El Gobierno limitará a tres años las plazas de interinos en las administraciones
Iceta limitará los contratos de interinos para cubrir plazas y marca para antes del verano alcanzar acuerdo para reducir temporalidad al 8%
El Constitucional admite a recurso el recurso del Gobierno contra le ley catalana de alquileres./ EFE
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, está decidido a reducir la temporalidad en las administraciones públicas, uno de los principales problemas denunciados por los empleados públicos y los sindicatos, y para ello acometerá la reforma el estatuto básico del empleado público para establecer la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por trabajadores sin contrato fijo.
Así lo ha anunciado Iceta en su primera comparecencia ante la Comisión de Función Pública del Senado, en la que ha dicho ser “muy consciente” de las demandas y las movilizaciones de las plataformas de interinos ante la problemática de la temporalidad, por lo que ha asegurado que se dará “respuesta y solución”.
Iceta ha achacado el problema de la temporalidad en las administraciones a la austeridad de los últimos años, ya que entre 2012 y 2015 las tasas de reposición de plazas fueron del 0%, lo que hizo que las administraciones se viesen “abocadas” a la contratación de personal interino.
Asimismo, ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 elevaron por primera vez la tasa de reposición hasta el 100%, llegando a alcanzar la tasa de sectores prioritarios el 110%. En entidades locales que tengan amortizada su deuda financiera la tasa general es del 110% y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía autonómica y locales, del 115%.
Sin embargo, ha admitido que esa tasa de reposición no resuelve la bolsa de empleo temporal ni la temporalidad del conjunto de las administraciones, a pesar de no ser para todas las administraciones por igual, ya que en la Administración General del Estado (AGE) ronda el 8%, el objetivo que se pretende alcanzar, siendo inferior a la de otros sectores, como la administración autonómica en la que supera el 30%, sobre todo en salud y educación, y en los ayuntamientos se sitúa en el 13%.
El ministro ha indicado que «cierta temporalidad es aceptable, incluso necesaria», en servicios que no pueden dejar de prestarse, como los médicos, enfermeros o camilleros, ha puesto como ejemplo para explicar la necesidad de contar con una bolsa de interinos, si bien ha defendido que una persona que realice una labor estructural «permanente», lo «normal» es que la realice con un contrato fijo y no «desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro».
Límite de 3 años para cubrir las plazas ocupadas por interinos
De esta forma, ha detallado algunas de las medidas «eficaces y objetivas» que pretende acometer para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, de forma que se ponga énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima.
Para ello, llevará al Congreso la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas existentes que hoy ocupan personas sin contrato fijo.
En este sentido, el Ejecutivo estaría valorando derogar las excepciones legales que permiten el encadenamiento ilimitado de contratos temporales en el sector público y limitará a tres años el periodo en el que una administración pública puede mantener una relación laboral temporal o de interinidad con un trabajador para ocupar una vacante pendiente de cubrir.
Además, se regulará una nueva ampliación de los procesos de estabilización, al detectarse un desarrollo más lento del previsto, y bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, desarrollará un nuevo proceso en el que se promueva la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural, como puede ser el caso de los encargados de realizar nóminas o los trabajadores de la limpieza.
Esa, ha dicho, es una situación distinta al caso de los trabajadores incorporados a un proyecto concreto con una duración “tasada”, supuesto para el que seguirá siendo necesario tener una bolsa con un “cierto volumen de interinos”, para cubrir puestos que no pueden esperar y precisan de la incorporación inmediata, como médicos.
Acuerdo para reducir la temporalidad, antes del verano
“Intentaremos hacer las cosas bien”, ha apostillado Iceta, quien ha marcado a su vez su intención de que la tasa de temporalidad no pueda exceder el 8% en el conjunto de las administraciones. En este punto, ha mostrado su “compromiso” de que antes del verano las CCAA, los entes locales y los sindicatos alcancen un acuerdo sobre las medidas para alcanzar esa meta de reducción de la temporalidad.
A este respecto, ha recordado que el pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público, en la que participan también CCAA, entes locales y el Ministerio de Hacienda, y en ese marco se pretende discutir los criterios y tener la radiografía más precisa posible sobre la situación de interinidad en el conjunto de las administraciones.
Además de la reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dicha comisión está trabajando en la concreción de los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización, así como en las tasas de reposición “flexibles” a aplicar para poder absorber en un plazo “razonable” las plazas estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad.
«No se puede hacer fijo por ley a un funcionario ni concursos restringidos»
Ante las críticas y exigencias de los grupos de la oposición sobre la situación de los interinos, Iceta ha señalado en su turno de réplica que «no se puede hacer fijo por ley a un funcionario concreto», según ha establecido el Tribunal Constitucional, y a este respecto ha recordado que el Gobierno vasco ha intentado hacerlo en algunos casos con efectivos de la policía autónoma vasca y el TC ha dicho que vulnera criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Tampoco se pueden realizar concursos restringidos, pero «nadie impide valorar de forma muy especial el conocimiento, la experiencia y el haber trabajado un tiempo en la plaza que se quiere acceder», y no ha visto con buenos ojos soluciones como la de las indemnizaciones.
Por ello, considera que la búsqueda de una solución ha de ser «encajable en el marco constitucional» y si se requiere la modificación de algunas leyes modificarlas. Se acometerá la transposición de la directiva europea que desecha la temporalidad por regla general, al tiempo que se abordará un proceso de estabilización extraordinario acordado con todas las administraciones, ya que la afectación entre unas y otras es «muy distinta» y conforme a la cogobernanza.
La idea es en junio tener aprobada la propuesta de reforma vía real decreto del EBEP y acordado con CCAA, ayuntamientos y sindicatos el plan extraordinario de estabilización, configurado como «un verdadero plan de choque» para atajar la temporalidad.
Iceta ya avanzó a mediados de marzo que la oferta de empleo público (OEP) de este año se publicará el próximo mes de junio con el fin no debilitar los servicios públicos, por lo que alcanzará a “todas las administraciones”, aunque no de una forma igual.
La última oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) fue aprobada el pasado mes de octubre, correspondiente al ejercicio 2020, con un total de 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año previo, que fue la mayor de los últimos diez años.
El anteproyecto de Ley de Función Pública en la AGE, en septiembre
Igualmente, ha avanzado que en septiembre se aprobará en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado que siente las bases de una reforma «integral, profunda y ambiciosa» del régimen del empleo público en la Administración General del Estado.
Esta nueva ley pretende consolidar un modelo de empleo público «profesional, productivo, eficaz y motivador, con una
organización en materia de recursos humanos más flexible, ágil e innovadora en sus procedimientos», según ha explicado, señalando que uno de los aspectos más novedosos será el desarrollo de la figura del directivo público profesional.
Plan de captación de talento y reforma del modelo de selección en mayo
Además, se trabaja en un plan de captación de talento, que se presentará antes del verano, para reducir la edad media de las plantillas –de 52 años de media frente a los 42,5 años del sector privado--, para lo que se ha lanzado un plan de atracción de talento en las redes sociales y se modificarán los procesos de selección para que primen la capacidad y la actitud y menos a la capacidad memorística.
El ministro ha facilitado datos que justifican la necesidad de incorporar al talento joven, ya que en 10 años, el 51% del personal de la AGE se habrá jubilado, y apenas el 12% del personal tiene hoy menos de 40 años.
Iceta ha anunciado que en mayo se presentará una Estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público, abierta al debate y la participación, para lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) también ultima un plan estratégico de mejora de la capacitación digital. Tras el verano también se aprobará un real decreto de Teletrabajo en la AGE para dar soluciones a las zonas poco pobladas y cobertura a vacantes en esas zonas.
El acuerdo sobre teletrabajo en la AGE Se firmó con los sindicatos el pasado 12 de abril con los criterios generales para el desarrollo del teletrabajo, que se regulará en un Real Decreto en septiembre para su implantación en la AGE.
Inversión de 1.000 millones de los fondos europeos
El ministro ha detallado que el Ejecutivo invertirá 1.000 millones de euros de los 4.000 millones del componente 11 del Plan de Recuperación del Gobierno, que contempla la modernización de las administraciones públicas, para reducir la temporalidad, elevar la tasa de reposición y captar talento joven para las administraciones públicas.
De estos, 970 millones se entregarán directamente a las comunidades autónomas y entidades locales, y 30 millones los gestionará directamente el Ministerio, para lo que se están ultimando los criterios que deben informar de los proyectos que se desarrollen.
Por último, también ha anunciado que, en el marco del Tercer Plan para la Igualdad de Género en las administraciones, ya está listo el borrador del nuevo protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo para la AGE y en los próximos días se iniciará la negociación con las organizaciones sindicales en la comisión técnica de igualdad.
