El Gobierno oculta el Plan de Recuperación con la excusa de la «complejidad técnica»

Tras meses de contacto continuado entre la Comisión Europea y el Gobierno de España para configurar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes su remisión a Bruselas, si bien la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha eludido concretar las reformas del mismo, más allá de los detalles conocidos hasta la fecha.

La ministra se ha limitado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a apuntar que el documento definitivo contiene más de 2.000 páginas y a recordar las grandes líneas y objetivos del mismo ya conocidos, pero no ha entrado en detalles sobre las reformas precisas ni los calendarios previstos para las que concentran mayor atención: la reforma laboral, de pensiones y fiscal.

Montero se ha escudado en la «complejidad técnica» que presenta la plataforma habilitada por la Comisión Europea para que los Estados miembros suban los documentos con los componentes y las fichas de sus respectivos planes para justificar que no se publique el documento definitivo del Plan de Recuperación español, que contiene 110 inversiones y 102 reformas.

En este sentido, ha indicado que los detalles del mismo se irán conociendo en la medida que se vayan remitiendo a Bruselas el conjunto de contenidos a lo largo de esta semana y ha asegurado que los técnicos están trabajando en la adaptación del formato del documento final al perfil técnico que exige la Comisión Europea para poder subir los documentos a la plataforma que ha habilitado.

Según Montero, la intención es formalizar y adaptar los contenidos a los formatos que precisa la Comisión y hacerlos públicos como tarde este viernes, 30 de abril, fecha límite «tentativa» pero no obligatoria marcada por Bruselas y el plazo que se ha fijado el Gobierno tras haber pospuesto varias semanas la aprobación del documento ante las dificultades en el diálogo social en varias de las reformas, como la laboral o la de pensiones.

Los ministros informarán del contenido

A partir de ese día, ha avanzado que los ministros irán compareciendo o convocando encuentros informales con periodistas (‘briefings’) para desgranar los contenidos de las inversiones y reformas de sus departamentos y concretar los calendarios previstos para las mismas, con independencia de que próximamente se publicará el documento definitivo.

«Se van a publicar los textos, pero el Gobierno hará el esfuerzo de que cada ministro explique sus componentes y las dudas que puedan surgir», ha apostillado la ministra.

En cualquier caso, ha recordado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya desgranó en comparecencia de prensa y en el Congreso las líneas generales del plan, que aborda “los retos y cuestiones más importantes y trascendentes en los que debe centrarse la política española” para conseguir un país “más competitivo, equitativo, convivencia, bienestar social y económico”. 

Las principales reformas quedan abiertas

El equipo económico de Presidencia del Gobierno liderado por el economista Manuel de la Rocha no ha parado desde el pasado viernes y ha estado puliendo los últimos flecos de la negociación con la Comisión. En reuniones telemáticas han ido aclarando puntos durante las últimas horas respecto a la reforma laboral, según ha podido saber ED.

Y este mismo lunes, el documento también siguió siendo supervisado por los ministerios económicos (Economía, Hacienda y Trabajo). El Ejecutivo ha trabajado a contrarreloj para poder aprobar el documento definitivo este martes, con el fin de remitirlo a Bruselas en los próximos días, antes del viernes.

El atasco de las negociaciones en el ámbito de la modernización del mercado de trabajo, ante el rechazo de CEOE a la hoja de ruta presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y especialmente en lo referido a la negociación sobre las pensiones, ante la oposición a las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han ido demorando la elaboración final del documento.

Tal y como adelantó ED, las principales reformas que solicita Bruselas, pensiones, laboral y de fiscalidad, no se desarrollarán al completo, a la espera de seguir avanzando en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, por lo que el Plan aprobado recoge una hoja de ruta indicativa. De estas forma, la primera que se abordará será la laboral a lo largo del año; mientras que entre finales de 2021 y principios de 2022 será el turno de la reforma de pensiones. La fiscal se aplaza a 2022.

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se ha marcado como objetivo acometer los cambios antes del verano para una primera fase y ya ha planteado la limitación de la subcontratación y establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de establecer los salarios.

La propia ministra se reunió la semana pasada con los mandatarios de la UE (vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli) destacando la “buena acogida” a su hoja de ruta. También se ha avanzado, en este caso con consenso de los agentes sociales, en materia de políticas activas de empleo, una de las demandas de Bruselas, con un nuevo modelo al que se destinarán 3.5000 millones.

En el caso de la reforma de las pensiones, el diálogo social se encuentra más encallado ante las críticas de patronal y sindicatos a las medias propuestas por Escrivá, aunque se han dado pequeños avances al realizar el Ministerio un guiño y ceder respecto a la compensación en la revalorización de pensiones con el IPC, así como a no subir las las bases máximas de cotización que iba ligado a un incremento de las pensiones máximas para atraer a CEOE, que se opine a aumentar los costes laborales.

Por su parte, sobre la reforma fiscal se ha constituido el grupo de expertos que revisará todo el sistema tributario, y la ministra Montero ya aclaró que no se acometerán subidas en los Presupuestos de 2022 y que incluso habrá bajadas e incentivos fiscales, tras las palabras de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, respecto a que “no es el momento” de subir impuestos y las críticas del lado empresarial.

CEOE ve «bastante genérico» el documento

De su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado este martes que tras “varios meses” trabajando con el Gobierno en el marco del diálogo social, el Ejecutivo les presentó el plan hace una semana y lo ve aún “bastante genérico”.

Garamendi cree que al Plan de Recuperación, basado en los pilares de la transición ecológica y digital, la igualdad y la cohesión social y territorial, aún le queda “mucho recorrido” y “mucho trabajo por delante”, puesto que “de momento es bastante genérico”, tras el documento presentado por Sánchez en el que se recogían de forma resumida algunas de las reformas e inversiones.

En este sentido, ha subrayado que los empresarios quieren ver cómo se van a plasmar estos planes en la iniciativa privada y ha hecho especial hincapié en las reformas estructurales que precisa España, especialmente en las que reclama Bruselas, una de las exigencias de la patronal mostrada en las negociaciones en el diálogo social en lo referido al mercado de trabajo o de pensiones.

Esade ve falta de concreción y de ambición reformista y de inversión

A su vez, EsadeEcPol ha dicho ver como el déficit principal del documento la «tímida apuesta reformista y de inversión» por la educación y el conocimiento, desde la educación no universitaria a las políticas activas hasta su digitalización, pasando por la escasa mención de la reforma universitaria o la baja ejecución del presupuesto de ciencia e I+D.

De manera similar, identifica como deficiencias su “falta de concreción y ambición reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior”.

Por el contrario, destaca tres aspectos positivos principales del Plan de Recuperación, como su «acierto» en el diagnóstico de los principales fallos de la economía española, la adecuación con las prioridades establecidas por la Comisión Europea y las recomendaciones del Semestre Europeo para España, y en particular, en materia de transición ecológica y digital, y «la desaparición de algunas reformas muy cuestionadas que se habían venido lanzando desde algunos sectores del Gobierno”.

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