El Gobierno descarta revisar el alza de las pensiones y acusa al PP de enfrentar a jóvenes y mayores

Era un día grande y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ocultaba su satisfacción: la tradicional entrega de los Presupuestos Generales del Estado, los últimos de esta legislatura, han derivado en una pormenorizada presentación ante los medios de comunicación de unas cuentas públicas que son, a ojos del Gobierno, un «antídoto contra la pobreza, la desigualdad y la desesperanza, que son el caldo de cultivo del populismo».

El PSOE, tras pactar estos presupuestos con Unidas Podemos, tiene muy claro a quiénes se dirige: las clases medias trabajadoras, sí, pero con una mira concreta en los mayores -pensionistas- y en los jóvenes, los dos colectivos a los que está dirigiendo su acción política. ¿Por qué? Por la «justicia social».

Es por ello que el Gobierno no duda en «cumplir la palabra, revalorizando el poder adquisitivo de los pensionistas» y descarta revisar el alza de las pensiones, un gasto en pensiones, precisamente, que aumenta en casi 20.000 millones de euros.. Ha recordado la ministra que la subida de las pensiones conforme a la inflación es una previsión legal que ya se recogía en la última reforma aprobada en el Congreso, que buscaba cumplir con el Pacto de Toledo, y no ha dudado en preguntarse «qué propone el principal partido de la oposición», en referencia al PP. «Nadie se entera», ha insistido.

«La dignidad de los mayores es la de España»

«¿Está de acuerdo o no con la revalorización de pensiones? Yo no me entero, y mira que les sigo», ha guiñado la titular de Hacienda, para criticar que los populares «intenten enfrentar» a jóvenes y mayores para cuestionar el gasto en pensiones. «Mala política se hace al intentar enfrentar las generaciones», ha reiterado, porque, a sus ojos, «la dignidad de los mayores, que es la de este país».

Las pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital (IMV) y la base máxima de cotización se revalorizarán en 2023 en igual medida que las pensiones contributivas, un alza que el Gobierno calcula en el entorno del 8,5%, pero que dependerá de la inflación hasta noviembre. Tanto las pensiones contributivas como las no contributivas y el IMV se revalorizarán en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2022.

También subirán en ese porcentaje las bases máximas de cotización, según ha avanzado la ministra de Hacienda, que ha recordado que hay abierta una negociación en el diálogo social sobre la gradual subida de bases y pensiones máximas, uno de los hitos comprometidos con Bruselas. Esta es la fórmula de revalorización fijada en la reforma de la pensiones de 2021, que en principio aplica para las contributivas, pero que el año que viene se extenderá a las no contributivas y al IMV.

Equidad intergeneracional

La titular de Hacienda también ha explicado que a través del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) se aporgarán 3.000 millones de euros al fondo de reserva de las pensiones, para dar “tranquilidad y certeza” a las generaciones futuras. 

Igual que las pensiones se revalorizará el ingreso mínimo vital, en un 8,5%. El IPREM, índice a través del cual se articulan otras ayudas sociales o que se tiene en cuenta para el acceso a prestaciones, sube hasta los 600 euros mensuales. “El incremento va a beneficiar a casi un millón de personas”, ha dicho la ministra.  En la misma línea, Montero ha dado cuenta del incremento al 60% de la base reguladora de la prestación por desempleo a partir de los seis meses. Actualmente, los desempleados reciben el 50%. 

El Gobierno ha aumentado en 600 millones el presupuesto para dependencia y en 400 millones las partidas para becas y ayudas al estudio, hasta los 2.548 millones de euros. El presupuesto total para la Educación será de 5.354 millones de euros. La política sanitaria contará con un presupuesto un 6,7% superior, hasta los 7.049 millones de euros. 

Vivienda, infraestructuras y Defensa

En materia de vivienda, el presupuesto sube un 5,4%. Se destinarán 1.600 millones a la construcción de viviendas en alquiler social y 200 millones para el bono joven al alquiler. La empresa pública de suelo contará con 260 millones de euros para la promoción de viviendas en alquiler asequible. También se incrementan las partidas para el bono social térmico, para el bono cultural y para las ayudas al transporte. 

El presupuesto para infraestructuras llegará a los 12.635 millones de euros, y el destinado a la industria y la energía ascenderá a los 11.600 millones. La cuantía destinada a la cultura y el deporte crece en un 13,5% hasta los 1.804 millones de euros. 

Defensa contará con 2.500 millones de euros más para modernizar las fuerzas armadas, hasta los 12.317 millones. En Justicia, el Gobierno invertirá 2.291 millones de euros y en seguridad ciudadana y política exterior, más de 13.000 millones de euros.