El Gobierno complica la táctica bancaria en plena crisis del Covid-19

El mes de marzo se anticipaba clave en el sector financiero por la publicación de Europa de la sentencia del IRPH y del Tribunal Supremo de las tarjetas de pago aplazado (revolving), pero no se esperaba los efectos nocivos del coronavirus.

La expectativa de que la zona euro tenga que adoptar nuevas medidas de estímulo monetario está golpeando la cotización del euríbor, y con ella presionando la cotización de las entidades cotizadas –Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter, Banco Sabadell, Bankia, Unicaja y Liberbank– que han perdido más de 16.000 millones en valor en los últimos días. El Banco Central Europeo (BCE) se reúne la próxima semana y se espera que ponga en marcha nuevas medidas de estímulo. También se confía en que vendrán acompañadas de otras que mitiguen el impacto sobre el sector financiero europeo.

Las últimas iniciativas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez, tampoco ayudan a dar visibilidad sobre los resultados de la banca este año. El sector lleva ya varios años trabajando en compensar los tipos de interés negativos -que reducen sus ingresos- con el crecimiento de otras áreas de negocio como la gestión patrimonial o los seguros. En el primer grupo se incluyen los fondos de inversión y los planes de pensiones, con los que los bancos perciben comisiones y fidelizan a los clientes; y sobre los últimos el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos creó dudas este jueves.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso que uno de sus objetivos era impulsar los planes de pensiones de empresa, desplazando progresivamente los beneficios fiscales de los individuales; insistiendo en que un producto que utilizan las «rentas altas» y muy «caro» -en el lenguaje antifinanciero que se ha impuesto en los últimos años se culpa a la banca de que solo se aprovechan ellos-. Hoy la aportación máxima anual es de 8.000 euros conjunta para planes de pensiones y planes de previsión asegurado.

Preocupación por la posible retroactividad

Escrivá no concretó cuál sería el ritmo en la supresión de los beneficios fiscales -que estaría en discusión con el ministerio de Hacienda-; dejando incógnitas sobre la mesa que podrían retrotraer el ahorro en pensiones, justo en un momento en el que se insiste en que es necesario impulsar el ahorro a largo plazo y cuando el Gobierno está necesitado de medidas fiscales que le ayuden a acelerar el gasto sin incurrir en un déficit que le cree un problema con Bruselas.

Según EFE, que cita a fuentes del ministerio, el objetivo sería tener un paquete legislativo con todas las medidas en la segunda mitad de este año para contar con ese marco estable para la revisión de las pensiones el año que viene. 

No obstante, hasta que se presenten los Presupuestos, no se conocerá realmente cuáles son los planes de Hacienda y esto puede mermar las aportaciones que se realicen en la primera parte del año. Aunque, tradicionalmente, son los últimos meses del año cuando se produce el grueso de las aportaciones, la banca y otras instituciones están trabajando en desestacionalizarlas para mejorar la rentabilidad y para facilitar el ahorro en este producto.

Desde el sector esperan que se conozca la medida con suficiente tiempo como para no perjudicar el nivel de ahorro, y confían en que no se vaya a aplicar con retroactividad a 2020, tras la aprobación de los Presupuestos. 

Un modelo europeo, pero complicado en una economía de pymes

De acuerdo con datos de Inverco, en 2019, los planes de empresa en España recibieron aportaciones por 1.246 millones. En contraste, los planes de pensiones individuales recibieron más de 4.000 millones; siendo, por tanto, el principal vehículo de ahorro a largo plazo.

Los expertos no ven con malos ojos un replanteamiento del modelo actual en la línea que apunta Escrivá, acercándose al que ahora tienen otros países europeo, pero señalan que el reto es la estructura empresarial española, donde el peso de la pyme y la micro-empresa es muy alto y poner en marcha un plan de empleo no es gratuito.

Los planes de empleo son habituales en las grandes corporaciones, que ofrecen esta vía de retribución como un complemento para sus trabajadores. El sistema impulsa el ahorro a largo plazo porque es la empresa la que retiene una parte de la retribución en nómina a los trabajadores -al igual que otras retenciones- que destina al plan de empleo. Es, obligatorio, por tanto, que una parte de la renta se destine a este fin.

El músculo financiero de las pymes es inferior que el de las grandes empresas; por lo que implementar el sistema será complejo. Por una parte, en términos de retribución de la plantilla: o se dan los beneficios, o se retiran del salario bruto; algo complicado de negociar. Por otra parte, dado que es imposible que una microempresa pueda lanzar su propio plan de empleo -las aportaciones no serían muy altas-, tendrían que buscar alianzas con otras; o crear planes sectoriales.

La figura para impulsarlos ya existe: es el plan de empleo de promoción conjunta (PPFPC).  Existe una variación intermedia, los planes asociados, donde son los asociados a un determinado colegio o grupo, los que realizan las aportaciones. Las cifras ahorradas en 2019 son significativamente más bajas que las de los planes individuales o de empleo, ya que recibieron aportaciones por 36 millones de euros.

La ventaja de estas aportaciones son deducciones en el impuesto de Sociedades, que para las pymes son más difíciles de aprovechar.

Estos hándicaps, que complican que el sistema se pueda llevar a cabo de manera rápida, hacen temer que la reforma que planea el equipo fiscal del gobierno de Pedro Sánchez se quede en una mera retirada de los estímulos fiscales a la inversión en planes individuales; lo que todavía complicaría más la compleja situación de las pensiones españolas a medio plazo.