El Gobierno exonerará del recorte a las eléctricas que cobren menos de 60 euros por MWh

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya advirtió en el Congreso que el recorte de los beneficios de las eléctricas será menos dañino de lo esperado. La dirigente socialista se comprometió a aplicar la medida solo con carácter temporal y a sacar de la ecuación a las comercializadoras que no reporten unos beneficios extraordinarios durante la crisis.

El Gobierno ha establecido ahora como requisito que se libren de esta minoración las compañías que no hayan trasladado a sus contratos la actual escalada de precios que protagoniza el mercado mayorista de la electricidad. Es decir, las que mantengan un nivel cercano a los 60 euros por megavatio hora (MWh) para sus clientes, según ha publicado Cinco Días.

El valor se extrae de los costes marginales que concentran actualmente las centrales nucleares con el objetivo de garantizar que las eléctricas puedan seguir manteniendo una cierta rentabilidad. Actualmente, entre fijos y variables, el inframarginal es de 57 euros por MWh, lo que apenas deja margen.

Esta condición se aplicará para todos los contratos bilaterales firmados por las eléctricas incluso antes de la fecha de aprobación de la normativa. Y abarcarán a todos los clientes, tanto a título particular como industrial, con independencia de la modalidad de contratación utilizada en cada caso.

Ribera introduce los cambios tras citarse con las eléctricas

Los requisitos se detallarán en los cambios que el Gobierno tiene previsto introducir en el real decreto que ya aprobó el pasado 14 de septiembre para materializar el recorte de ingresos en todas las tecnologías que no emitan CO2 con el objetivo de reducir sus beneficios y ayudar a paliar la crisis energética que salpica a los consumidores.

El Gobierno tuvo que matizar su proyecto a última hora para introducir este tipo de exoneraciones ante las presiones políticas que activó el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que temía que la reforma del mercado eléctrico terminara salpicando a las empresas industriales. La suavización de la norma permitió a última hora su abstención.

Ribera ya había estado trabajando también una fórmula que no le enfrentara con las grandes eléctricas. La ministra socialista se reunió para lograrlo con Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona, a pesar de las presiones de Unidas Podemos para que no cediera ante las empresas en el proyecto para recortar los beneficios extraordinarios.

La suavización de la normativa también pone en duda que el Gobierno pueda cumplir con sus metas económicas. El objetivo era detraer hasta 2.600 millones de euros con esta reforma, que se sumarían a los otros 600 millones acordados al inicio del verano para poner fin a los denominados ‘beneficios caídos del cielo’.