El Ministerio de Transportes ultima un plan para cobrar por el uso de autopistas y autovías
La Ministra de Transportes, Raquel Sànchez, ha anunciado que el proyecto está muy avanzado y que próximamente se presentará a los agentes sociales y a los partidos políticos
En la imagen, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el peaje de La Roca del Vallés (Barcelona). EFE/ Quique García
El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prepara un propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, una propuesta con la que se pretende, según la ministra de esta cartera, Raquel Sánchez, cobrar a los usuarios de estas infraestructuras porque «quien contamina paga».
Así lo ha expresado la ministra Sánchez, que ha informado que todavía falta ultimar la propuesta y luego presentarla a los agentes sociales, en especial al sector de transporte, y también al resto de grupos políticos y administraciones.
«Necesitamos recursos para poder mantener unos estándares adecuados de calidad de nuestras carreteras», ha argumentado la ministra, quien ha recordado que en otros países europeos ya se ha implementado el criterio de «quien contamina paga». Es decir, que el uso de autopistas sea de pago.
También ha hecho hincapié en que el déficit de inversiones en mantenimiento durante la última década «no es sostenible a medio plazo» para mantener los estándares necesarios: «El déficit de conservación en la Red de Carreteras del Estado, estimando unas necesidades mínimas de 1.200 millones de euros anuales, supone una media de unos 300 millones de euros por año entre 2012 y 2017″.
Por otra parte, asegura que el Ejecutivo ya ha comenzado a corregir este déficit con los Presupuestos de 2021, que suponen un aumento en este sector del 58% respecto al pasado año (1.240 millones de euros). Un capital con el que, según la ministra, se pretende no solo ampliar y mantener la red de carreteras sino también «implantar nuevos modelos de conservación integrados y eficientes«.
Con todo, va tomando forma el nuevo modelo de pago por uso de autopistas y autovías que el Gobierno estimaba implementar cuando envió el Plan de Recuperación que el Gobierno ha enviado a Bruselas para 2024.
Ya entonces, el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, admitió en última instancia que mantener gratuitas las autopistas cuya concesión terminaba en la presente legislatura iba a ser inviable.
Desde entonces, el Gobierno ha estado elaborando un plan donde la gran incógnita siempre ha sido el modelo donde las dos grandes opciones eran, en primer lugar, cobrar por su uso de forma relativamente similar a la actual o, por otra parte, incluir los gastos derivados del mantenimiento y ampliación de las carreteras como parte de los PGE y sufragarlas vía impuestos de toda la ciudadanía.
