El Gobierno se guarda un golpe de efecto en las revolving

De hoy en una semana la banca española habrá resuelto dos de las grandes incógnitas legales que le persiguen desde hace meses. Este miércoles se reúne el Supremo para estudiar la revalidación -o no- de que los tipos de interés de los créditos revolving no son usura, y el 3 de marzo el posicionamiento legal de Europa sobre el indicador IRPH. Unas sentencias que pueden condicionar el año del sector y también poner a prueba la actitud del gobierno de coalición con los bancos.

El impuesto específico sobre las entidades financieras se ha quedado fuera del pacto del PSOE y Unidas-Podemos, pero aunque desde la banca confían en el carácter moderado de Nadia Calviño, no descartan algún movimiento que les pueda penalizar, especialmente si se trata de lanzar algún mensaje hacia los consumidores bancarios. Tanto la sentencia del IRPH, como la de las tarjetas revolving, podrían dar una oportunidad.

Existen antecedentes. No sería la primera vez que Pedro Sánchez hace un giro contrario a las entidades financieras tras una sentencia del Tribunal Supremo. En 2018, el ejecutivo socialista trasladó del particular a la banca la obligación tributaria del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre la constitución de las hipotecas. Posteriormente, hace ahora aproximadamente un año, con la aprobación de la Ley Hipotecaria se estableció por norma cómo se debían repartir los gastos en la constitución de este tipo de créditos, imputando la mayoría de gastos a la banca.

Ahora también existen otras reformas legislativas que afectan a los consumidores bancarios, que están pendientes y una de ellas, concretamente, es sobre las tarjetas revolving. El pasado octubre, el ministerio de Economía sacó a consulta pública el proyecto de orden para fomentar la transparencia en este tipo de créditos; pero hasta ahora no se ha aprobado. El texto, que asociaciones de usuarios, como Asufin, valoran positivamente, aunque presentaron enmiendas, es previo al pacto entre PSOE y Unidas Podemos, por lo que la alianza entre ambos partidos podría conllevar algunos cambios para acomodarse al nuevo equilibrio de poder.es.

Unidas-Podemos no incluye ninguna referencia específica a las revolving en su programa electoral, pero ahora lidera el ministerio de Consumo. En teoría, el reparto de competencias en los productos financieros dependería del área que depende de Nadia Calviño, pero al tratarse de avances en materia de consumidores podría chocar en algunos aspectos con el ministerio que lidera Alberto Garzón.

Por el momento, el ministro Garzón mantiene el silencio sobre si pretende influir en esta orden, centrándose en la regulación del juego, pero no se descarta que dé algunas pistas en los próximos días.

Revolving más transparentes y con límites de endeudamiento

El primer documento que el anterior ministerio de Economía envió a consulta pública ponía obligaciones legales a los bancos en materia de información y también sobre las amortizaciones para evitar el riesgo de que la deuda derivada de las contrataciones de créditos revolving se convirtiertan en interminables por el retraso en el pago de los intereses y el capital. «El importe anual de las cuotas a pagar por el crédito al que se refiere el artículo 33 bis. 1 tendrá por objetivo amortizar una cuantían mínima nual del entorno del 25% del crédito disponible», recoge el documento, que añade que «el importe máximo anual de las cuotas a pagar por el endeudamiento total del cliente tomará como referencia el 40% de los ingresos entos anuales del cliente».

En materia de información al usuario, el documento apunta que el prestatario debe informar al cliente al menos trimestralmente del crédito dispuesto, hacer referencia directa a la modalidad de revolving, y explicar cuándo se terminaría de pagar el capital dispuesto «teniendo en cuenta la cuota de amortización establecida en ese momento». El documento también deberá aportar escenarios sobre cómo cambiaría la fecha de finalización del crédito en el caso de que se aumente la cuota actual y también «la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el plazo de un año», insiste.

En sus alegaciones al documento, Asufin sugiere una serie de modificaciones. Entre ellas, que la orden no se limite a las tarjetas, sino que se extienda a los créditos con esta modalidad, y pide que se establezcan límites temporales para este tipo de préstamos. «Hay cierto consenso entre los expertos en que se debe limitar el plazo de devolución del préstamo para evitar al eterno pago de intereses y la recapitalización de los mismos», explica.

La Asociación de Usuarios Financieros también sugiere que se incluyan penalizaciones para aquellas entidades que concedan crédito a clientes que no hayan probado su solvencia para abonar el préstamo. «No se puede pretender que la solución resida siempre en la judicialización del conflicto», señala Asufin.

Esta alternativa no se encuentra en el documento, pero, sin embargo, estaría en línea con la línea de trabajo que la pasada legistura presentó el gobierno de Sánchez, la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero, que podía multar a las entidades dependiendo del volumen de reclamaciones y de si eran favorables a los clientes. Por el momento, sería un proyecto que se habría quedado en el cajón por falta de presupuesto.

Sin embargo, son competencias que podría asumir Consumo o dotar de mayores atribuciones al Banco de España, que ya vehicula las reclamaciones, pero cuyas resoluciones no son vinculantes y la banca queda exenta de aplicarlas sin ser multada.