebra de la Caja Castilla-La Mancha (CCM). El magistrado José María Vázquez considera culpables de un delito societario por falsedad en documento contable al ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general, Ildefonso Ortega.
Conocida en sus inicios como Banco Castilla La Mancha, la actual CCM fue la primera entidad bancaria en ser rescatada por el Estado, en marzo de 2009, tras aprobarse una inyección de 9.000 millones de euros. Después siguieron Cajasur, Caja de Ahoros del Mediterráneo (CAM), Banco de Valencia y, Caja Madrid. Posteriormente también fueron nacionalizadas CatalunyaCaixa, Nova Caixa Galicia y Unnim.
El juez no concede la administración desleal
La fiscalía anticorrupción solicitó una pena de dos años y medio de cárcel contra Hernández Moltó y Ortega, al considerar que llevaron a cabo «una maniobra contable» para que los estados financieros de la caja reflejaran beneficios de 29,86 millones, en lugar de 182,2 millones de pérdidas.
Sin embargo, el grueso de la instrucción penal –prolongada durante ocho años– y del juicio –duró 15 días– giró entorno a un delito de administración desleal que ha sido desestimado por el juez. Por este supuesto delito, la fiscalía solicitaba seis años y medio de prisión y la CCM pedía una responsabilidad civil de unos 130 millones de euros que tampoco ha sido concedida. Lo que se puede entender como una victoria parcial de los condenados.
Agujero de 253 millones
El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron a la entidad. Resta pendiente el ingreso efectivo en prisión. La ley de enjuiciamiento criminal permite a los jueces suspender la entrada en la cárcel si los condenados no tienen antecedentes penales, pagan su responsabilidad civil y si han sido condenados hasta a dos años de cárcel.
La sentencia sienta jurisprudencia para el resto de investigaciones que se siguen contra directivos de cajas de ahorros. En Cataluña, Narcís Serra está señalado por el desfase patrimonial que generó la quiebra de CatalunyaCaixa.
