El Gobierno subirá el sueldo de funcionarios y las pensiones con el IPC al menos hasta 2024

El Gobierno prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios a partir de 2022 y al menos en los dos ejercicios siguientes, 2023 y 2024, así como una paga compensatorio el próximo año a los pensionistas al augurar que la inflación de 2021 será más alta del 0,9% al que se han revalorizado las pensiones este año.

Así se desprende del Programa de Estabilidad 2021-2024 elaborado y remitido este viernes por la tarde por el Gobierno a Bruselas, en el que se recoge el nuevo cuadro macroeconómico y la actualización de la senda de consolidación presupuestaria desde este año y hasta el ejercicio 2024, con una previsión de crecimiento del 6,5% este año y un déficit del 8,4% del PIB.

El documento incluye una novedad importante para dos importantes colectivos, el formado por los empleados públicos, que superan los 3,5 millones de trabajadores entre todas las administraciones públicas, y para los más de 9 millones de pensionistas.

Y es que el Ejecutivo ha comunicado a Bruselas que «a partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios».

De hecho, afirma que la estrategia fiscal recoge un escenario inercial que parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que incorpora, entre otros, varias normas, así como «la actualización de pensiones y cotizaciones y una subida retributiva de los salarios públicos constante todos los años, sin incluir el impacto de todas las medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Es decir, que el Gobierno se compromete ante la Comisión Europea a subir. todos los años del periodo 2021 a 2024 el sueldo de los funcionarios y las pensiones con arreglo a la evolución del IPC.

El sueldo de los funcionarios

Respecto a los empleados públicos, el documento detalla que los gastos de personal suponen el 8% del gasto total no financiero, y aumentan un 4,2% respecto al presupuesto base 2020. Este importe recoge el incremento retributivo de los empleados públicos de un 0,9%, con el objetivo de garantizar su poder adquisitivo.

El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2021 una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, en línea con la aprobada para los pensionistas conforme a la previsión de IPC. El aumento del salario de los empleados públicos ha sido, no obstante, inferior a la del 2% de 2020 que en algunos casos alcanzó hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales.

Ante la ausencia de un nuevo acuerdo marco retributivo, conforme al escenario inercial, el Gobierno señala que más allá de este año»se ha previsto un crecimiento en línea con la evolución de precios, efecto que «se verá ligeramente consolidado por un menor crecimiento de este gasto en los años 2022, 2023 y 2024».

Este menor crecimiento del gasto será consecuencia de la paulatina disminución de las contrataciones de personal sanitario del SNS, y de otras contrataciones asociadas a la pandemia (tales como personal auxiliar, de limpieza y desinfección, personal investigador o de seguridad), fundamentalmente en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales, habiéndose consolidado, no obstante, una parte de este gasto.

La subida del 0,9% de este año a los empleados públicos podría quedarse corta respecto a las previsiones actuales de IPC, y respecto a la evolución que vienen registrando los precios, que cerraron abril con un alza del 2,2%, su mayor repunte desde 2018.

Con la confirmación del Gobierno de ligar al menos temporalmente la variación salarial de los funcionarios al IPC, se desvela la política retributiva de la mano del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miguel Iceta, tras la etapa anterior del PP en la que se contemplaban acuerdos que recogían alzas conforme a la evolución del PIB, y no del IPC como ahora.

En todo caso, la remuneración de asalariados aumenta en 2021, un 3,8%, hasta el 12,1% del PIB, una vez finalizado en 2020 el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, firmado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
Esta evolución recoge, por un lado, el incremento del 0,9% de las retribuciones salariales aprobado por los PGE para 2021 y la propia tasa de reposición de efectivos asociada al crecimiento de la economía, y por otro, al refuerzo adicional en el número
de efectivos en el ámbito de las comunidades autónomas necesario para el desarrollo de las reformas e inversiones asociadas a los proyectos financiados en el periodo 21- 24 con los fondos REAC.

El Banco de España no secundaba el alza a funcionarios

La subida del sueldo de los funcionarios el año pasado ya provocó un toque de atención por parte del Banco de España al Gobierno al advertir de que el desajuste de estimar más inflación de la que luego se da genera un incremento del gasto público «especialmente cuestionable» en el contexto de destrucción de empleo por la crisis y un deterioro «muy acusado» de las cuentas públicas.

De hecho, llegó a señalar la conveniencia de implementar conforme a criterios objetivos aumentos más focalizados dentro del colectivo, como por ejemplo al personal sanitario, en vez de alzas salariales generalizados para la totalidad de empleados públicos.

En la misma línea, el FMI opinó que se deberían evitar los compromisos de subir permanentemente el. gasto vinculado al alza de sueldos públicos y pensiones, para atajar el déficit estructural y la presión del gasto a largo plazo por el envejecimiento poblacional.

Los pensionistas recibirán una paga compensatoria en 2022

En cuanto a los pensionistas, a cierre de abril se alcanzó una cifra de 9.815.728 pensiones contributivas, un 0,3% más interanual y, de ellas, 6.141.415 fueron de jubilación, 2.352.694 de viudedad, 947.296 de incapacidad permanente, 340.912 de orfandad y 43.228 en favor de familiares.

Para los pensionistas el Gobierno contempla también una revalorización de sus pensiones con arreglo al IPC, tal y como se había comprometido y se había acordado ya en el Pacto de Toledo. Eso sí, precisa en el documento que «en 2022 se prevé una paga 
compensatoria por una inflación en 2021 posiblemente más alta del 0,9% al que se han  revalorizado las pensiones este año».

El Programa de Estabilidad también recoge la prórroga de las medidas de ámbito laboral aprobadas para mitigar los efectos de la pandemia, como los ERTE o las prestaciones extraordinarias de cese de actividad, hasta finales de este año y su finalización a partir de 2022.

«Conforme al escenario inercial se ha previsto la finalización a partir de 2022 de todas las medidas de ámbito laboral
adoptadas en 2020 y 2021 para combatir la crisis económica derivada de la pandemia», especifica.

El gasto en prestaciones cae un 1,5%, hasta el 18,6% del PIB

El documento también revela que en 2021 el gasto en prestaciones sociales registrará un  descenso del 1,5%, pasando de un 20,3% del PIB en 2020 a un 18,6% del PIB en  2021, debido a la variación sustancial del gasto por ERTEs y ceses de actividad en 2021  respecto de 2020.

No obstante, en esta rúbrica se incluye, en primer lugar, el  comportamiento del gasto en pensiones, que es la principal partida de gasto que  mantiene la tendencia de años anteriores con un crecimiento de gasto del 4,1%, y es  consecuencia del incremento en el número de pensionistas, del efecto sustitución al ser  las pensiones nuevas superiores a las ya existentes, y de la revalorización de las  pensiones con el IPC, que aumentarán, conforme a los PGE 2021, en un 0,9%. Hasta abril el gasto en pensiones marcó un récord de 10.136 millones de euros.

A esto  hay que añadir el impacto del Ingreso Mínimo Vital, que en 2021 impactará en un  ejercicio completo a diferencia de 2020 que impacto un solo semestre. 

Para el resto del período el gasto en pensiones recoge un triple efecto: el  incremento del número de pensionistas, el efecto sustitución y la revalorización de las  pensiones conforme a la evolución de los precios