El Gobierno permite a las CCAA ampliar ayudas a más sectores y a empresas con pérdidas en 2019
Las empresas podrán aplazar dos años las deudas por reintegro de ayudas públicas o préstamos y fraccionarlas otros dos ejercicios
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. EFE/Ballesteros
La crisis de la Covid-19 se prolonga y el Gobierno se ve obligado a seguir implementando medidas para paliar sus efectos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del real decreto ley de medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la Covid para que las CCAA puedan ampliar los sectores y empresas beneficiarias de las ayudas directas de la línea dotada con 7.000 millones de euros.
Además, el decreto incluye para las empresas el aplazamiento por un periodo máximo de dos años desde el vencimiento de las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y Hacienda, y un vez transcurridos esos 24 meses de carencia, la posibilidad de fraccionar el pago en hasta dos años adicionales.
En la rueda de prensa posterior la Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado que estas medidas para garantizar la liquidez y la solvencia de las empresas se suma a las aprobadas para aplazar el pago de deudas tributarias y aduaneras.
Más sectores como vino o calzado y empresas con pérdidas de 2019
La modificación incluida permitirá a las regiones puedan incluir como beneficiarios de estas ayudas a otros sectores adicionales a los 95 recogidos en el real decreto-ley, que según Montero se establecieron aplicando «criterios objetivos», basados en el efecto de la pandemia en el empleo de cada sector, como que en esos sectores el 10% de sus trabajadores estaban protegidos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, además, no habían vuelto a la actividad al menos un 75% de los trabajadores que llegaron a este en ERTE en el peor momento de la pandemia, en abril de 2020.
Con el cambio aprobado, se permite a CCAA y Ceuta y Melilla ampliar el número de empresas y autónomos que se podrán beneficiar de estas ayudas, atendiendo a las especificidades del tejido productivo de cada región y a los efectos que sobre sus empresas y trabajadores autónomos hayan podido tener las medidas de contención de la pandemia establecidas por cada región.
En este sentido, Montero ha apuntado a sectores como el del calzado o el vino en algunas regiones, ya que si bien a nivel nacional no cumplirían determinados requisitos de acceso a las ayudas, como número de afectados por ERTE, en determinadas regiones sí los cumplirían y podrían optar esos sectores y empresas de los mismos a las ayudas directas.
Adicionalmente, se incluye la posibilidad de que estas administraciones, de forma excepcional, puedan otorgar ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019. A modo de ejemplo, Montero ha indicado que con la modificación se permitirá que las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, sobre todo en Canarias y Baleares, puedan optar por las ayudas y beneficiar al sector turístico, siendo “muy importante” para las islas.
Extremadura y Castilla-La Mancha han suscrito ya los convenios
La titular de Hacienda ha informado de que Extremadura y Castilla-La Mancha han devuelto firmado este mismo martes el convenio remitido por el Ministerio de Hacienda, que una vez lo rubrique se remitirá al BOE para su publicación y, en consencuencia, la transferencia inmediata de los recursos para lanzar las convocatorias y repartir las ayudas a empresas y autónomos.
Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que las comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
Montero ve “lógico” que solo hayan remitido los convenios dos CCAA porque se les remitió el pasado viernes, si bien ha indicado que hay un interés alto en las ayudas por parte de las regiones y ha apuntado que no es previsible que alguna comunidad se descuelgue, más allá de discrepancias “lógicas” sobre los textos legislativos que se podrán abordar en la tramitación del proyecto de ley.
En caso de que alguna región deseche las ayudas, Montero ha dicho que ante ese “escandaloso” con texto el Gobierno tomaría las medidas correspondientes para atender a las empresas. “Por lo que he escuchado a las CCAA nadie va a dejar a su tejido productivo sin recibir un volumen de ayudas tan importante”, ha indicado.
La línea dotada con 7.000 millones de euros, canaliza ayudas directas a través de CCAA y Ceuta y Melilla a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la pandemia, cuyos ingresos hayan caído al menos un 30% con respecto a 2019. Estas ayudas tienen carácter finalista y se pueden emplear para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de 2020, como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.
Los autónomos que tributan por estimación objetiva podrán recibir hasta un máximo de 3.000 euros, y el resto de autónomos y empresas entre 4.000 y 200.000 euros. Eso sí, están condicionadas al mantenimiento de la actividad hasta el 30 de junio de 2022.
Aplazamiento y fraccionamiento de deudas no tributarias
De igual forma, con el fin de facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, se habilita en la modificación del decreto-ley a las delegaciones de Economía y Hacienda a conceder a las empresas un periodo de carencia de dos años desde la fecha de su vencimiento para el pago de las mismas, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.
La medida afecta a las deudas que se derivan del reintegro o desembolso de ayuda o préstamos que se conceden por la Administración General del Estado (AGE) desde el ámbito territorial en delegaciones correspondientes de Economía y Hacienda.
También afecta a la deuda cuya gestión recaudatoria corresponda a este nivel territorial (delegaciones de Economía y Hacienda) o a aquellas que se encuentren en periodo voluntario de pago o se aplazan o fraccionan. El mecanismo es “excepcional y temporal”, ha apuntado Montero, pero ha resaltado que flexibiliza el pago y “evita tensiones de tesorería en el conjunto de las empresas”.
Así, se establece el aplazamiento máximo de dos años desde el propio vencimiento y, cumplidos esos 24 meses de carencia, las empresas podrán fraccionar el pago en hasta dos años adicionales, por lo que las compañías dispondrán de hasta 4 años adicionales entre aplazamiento y fraccionamiento para pagar su deuda no tributaria.
Las solicitudes se podrán presentar durante los ejercicios 2021 y 2022 con independencia del periodo al que se refieran las deudas, ha precisado la ministra.
