El Gobierno se juega en un mes el éxito o fracaso del primer gran proyecto de los fondos europeos

«¿Habrá demanda de fondos europeos más allá de fábrica de baterías de Volkswagen?». Es la gran pregunta que se hace hoy la industria de la automoción cuando se les cuestiona por el éxito del Perte del automóvil. Un año después de dar a conocer sus principales rasgos, el Gobierno abrió el 1 de abril la convocatoria para que las compañías soliciten los 3.000 millones disponibles. El sector ya sabe que no será la lluvia de millones que soñaron en algún momento.

Las firma tienen hasta el próximo 3 de mayo para presentar sus proyectos. Ya sea para captar los 1.550 millones de euros en ayudas directas o los 1.340 millones en créditos blandos. Ya está confirmada la candidatura de Volkswagen, que quiere producir eléctricos en las plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) así como erigir una gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia). El resto son una incógnita.

En los últimos meses, el Ministerio de Industria relajó los requisitos inicialmente previstos para solicitar los fondos. Eliminó la obligación de construir una fábrica de baterías para acogerse a las ayudas. Con tener un centro de ensamblaje de cargadores será suficiente, por lo que grupos como Stellantis, que produce ya eléctricos en el país, podrán sacar mayor rédito. Todo para que no quede dinero sin utilizar en el Perte.

A pesar del optimismo en el Ejecutivo, en el sector tienen más dudas. Las fuentes consultadas por Economía Digital son escépticas “veremos si hay demanda para los 3.000 millones ofrecidos”.  Las mismas voces confían en que nombres como Renault, Stellantis y Ford se presenten también, aunque dudan de la ambición de sus planes.

La gran empresa expresa su escepticismo sobre las capacidades de las pymes para absorber la inversión necesaria para impulsar estos Perte. Las iniciativas que se presenten deberán implicar al menos a cinco empresas y que la inversión de las pymes presentes se lleve al menos el 30% de las ayudas recibidas. El criterio llega relajado por el Gobierno, que en diciembre exigía un mínimo del 40%.

Lamentan también la escasez de fondos que les llegarán directamente. A pesar de que el Perte está organizado en 1.550 millones de euros en ayudas directas y 1.340 millones en créditos blandos, las cantidades a percibir van determinadas por la inversión acometida. Para las grandes empresas, el rango se reducirá a entre un 50% y un 15% del gasto total. Para las pymes eso sí las ayudas rondarán entre el 70% y el 45% de la inversión realizada. 

Las categorías más subvencionadas son la investigación industrial y los estudios de viabilidad. Para mejorar los procedimientos y la innovación, el apoyo directo es solamente del 15%.  

Los consorcios tendrán hasta junio de 2025 para finiquitar sus proyectos

Las corporaciones tampoco podrán utilizar los fondos europeos a su gusto. Según la convocatoria, los costes en edificación y las instalaciones no podrán superar el 20% del total a financiar. La Comisión Europea ya advirtió que las partidas a subvencionar debían ser “la investigación industrial, el desarrollo experimental, la innovación de procesos, la innovación organizativa y las inversiones destinadas a la eficiencia energética y la protección del medio ambiente”.

En un documento hecho público el pasado 15 de diciembre, la administración continental avisaba de que los consorcios tendrán hasta 30 meses de tiempo o hasta junio de 2025 –lo que llegue antes– para tener listos sus proyectos a partir de la concesión de la ayuda.

El Gobierno se da hasta finales de año

Aunque abril será un mes clave, la resolución de las ayudas no se producirá hasta otoño como pronto. Desde la apertura de la convocatoria, el ministerio que encabeza Reyes Maroto tiene seis meses para resolver, lo que de la de plazo hasta el 1 de octubre para hacer pública la lista de beneficiarios, tanto de los fondos directos como de los créditos al 0%.

El Ejecutivo confía en poder repartir el dinero este mismo año a un sector que tiene prisa. El pasado diciembre, el presidente de Seat y presidente de Anfac, Wayne Griffiths, ya urgió al Ejecutivo a presentar la convocatoria de los fondos, aunque celebró la colaboración. La administración ha cumplido.

No fue el único dirigente crítico. «El Perte es una ayuda para este sector, pero no va a solucionar todos los problemas”, avisó el expresidente de Anfac y cabeza visible de Renault en España, José Vicente de los Mozos, en su despedida. “La velocidad del cambio en España es insuficiente […] Francia y Alemania están por delante de nosotros”, añadió.

El más agresivo fue sin duda Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis –con tres fábricas en el país–. «¿España quiere perder el trabajo de los últimos 20 o 30 años? ¿O quiere construir sobre ello?», se preguntaba en una comparecencia hace dos semanas. «Dependerá mucho de la velocidad y la dinámica que el Gobierno español quiera impulsar. Sin rapidez, corre el riesgo de perder el éxito español de los últimos 20 o 30 años porque las cosas van muy, muy deprisa», avisó.