El Gobierno retrasa otra semana la aprobación del Plan de Recuperación

El Gobierno ha decidido finalmente retrasar la aprobación en el Consejo de Ministros del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia en principio al próximo martes, ante el atasco en el diálogo de dos de las principales reformas, las referidas al mercado de trabajo y al sistema público de pensiones.

Salvo un nuevo cambio de última hora en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, el documento final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se retrasará una semana más y por tanto su aprobación definitiva por parte del Ejecutivo se producirá previsiblemente el martes de la semana que viene, 27 de abril, según han explicado a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

Lo que si verá la luz en el Consejo de Ministros este martes es una modificación del Real Decreto-ley de 11.000 millones que contempla ayudas directas a pymes y autónomos para que las comunidades autónomas puedan ampliar dichas ayudas (las regiones gestionarán el fondo de 7.000 millones de ayudas a pymes y autónomos) a más sectores y empresas con pérdidas en 2019 que no estuviesen incluidos entre los 100 ya recogidos. 

A pesar de que desde el Ejecutivo nunca dieron una fecha fija para la aprobación del documento ni para su remisión a Bruselas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó a finales de marzo que el Gobierno preveía remitir el Plan a Bruselas «bastante antes» del plazo fijado para ello (30 de abril), en torno a mediados de este mes.

Desde entonces se barajó el pasado martes, día 13, y este martes, 20 de abril, como posibles fechas para la aprobación en el Consejo de Ministros, si bien se ha ido postergando la aprobación en función de los acontecimientos en el diálogo social. La vicepresidenta segunda Nadia Calviño siempre ha apuntado que el plazo era hasta finales de mes.

De hecho, el pasado martes se produjo la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el principal órgano de gobernanza del Plan de Recuperación, y tras ella el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa para detallar el contenido del documento provisional. Además, el miércoles compareció en el Congreso para dar cuenta del mismo, recibiendo críticas de la mayoría de la oposición.

Sin embargo, finalmente el Ejecutivo ha decidido aplazar una semana más la aprobación del documento que recogerá 110 inversiones y 102 reformas para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá España hasta 2026 , si bien fuentes de Moncloa insisten en que el plazo límite para la remisión es el 30 de abril, faltando por tanto 10 días de plazo.

El escollo de las reformas de trabajo y pensiones

La demora de la aprobación del Plan de Recuperación le da más margen al Gobierno para poder cerrar los flecos y avanzar en algunos de los detalles del documento definitivo, principalmente en lo referido al atasco en el diálogo social de dos de las principales reformas del documento.

Se trata de la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. En el primer caso, el Ejecutivo avanza muy poco en el diálogo social reanudado hace pocas semanas, ante el rechazo de la vicepresidenta Calviño y CEOE de derogar la reforma laboral de 2012, frente a la exigencia bajo amenaza de movilizaciones de los sindicatos CCOO y UGT.

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se ha marcado como objetivo acometer los cambios antes del verano para una primera fase y ya ha planteado la limitación de la subcontratación y establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de establecer los salarios. También se ha avanzado, en este caso con consenso de los agentes sociales, en materia de políticas activas de empleo, una de las demandas de Bruselas, con un nuevo modelo al que se destinarán 3.5000 millones.

En el caso de la reforma de las pensiones, el diálogo social se encuentra más encallado ante las críticas de patronal y sindicatos a las medias propuestas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aunque este lunes se dio un pequeño avance alc realizar el Ministerio un guiño y ceder respecto a la compensación en la revalorización de pensiones con el IPC.

En concreto, Seguridad Social ha renunciado al sistema de compensaciones que preveía por el que las ganancias de poder adquisitivo de las pensiones registrada en los años de IPC negativo se devolverían los años siguientes rebajando los incrementos de pensiones en los ejercicios de inflación positiva. De esta forma, finalmente las pensiones se revalorizarán con arreglo al IPC en los años de inflación positiva y en los que haya caída de precios las pensiones se congelarán y los jubilados obtendrán poder adquisitivo con sus prestaciones.

Al margen de estos «ligeros avances», tanto en CCOO como en UGT señalan que se está lejos del acuerdo, con el rechazo generalizado, incluido Unidas Podemos, a la propuesta de Escrivá de endurecer la jubilación anticipada, además de otras materias pendientes como el factor de sostenibilidad y la derogación de la reforma de pensiones de 2013 que reclaman los sindicatos.

Se mantiene la previsión de recibir fondos en el segundo semestre

Desde el Ejecutivo sostienen que a pesar del nuevo retraso en la aprobación en el Consejo de Ministros se mantiene la hoja de ruta prevista para que se remita a Bruselas en plazo y a su vez la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación, incluido el español, en junio, una vez que los 10 países que restan por dar su visto bueno a la ‘decisión de recursos propios’ — tratado jurídico para que la Comisión pueda endeudarse en los mercados– y se desatasque la paralización de los últimos trámites por el Tribunal Constitucional alemán.

Así las cosas, el Gobierno confía en que empiecen a llegar recursos en la segunda mitad del año. El primer desembolso a modo de anticipo de unos 9.000 millones podría llegar en torno al mes de julio, mientras que el segundo de alrededor de 16.000 millones se produciría a finales de año o, en función de los tiempos, ya en 2022.

En todo caso, en el Ejecutivo insisten en que se han comenzado a ejecutar los fondos gracias a que se consignaron 27.000 millones de fondos europeos en inversiones en los Presupuestos de 2021 y, de hecho, la vicepresidenta segunda Nadia Calviño ha avanzado que Bruselas ultima autorizaciones necesarias para la ejecución de determinados proyectos y que estos permisos llegarán incluso antes de la presentación del Plan de Recuperación.

La previsión es que España reciba 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido de los fondos europeos hasta el año 2023, y se vayan movilizando “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022. La Comisión Europea permite solicitar los préstamos hasta julio de 2023.

En concreto, se irán movilizando los créditos previstos en la asignación a España de ‘Next Generation EU’, para financiar principalmente instrumentos financieros de inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 2023.

La movilización de estos créditos servirá para cubrir instrumentos financieros como, por ejemplo, el fondo Cofides de capitalización de empresas o el fondo Next-Tech para escalar startups, así como las reformas que comporten inversiones de magnitud variable, como el nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición.

En paralelo, actualmente el Ministerio de Hacienda está diseñando un sistema de información, gestión, seguimiento y control en el que participarán tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, según ha informado.

Para este seguimiento se elaborará un informe de gestión que reflejará el grado de avance en el cumplimiento de los hitos y objetivos de las distintas reformas e inversiones y aportará información sobre el grado de ejecución presupuestaria de cada componente del Plan de Recuperación.  

En total el plan va a aportar un crecimiento adicional de en torno dos puntos porcentuales al año a partir de 2021, favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución.