El Gobierno se da hasta febrero para la reforma fiscal pero pretende subir Sociedades, Sucesiones y Patrimonio en enero
Hacienda pone el foco en Sociedades y los impuestos a la riqueza y prevé introducir subidas en los Presupuestos de 2022
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. EFE/Ballesteros
El Gobierno ha dado de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 al Comité de 17 expertos configurado para la reforma fiscal para que presenten sus conclusiones con el fin de impulsar la reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación económica, pero con anterioridad recibirá recomendaciones y quiere ir avanzando en algunos de los cambios, con modificaciones y subidas de impuestos. Sucesiones e impuestos a la riqueza, prioritarios.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que la intención es aprovechar las conclusiones preliminares que pueda ir trazando el comité de expertos para incluir cambios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, que de ir con el calendario formal supondría que verían la luz ya en enero, eso sí, acompasado al momento económico.
En el acto de presentación del Comité de expertos para la reforma fiscal celebrado en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Montero ha explicado que el objetivo es reducir el diferencial de recaudación con la media europea, que se cifra entre 7 y 8 puntos (más de 80.000 millones de euros), al haberse evidenciado con el Covid que son «imprescindibles» para sostener el Estado de bienestar.
En concreto, el grupo de trabajo se enfocará especialmente en la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, así
como la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial (Sucesiones, Donaciones y Patrimonio)..
Con las recomendaciones de los expertos el Ejecutivo pretende acometer una reforma integral del sistema tributario español para «adaptarlo a la fiscalidad del siglo XXI». La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha especificado que el comité tendrá de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar el Libro Blanco de la reforma tributaria al Ministerio de Hacienda.
“Ojalá que la próxima década sea de progreso y bienestar, más justa para los ciudadanos, aportando cada uno en función a sus posibilidades”, ha valorado.
Tipo mínimo en Sociedades
Al margen de esas conclusiones finales, Montero ha avanzado que la idea del Ejecutivo es que los expertos vayan anticipando algunos de los trabajos en los que tenga avance sobre algunas de las figuras fiscales para que el Gobierno los tenga en cuenta para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y para el nuevo modelo de financiación autonómica, que necesita recursos ante su infrafinanciación, «corregido» con los 16.000 millones de 2020 y los 13.000 millones destinados por el Gobierno.
Así las cosas, el Ejecutivo pondrá el foco en la revisión de la imposición de Sociedades, para garantizar una tributación mínima por parte de las grandes compañías y sociedades, así como en la tributación de la economía digital.
La ministra ha intentado dar peso a estos objetivos escudándose en los pronunciamientos de la Administración de Estados Unidos y el FMI en la última semana, sumándose a la OCDE, que han planteado la fijación de una tributación mínima en Sociedades a escala internacional e incluso que los ricos paguen temporalmente más impuestos para sufragar los costes de la crisis.
Al respecto, ha señalado que cada vez son más los países que, tal y como venía instando la OCDE, abogan por un impuesto mínimo para grandes sociedades a escala global, por lo que espera que se consensúe una decisión a nivel internacional, si bien ha reconocido que suelen demorarse.
De esta forma, el Ejecutivo pone el foco para acometer los primeros cambios en Sociedades (su intención es fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras) y que formen parte para su implementación «lo más rápida posible» pero acompañando al sector económico.
«Seguro que el Impuesto de Sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal y luego otras figuras como vinculadas a la riqueza, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones que el Ministerio tiene especial interés», ha afirmado Montero, quien ha aclarado que el Gobierno posibilitará que se den avances a nivel internacional, pero si no se producen o son «excesivamente lentos», impulsará los cambios en la normativa nacional, tal y como ya hizo con las denominadas tasas ‘Google’ y ‘Tobin’.
Impuestos a la rentas altas: Sucesiones, Donaciones y Patrimonio
Entre esas prioridades también ha citado la reforma del sistema de financiación autonómica, y concretamente en lo referido a la armonización de las figuras fiscales relativas a la riqueza, como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, si bien los expertos serán «libres» para dictar sus recomendaciones, que recibirá el Gobierno y tomará una decisión al respecto.
Esto en la práctica conllevaría el alza de Patrimonio y Sucesiones en regiones como la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado en contra de estos tributos, uno de los puntos más controvertidos que ya ha despertado acusaciones entre el Estado central y la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso, recrudecidos con motivo de las elecciones regionales del próximo 4 de mayo.
Deducciones y bonificaciones
La titular de Hacienda también ha apuntado que la reforma será integral, por lo que se revisarán todos los impuestos incluidos en e el sistema fiscal español (directos, indirectos y demás), pasando «desde las deducciones a las bonificaciones fiscales e incentivos», punto de vista de la eficiencia económica y también desde la equidad
interpersonal, territorial y de género
En cualquier caso, la ministra ha insistido en que las reformas que proponga el comité deberán «calibrar
adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo», de forma que esas medidas sean compatibles y se acompasen con la recuperación económica tras la pandemia y tenga en cuenta el compromiso de España con la consolidación fiscal.
De igual forma, los expertos abordarán la necesidad de desarrollar una fiscalidad medioambiental, avanzar en el gravamen de los negocios digitales e intentar evitar «asimetrías» entre los territorios. «El Gobierno lo escuchará, lo tomará en cuenta y tomará su propia decisión», ha abundado Montero.
El presidente del comité, alineado en objetivos
El presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, se ha mostrado bastante alineado con las posturas de Montero y ha subrayado que es «imprescindible» adecuar el sistema fiscal a la situación económica resultante tras la crisis de la Covid-19, proponiendo alternativas a las exigencias de cambios.
Ruiz-Huerta ha reconocido que se trata de una cuestión «especialmente delicada y controvertida que debe afrontarse con la máxima amplitud posible y tomando en consideración las distintas perspectivas que sobre la misma existe» y ha remarcado la importancia del adecuado funcionamiento de los servicios públicos y el papel regulador y estabilizados del Estado ante la demanda generalizada de ayudas de ciudadanos y empresas.
En este sentido, ha valorado que la respuesta europea y española han permitido hacer frente a los problemas derivados de la crisis del Covid, pero ha apuntado que «los recursos son limitados y ha crecido el endeudamiento exponencialmente», por lo que se hace «imprescindible» la adaptación del sistema fiscal a la situación una vez se controle la pandemia.
Se requiere por tanto a su juicio un análisis «profundo» de distintas figuras impositivas, la revisión de exenciones y bonificaciones y la adaptación de análisis y mejores prácticas internacionales para analizar las distintas opciones para elevar propuestas de reformas, ha marcado como trabajo a realizar por el comité.
El presidente del comité de expertos ha recordado lo recogido en el artículo 31 de la Constitución referido a que todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo a su capacidad económica con un sistema «justo y progresivo» que «en ningún caso tendrá alcance confiscatorio».
Los integrantes del comité deberán valorar aspectos como la suficiencia, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias
internacionales -sobre todo en fiscalidad verde y digital- y sus consecuencias en el modelo territorial y en el proceso de integración europeo. Asimismo, deberán evaluar la capacidad de los impuestos para acelerar transformaciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género.
Los 17 expertos del comité
En cuanto a la composición del comité, formado por 17 expertos (10 hombres y 7 mujeres) de distintas áreas, está presidido por el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta, y el secretario el director general del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Alain Cuenca.
Los vocales del comité, con expertos en fiscalidad, desigualdad, financiación autonómica u otras áreas, son el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, Fran Adame; la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra, Antonia Agulló; la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, Olga Cantó; la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Laura de Pablos; el profesor titular de economía aplicada de la
Universidad Rey Juan Carlos, Santiago Díaz de Serralde.
También forman parte el catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, Xavier Labandeira; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago; el catedrático de Economía de la Universidad
Pompeu Fabra, Guillem López Casanovas; el catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda; el economista superior en la División de Análisis Estructural del Banco de España, David López Rodríguez.
El resto de expertos son el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio; la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla la Mancha, Saturnina Moreno; la profesora Titular de Derecho financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Violeta Ruiz Almendral; la catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, María Teresa Soler; y la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, Marta Villar.
