El Gobierno ultima con los agentes sociales la revalorización de las pensiones con el IPC
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanza que el acuerdo está casi cerrado con patronal y sindicatos
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya
El Gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más cerca de culminar su plan para establecer un mecanismo que permita revalorizar la remuneración de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha adelantado este jueves que el acuerdo con los agentes sociales está casi cerrado.
El titular de la cartera se ha mostrado optimista con lograr este consenso definitivo con la patronal y los sindicatos para favorecer que el poder adquisitivo de las personas que perciben estos subsidios no se reduzca por los vaivenes de la economía. «Somos de mucho cálculo, porque hay que afinar bien, y no queremos políticas brocha gorda», ha subrayado el titular de la cartera en una entrevista en la Cadena Ser Catalunya.
La unión de las pensiones con el IPC es una de las principales recomendaciones que surgieron este año del seno del Pacto de Toledo, que pidió la supresión del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRC), que impide desde el año 2013 que las pensiones puedan aumentar por encima de un 0,25% mientras la Seguridad Social esté en déficit. Independientemente, de los cambios en los precios de consumo.
El Gobierno ya acordó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 una actualización de las pensiones con una subida del 0,9% para todo el ejercicio, la misma cantidad que se ha incrementado el sueldo de los funcionarios. La medida ha tenido un coste de casi 1.500 millones de euros y afecta a 11,1 millones de pensionistas en España.
El cálculo de las pensiones continúa en el aire
A pesar de estas modificaciones, Escrivá sigue teniendo en mente una reforma mucho más profunda del sistema público de pensiones que afectará a largo plazo a todos los trabajadores cuando se retiren.
Uno de los principales escollos pasa por el tiempo necesario para realizar el cálculo de la vida laboral. Escrivá sopesó en un primero momento elevar el periodo necesario para hacer las cuentas hasta los 35 años. Una propuesta que desató fuertes críticas desde los sindicatos pero también desde Unidas Podemos, que considera que esta reforma reduciría la pensión definitiva de los empleados con menor capacidad económica.
El Ministerio de Seguridad Social ha frenado por el momento la medida. Sin embargo, Escrivá ha vuelto a incidir en que una ampliación en el periodo del cálculo no supondrá “en ningún caso” un recorte de los subsidios para los nuevos pensionistas.
Escrivá aparca la subida de la base mínima de cotización
Tampoco está sobre la mesa por el momento elevar la base mínima de cotización, que ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno desde que se extendió la crisis sanitaria y económica del coronavirus. Es un tema que se debatirá con los agentes sociales cuando se reactive de nuevo la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya ha dejado también fuertes encontronazos entre los dos socios de la coalición.
Escrivá ha pedido a patronal y sindicatos que le den unos meses de tregua para poder paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 antes de reiniciar ese debate. «En este momento nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a recuperar el empleo”, ha remarcado el ministro de Seguridad Social.
