El Gobierno prevé endurecer las prejubilaciones y subir la cotización máxima
El nuevo factor de sostenibilidad se aprobará en 2022, así como los cambios en el cómputo de las pensiones, pero se desplegarán desde 2023
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Foto de Archivo.
El Gobierno se propone aprobar antes de que finalice el año 2022 una subida gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, para «reforzar la capacidad financiera de la Seguridad Social», parejo a una elevación de las pensiones máximas, a través de una implementación durante las tres próximas décadas.
Así consta consta en el componente 30 referido a las reformas de las pensiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Ejecutivo a Bruselas el pasado viernes y publicado en su totalidad este miércoles, en el que especifica que la medida de subida gradual de la base máxima de cotización se discutirá en el marco del diálogo social, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema, y «no se prevén impedimentos relevantes» para su puesta en marcha.
La intención del Ejecutivo es acometer la subida gradual de la base máxima de cotización en un plazo de 30 años, lo que implicará un aumento de la presión fiscal sobre los salarios más elevados.
Eso sí, en paralelo al conocido como ‘destope’ de las cotizaciones, consistente en ese alza de las bases máximas de cotización que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya negocia en el marco del diálogo social, se acometerá en el periodo un aumento de las pensiones más altas.
En este sentido, el documento señala que «la adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema».
Además, destaca que el hecho de que la evolución de las bases máximas se acomode a «una senda muy gradual y conocida de antemano permite además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente».
Primera fase de la reforma de pensiones: revalorización y gastos impropios
El componente 30 del Plan de Recuperación recopila todas las medidas que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previstas acometer antes de que acabe este año y el próximo ejercicio para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, en su mayor parte ya desgranados por el propio ministro en distintas comparecencias.
Las reformas que se acometerán con mayor prontitud antes de que acabe 2021 son las referidas a la revalorización de las pensiones con el IPC, una medida que comportará un gasto de 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer «de forma intensa», si bien cree que será asumible» en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de contención del gasto.
En este sentido, recuerda que el nivel de gasto en pensiones es todavía moderado en comparación con otros países del entorno europeo con modelos similares y que la reforma de 2011 no ha desplegado todavía todos sus efectos y es «susceptible de profundización».
También figura la aproximación de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la edad legal que se sitúa en 65 años y 10 meses, aunque ya hay un aumento progresivo de la edad de jubilación ordinaria previsto y aprobado de los 65 años actuales a los 67 años en 2027.
El Gobierno subraya que la jubilación anticipada debe pasar a ser una excepción y no una forma habitual de jubilación que oculta fórmulas de regulación de empleo. A la vista de la evolución más reciente de las altas de jubilación, señala que se precisa de una «atención prioritaria» a la jubilación voluntaria, modalidad que en el año 2019 representó el 16% del total de jubilaciones y en 2020 el 19%.
Para ello, se plantea el endurecimiento de las prejubilaciones mediante la modificación del diseño de los coeficientes reductores antes de que acabe el año para «conseguir la progresiva alineación de las edades legales y efectivas de jubilación en la línea marcada por el Pacto de Toledo», lo que precisa modificar la norma legal que establece estos sistemas (Ley General de la Seguridad Social).
Otra de las reformas pasa por la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para descargar al sistema de gastos que le son impropios y trasladándolos al Estado, ya iniciada en los Presupuestos de 2021 y con continuidad hasta 2023.
Medidas en 2022 factor de sostenibilidad y cambios en el cómputo desde 2023
Para una segunda tanda de reformas en el ámbito de pensiones a acometer en 2022 y desplegar en periodos sucesivos, el Ejecutivo proyecta la segunda adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023, con el fin de acabar con las llamadas «lagunas» de cotización.
En detalle, plantea «adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional«. Este es precisamente uno de los puntos que han suscitado las protestas de organizaciones y sindicatos en los últimos tiempos.
Asimismo, también se aprobará antes de que acabe 2022 la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional en el acceso a las pensiones negociado con los interlocutores sociales y avalado por el Pacto de Toledo que, corrigiendo desequilibrios estructurales, «sin sobrecargar en las generaciones más jóvenes el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los baby-boomers, y con capacidad de operar en los parámetros del sistema en la esfera de ingresos y/o gastos».
Cotización de autónomos por ingresos reales y planes de pensiones de empleo
El Ejecutivo también proyecta aprobar en el primer semestre, y desplegar desde esa fecha, un nuevo sistema de
cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos por la actividad económica
desempeñada. En la última reunión el Gobierno había trasladado que el sistema de cotización por ingresos reales sería desde 2023.
También prevé para la segunda mitad del próximo año revisar el marco regulador del sistema de pensiones complementarias con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial. Para ello, prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico para el impulso de los planes de pensiones de empleo con el fin de dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos que actualmente no tienen acceso a estos instrumentos de segundo pilar. Según el Gobierno, los planes individuales crecen moderadamante pero los planes de empleo permanecen estancados en el entorno de los 34.000 millones de euros desde 2014 y con una tendencia a la baja del número de partícipes desde 2011.
Como novedad, podrán articularse a través de fondos de pensiones de promoción pública que introducirán competencia en el sector, mejorando la eficiencia de costes. Se favorecerá, además, la movilidad de los trabajadores entre empresas gracias a la posibilidad de traspasar los derechos por las aportaciones realizadas en la empresa de origen.
Para extender su uso, detalla que «se desplazará la fiscalidad actualmente favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva. El objetivo es la extensión de estos planes complementarios vinculados al empleo, de manera que la población cubierta aumente desde los dos millones de trabajadores actuales a 13 millones en 2030 y hasta alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta en el largo plazo.
Con la medida también pretende que los activos bajo gestión, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% al final de esta década y un 18% en 2040 y un 31% en 2050, convirtiéndose en una «fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital».
La reforma pretende cubrir a todos los trabajadores, especialmente a los autónomos y menores de 35 años. Además, el Gobierno precisa que también se pretende extender progresivamente los planes de empleo entre los más de 3 millones de empleados públicos, estableciendo unos estándares mínimos ante la heterogeneidad de la cobertura entre los diversos niveles de administración territorial.
