El ICO defiende la gestión de los bancos con los créditos Covid

El papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha sido trascendental durante el año y medio de pandemia gracias a su papel como avalista de préstamos canalizados al tejido productivo a través de la banca, con una movilización de más de 125.000 millones en liquidez e inversión a través de sus líneas con más de un millón de operaciones.

El presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, ha defendido el papel desempeñado por la banca en la gestión de los avales del ICO al considerar que ha actuado conforme a los reglamentos propios de las entidades. 

En un encuentro organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), García de Quevedo recordó que inicialmente y de acuerdo a lo adoptado en su día por el decreto que reguló los avales del ICO la financiación avalada es concedida por los bancos de acuerdo con “su política de análisis de riesgo y procedimientos internos”. 

«Se trataba de replicar las condiciones previas al Covid

Esto supone, en palabras de García de Quevedo, que se trataba de “replicar las condiciones previas al Covid”, de forma que “si había una empresa a la que el banco ya no le daba financiación, a esa empresa con los avales tampoco le iba a dar financiación”. 

A su vez, en el último año y medio también se han dado casos de empresas a las que el banco estaba dispuesto a darle financiación porque tenía “capacidad, solvencia y fortaleza financiera suficiente sin necesidad de los avales Covid”, pero las entidades han podido concederle dichos a vales “a quien más lo necesitase”. 

“Esa ha sido la aproximación que se ha tenido en la implementación de las líneas de avales Covid con resultados positivos y esa será la aproximación para que la línea de aplicación del Código de Buenas Prácticas”, añadió al respecto, apuntando que los avales en proceso de negociación “tienen que ser asignados a aquellas empresas que sean necesarios”. 

En su intervención indicó que la conversión de crédito en préstamos participativo no convertible en capital es a “negociación entre la empresa y el banco”. En cuanto a la extensión de los créditos apuntó que es “obligatoria” si se cumplen con determinadas obligaciones (estar corriente de pago, no haber presentado suspensión de pagos o concurso de acreedores).

Es “obligatorio” para el banco si el cliente tiene una reducción de su facturación respecto a 2019 del 30%. Si es inferior, es “voluntario” para el banco conceder la extensión o no al entenderse que el impacto ha sido menor y se podrá recuperar con la reactivación. 

No se pronuncia sobre las presuntas irregularidades

El papel de la banca en relación a los créditos avalados por el ICO ha quedado en cierta medida en entredicho en las últimas semanas tras la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abrió a mediados de junio un expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO Covid. 

Estos avales fueron habilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en 2020, para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19. Los casos podrían limitarse a unos 27 sobre un total de más de un millón de operaciones.

En particular, la CNMC investiga la vinculación a distintos productos, como seguros, que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales ICO Covid. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.

1.300 reclamaciones

Lo cierto es que la institución no se ha pronunciado al respecto tras la apertura del expediente por la CNMC, pero según el informe anual publicado recientemente por el ICO, el banco público cuantifica en 1.298 las reclamaciones recibidas por las líneas Covid-19, el 87% del total de 1.493 quejas recibidas por sus clientes, frente a las 136 de 2019.

En todo caso, el ICO señaló que las reclamaciones vinculadas a la financiación avalada por el coronavirus se trasladaron a las entidades que canalizaron el dinero, sin detallar motivos. El incremento se explica por la mayor actividad como consecuencia de la gestión de los préstamos concedidos a empresas y autónomos a través de los avales desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Ya en abril decenas de asociaciones de pymes de los sectores de ocio, turismo, cultura, comercio y transporte han denunciado “prácticas abusivas” por parte de los bancos en la concesión de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La patronal bancaria estalló contra la CNMC

En cualquier caso, la apertura del expediente no sentó bien en el sector financiero, y el presidente de la patronal, la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, salió al paso criticando la actuación de la CNMC por anunciar la apertura del expediente ante el daño reputacional «irrecuperable» causado al sector.

Roldán se mostró durante su intervención en el XXXVIII Seminario económico de la APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) “tremendamente incómodo” por la apertura del expediente y defendió que “seguro de que los bancos de la AEB actuaron bien” en la comercialización de estas líneas de crédito con aval público. 

Circunscribió el problema a «casos iniciales o puntuales» frente al total del millón de operaciones canalizadas “casos iniciales o puntuales”. “La pena de telediario es irrecuperable; le estás haciendo un daño al administrado que no vas a poder resarcir pase lo que pase”, adujo.

Menor necesidad de financiación: centrarse en «lo que más lo necesiten»

Más allá de los avales del ICO, el presidente del banco público indicó durante el acto organizado por CGE que la recuperación económica en España «ya empieza a ser intensa» y ello hace que haya «menos necesidades de financiación complementaria».

Según dijo, dado que «muchos sectores están creciendo, facturando e ingresando con relativa normalidad», se podrán concentrar los recursos «en aquellos sectores que más los necesiten».

De hecho, apuntó que esa ha sido la tónica también con los avales del ICO, ya que se concentraron en el turismo y actividades conexas, destinándose el 98% de las operaciones a pymes y autónomos y sobre todo primando las operaciones de largo plazo, puesto que más del 70% de la financiación es de entre 7 y 8 años. 

El presidente del ICO ha ensalzado la colaboración público-privada con organizaciones como CEOE, Cepyme, Cámara de España o el CGE que han ayudado a monitorizar dudas y necesidades para canalizar los recursos de los avales en los sectores más afectados, así como con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y con la Comisión Europea, lo que ha permitido ir adaptando el marco temporal de ayudas adoptado al comienzo de la crisis.

El ICO cumple 50 años: proyectos sostenibles y digitales

Como presidente del banco nacional quiso destacar su papel haciendo hincapié en el saldo vivo de actividad crediticia del ICO a pymes y empresas por importe de 21.500 millones, casi la mitad (11.000 millones) a través de las líneas ICO a través del sector financiero. 

Además, subrayó que el ICO reforzó el año papel su papel de financiar a pequeñas y medianas empresas, con un efecto tractor que movilizó 6.800 millones en 2020 y en financiación directa casi 3.500 millones con préstamos a empresas, bonos corporativos o nuevos programas de pagarés. 

De cara al futuro, avanzó que el ICO va a financiar cada vez más proyectos sostenibles y digitales, en el marco de los fondos Next Generation UE, mediante subvenciones a fondo perdido para proyectos de movilidad sostenible, así como los bonos verdes desde hace dos años, tras haber emitido ya 10 bonos sostenibles por 50 millones.

La UE permite al ICO hacer una gestión delegada de subvenciones a fondo perdido con proyectos como movilidad sostenible o digitalización en el marco de los fondos europeos del Plan de Recuperación y, en este sentido, avanzó seis proyectos en España y Portugal relacionados con cargadores de electrolineras o hidrógeno verde, en los que la financiación tendrá entre un 10% y un 15% de carácter no reembolsable.