El Gobierno plantea restringir la bonificación de los carburantes a algunos colectivos
La medida cuesta más de 4.500 millones a las arcas públicas y no beneficia a las rentas más bajas
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. EFE/ Javier Lizon
La bonificación de los 20 céntimos el litro a los carburantes, que comenzó el 1 de abril, finalizará el 31 de diciembre de 2022 y todo indica que no se prorrogará en los términos vigentes hasta el momento. El Gobierno aboga ya abiertamente por restringir la bonificación «al ámbito profesional o a algunos colectivos», según ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este miércoles, y adelantó la vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, el lunes.
En una entrevista en TVE, Calviño ha señalado que «lo más deseable» sería restringir esta ayuda, que tiene «un impacto positivo sobre la inflación», pero también un coste fiscal «muy importante» y que «no discrimina entre las personas con mayor y menor renta». «En general, el objetivo tiene que ser que centremos las ayudas en las familias más vulnerables, en las personas de clase media, los trabajadores, los autónomos, pero no en aquellas familias que quizás no necesitan este apoyo con los fondos públicos«, ha afirmado.
En la misma línea se manifestó el lunes Ribera: «la subvención fue una decisión de emergencia. Los precios muy elevados de los combustibles requerían una reacción rápida, generalizada y de aplicación sencilla, pero cada vez es más importante concentrar el esfuerzo en quien más lo necesita», explicó en una entrevista en RNE.
Más de 4.500 millones de euros
Uno de los motivos fundamentales para no prorrogar esta medida es que tiene un coste importante para las arcas públicas, en concreto, de 4.531 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2022, según la AIReF, siendo con diferencia la medida más costosa de todas las tomadas en respuesta a la crisis energética. Las ayudas sectoriales cuestan, hasta finales de año, 4.122 millones; las ayudas directas a particulares 540 millones; el resto de ayudas a particulares 4.706 millones y las ayudas a refugiados 1.200 millones. Extender hasta el 31 de diciembre de 2023 la bonificación a los carburantes supondría, según este organismo, un gasto de otros 576 millones de euros.
El otro motivo es que hay consenso en que esta medida beneficia más a las personas que más carburantes consumen y no a las rentas más vulnerables, como recomiendan los organismos internacionales. Desde Esade sostienen que el descuento de 20 céntimos a todos los carburantes y a todos los consumidores, independientemente de su renta, tiene “escasa eficiencia” e incluso “efectos regresivos” porque beneficia más a los hogares que consumen mayor cantidad de carburantes, los de mayor renta.
Algo en lo que coincide la AIReF, que critica la falta de focalización en los individuos de menor renta de las medidas del Gobierno sobre los precios de la energía, ya que «la rebaja del IVA sobre el gas o la bonificación al consumo de combustible se concentran más entre las rentas altas». La bonificación a los carburantes se prolongará, por el momento, hasta el 31 de diciembre de 2022.
