El Gobierno matizará su reforma eléctrica para que no perjudique a las renovables
El ejecutivo dispone de un margen de 30 días para añadir matices y rectificaciones al decreto-ley antes de que sea enviado a las Cortes
Imagen de un parque eólico flotante. Foto: Nicholas Doherty
El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado este jueves que enviará una nota aclaratoria para asegurarse que el paquete de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado martes no afectará a las energías renovables, sino que los recortes se aplicarán únicamente a los proyectos que hayan integrado el incremento de los precios del gas.
Según ha avanzado el digital Vozpopuli, tanto la ministra Teresa Ribera como la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, han mantenido este jueves una reunión con varias asociaciones de empresas del sector de las renovables y, tras expresar la incertidumbre que viven las empresas de este sector, el Gobierno se ha comprometido a matizar el decreto-ley y hacer un anuncio público para que medidas como las subastas de energía o la retención de beneficios de a empresas como Endesa o Iberdrola les afecten.
Pese a que todavía no ha quedado claro el formato que tomará esa rectificación, al Gobierno le quedan 30 días para solventar todos los problemas que el decreto-ley pueda suscitar y enviar el texto al Congreso.
No obstante, el Ejecutivo sí planea mantener los recortes los contratos de venta de energía a largo plazo (PPA) que se han firmado con empresas del mismo grupo, por lo que las empresas renovables no están todavía fuera de peligro.
El pasado martes el Gobierno anunció una batería de propuestas que ha abierto una cruda batalla entre el sector energético empresarial y el Ejecutivo de Sánchez y es que, entre las seis medidas, que contemplan desde la bajada de impuestos hasta una suerte de salvoconducto para que no se retire el servicio de luz a las familias vulnerables, hay dos que han enfurecido a las grandes eléctricas.
En concreto: se trata de la obligación de subastar parte de su energía, de forma que pequeñas y medianas empresas energéticas podrán intervenir en un mercado que parece hecho a medida para los gigantes energéticos españoles y la retención de hasta el 90% de los beneficios extraordinarios de las empresas, que se producen por los desajustes en los mercados internacionales del gas.
Ello ha llevado a que los accionistas, por un lado, amenacen con llevar esta batería de medidas a los tribunales y, por el otro, a que grandes empresas como Iberdrola amenacen con romper el pacto con el Estado y adelanten el cierre de las centrales nucleares, al no ser tan rentables, algo que, avisan, encarecería hasta un 20% adicional el precio de la luz en primera instancia.
