El Gobierno reforzará la Agencia Tributaria con 3.000 efectivos en tres años

El Gobierno contempla una inversión de 532 millones de euros hasta el año 2024 para reforzar la Agencia Tributaria (AEAT) y elevará en 3.000 efectivos la plantilla del organismo, hasta las 28.000 personas en 2023, con el fin de luchar contra el fraude fiscal y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo, de forma que se contribuya a amortiguar la crisis provocada por la crisis de la Covid-19.

Así se desprende del componente 27 de medidas y actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a Bruselas con 212 reformas e inversiones para canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos que le corresponden a España hasta 2026 en función del cumplimiento de hitos y objetivos de dicho plan.

En el organismo tributario llevan tiempo subrayando la necesidad de una mayor inversión y del refuerzo de la plantilla para poder avanzar en la lucha contra el fraude, máxime con los próximos encargos legislativos una vez que se apruebe la Ley de lucha contra el fraude fiscal, por lo que la inversión prevista contribuirá a afrontar los nuevos retos a corto y medio plazo.

En concreto, la inversión recogida en el componente, que aclara que dicha financiación no se acometerá con cargo al Plan de Recuperación, se duplicará desde los 64 millones del año pasado a los 126 millones este año, para situarse en 106 millones en 2022, 109 millones en 2023 y 191 millones en el año 2024. Así, en cuatro años el Gobierno destinará 532 millones de euros a reforzar la Agencia Tributaria.

Déficit de plantilla

En lo referido a la plantilla, el Plan de Recuperación contempla un «aumento de los efectivos de la Agencia Tributaria con la finalidad de alcanzar una plantilla de dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000″.

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ya había cifrado en un 20%, unos 5.000 efectivos, el déficit de plantilla del organismo en comparación a los grandes países europeos (Francia, Alemania y Reino Unido), y había marcado el objetivo de alcanzar una plantilla de 27.000 personas este año y en el medio plazo de entre 28.000 y 30.000.

La AEAT alcanzó su máximo de plantilla cuando sobrepasó los 28.000 efectivos, sin embargo con motivo de la crisis el personal fue reduciéndose hasta los 25.000 actuales. A pesar del refuerzo de 3.000 efectivos previstos para 2023, Gascón señaló en febrero que a posteriori habrá que evaluar las necesidades ante ele avance de las nuevas tecnologías y analizar qué hacen los países del entorno.

Dejó entrever así la posibilidad de que a medio plazo no se precise más personal ante las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. De hecho, el plan contempla que a cierre de cada año se evaluará el número de efectivos de la AEAT.

Ley de Fraude Fiscal este año: la ‘lista de morosos’ en 2022

El componente del Plan se divide en cinco grandes bloques, que pasan por las medidas dirigidas a la lucha contra el fraude, la modernización de la. Agencia Tributaria, la asistencia al contribuyente, la vertiente internacional y un nuevo modelo cooperativo con contribuyentes y órganos jurisdiccionales. 

El primer bloque, que contiene medidas expresamente dirigidas a la lucha contra el fraude, se concreta en la aprobación de la Ley de lucha contra el fraude, actualmente en tramitación en el Parlamento español, tras su atasco parlamentario desde el pasado mes de octubre. 

Con una recaudación prevista de 850 millones, la nueva ley amplia el concepto de paraíso fiscal, limita de 2.500 a 1.000 euros el pago en efectivo para operaciones entre empresas, prohíbe las amnistías fiscales, reduce del millón a los 600.000 euros la deuda para aparecer en la lista de deudores, que incluirá también a los responsables solidarios. 

Además, prohíbe el denominado software de doble uso e incorpora el valor de referencia como nueva base imponible de los impuestos patrimoniales.  Según el Plan de Recuperación, la reforma se implementará desde su publicación, prevista en el segundo trimestre de este año, si bien señala que “la entrada en vigor de la norma está prevista para el segundo trimestre de 2022”. 

Además, en el último trimestre de 2022 se realizará por la Agencia Tributaria (Dirección General del Catastro, en el caso del valor de referencia) una evaluación provisional de los efectos de la Ley de lucha contra el fraude y en el último trimestre de 2023 presentará un informe de evaluación proponiendo, a la vista de sus resultados, el mantenimiento de las medidas incluidas en la ley, su modificación o supresión.  

Adicionalmente, antes del final de 2021 se analizarán con las organizaciones representativas de autónomos y pymes medidas adicionales en el ámbito de la digitalización a desplegar en 2022 y 2023 para facilitar la normalización y estandarización de las obligaciones de facturación y registrales que vayan más allá del primer paso dado de prohibición del software malicioso. 

Modernización de la Administración 

En el bloque de la modernización de la Administración se recoge un apartado dedicado a la modernización informática de la gestión tributaria. Entre los proyectos trazados en este ámbito destaca la optimización y racionalización de los recursos tecnológicos de la Agencia Tributaria, tribunales económico-administrativos y Dirección General de Tributos, mediante el uso compartido de plataformas digitales comunes.  

Asimismo, se contemplan las “inversiones necesarias” para hacer efectivas las medidas organizativas y operativas orientadas a incrementar la eficacia de la Administración Tributaria en el control tributario. 

Otro objetivo es la eficiencia energética y alta tecnología como pilares de la gestión de los 500 inmuebles administrativos, en particular en aquéllos en los que se presta asistencia al contribuyente. Se recoge la construcción de las nuevas sedes del Departamento de Informática Tributaria, Delegación Especial de Valencia y Delegación Especial de Castilla-La Mancha, entre otros proyectos. 

Igualmente, se incluyen inversiones en medios y equipamientos, incluidos los medios aeronavales, que permitan la mayor eficacia en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y los delitos económicos relacionados, así como mejoras en la selección para detectar ingresos no declarados. 

El organismo tributario publicará anualmente su plan estratégico y para destapar hechos y bases imponibles ocultas, trabajará en colaboración con asociaciones de autónomos y reforzará las líneas de actuación con administraciones tributarias (autonómicas y locales), con la Seguridad Social y con la Inspección de Trabajo. 

Ante la futura cotización por ingresos reales de los autónomos, prevista para 2023, señala que supondrá una “nueva fuente de contraste”, y destaca que “la combinación de datos fiscales y de los registros de la seguridad social, junto con la utilización de técnicas predictivas y de minería de datos permitirá reducir las bolsas de economía sumergida en el ámbito del autoempleo y de las micro empresas”. 

Se impulsará la coordinación de las actuaciones en materia de lucha contra el fraude entre la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Seguridad Social, reforzando los protocolos de intercambio de información y la utilización de los datos resultantes de las distintas actividades inspectoras y de control como guía de las nuevas actuaciones para mejorar la lucha contra el fraude. 

Asistencia al contribuyente

En cuanto a la asistencia al contribuyente, que constituye uno de los pilares del Plan Estratégico 2020-2023, se recoge la implantación de un nuevo modelo de asistencia integral en la Agencia Tributaria a través de las ADI como plataformas dirigidas a prestar servicios de información y asistencia por medios electrónicos mediante la utilización de canales de comunicación no presenciales con información.

Ofrece información censal, de IVA, notificaciones de la AEAT, contestación por escrito y servicios de asistencia en declaraciones de IVA par autónomos y pymes, IRPF e IVA en módulos o declaraciones complementarias y rectificativas de IRPF, entre otros.

También figura aquí mejoras ya en marcha, como la de los datos fiscales en el Impuesto de Sociedades, el borrador del IVA o la habilitación al contribuyente para incorporar la información de los libros registro a RentaWeb.

Vertiente internacional

Sobre la vertiente internacional el Ejecutivo destaca que la Agencia Tributaria dispone de un volumen de información procedente de fuentes internacionales que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, por lo que «han de perfeccionarse los pertinentes desarrollos informáticos y labores de depuración de información que permitan que la misma sea tratada y utilizada de una manera cada vez más eficaz».

El documento subraya el alto impacto del Brexit en España e incide en que hay un «fuerte interés» por muchos Estados en establecer mecanismos comunes que les permitan mantener la integridad de sus sistemas tributarios, ya que el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha facilitado que los contribuyentes de un Estado sean titulares de inversiones en jurisdicciones distintas de aquélla en la que tienen su residencia fiscal, algo que a veces acaba siendo una herramienta para la evasión fiscal.

Códigos de buenas prácticas

Por último, el Plan marca como directriz impulsar la adhesión a los códigos de grandes empresas, asociaciones y colegios de
profesionales tributarios y asesores fiscales ya aprobados, así como la aprobación y firma de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos.

Además, se fomentará la remisión a la Agencia Tributaria de informes de transparencia por parte de las grandes empresas.