El Gobierno cede y no obligará a devolver la ganancia de pensiones de años con IPC negativo
Las pensiones ganarán poder adquisitivo en los años de inflación negativa pero se está aún "lejos" del acuerdo sobre la reforma de pensiones
La última reunión del diálogo social para la reforma de las pensiones se ha saldado con «ligeros avances» y un destacado acuerdo sobre la revalorización de pensiones, pero aún lejos del acuerdo global para la reforma, a pesar de ser una de las reformas de mayor envergadura de cara al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya versión definitiva ultima el Ejecutivo para su remisión a Bruselas antes del 30 de abril.
Tras las críticas de los agentes sociales y el encallamiento del diálogo social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un paso para buscar el consenso de cara a la futura reforma y ha decidido ceder en uno de los puntos relativos al nuevo mecanismo de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC.
El departamento de José Luis Escrivá ha trasladado a los agentes sociales que renuncia a la propuesta que venía pareja a la revalorización de pensiones y que fijaba que en los años en los que el IPC fuese negativo y se produjese una ganancia de poder adquisitivo de las pensiones ésta se tuviese que devolver los años siguientes.
De esta forma, el acuerdo para revalorizar las pensiones en función del IPC no incluirá finalmente rebajar las futuras subidas de estas prestaciones para compensar por los años en los que se produzcan caídas de los precios o se registre deflación, según ha señalado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.
Esto supone que el Ejecutivo acepta que las pensiones ganen poder adquisitivo en los ejercicios que la inflación negativa, de forma que cuando se registre un año de IPC positivo estas prestaciones se revalorizarán conforme a ese indicador y cuando el IPC sea negativo las pensiones se congelarán y los pensionistas ganarán poder adquisitivo. Esa ganancia indirecta, por tanto, no tendrá que compensarse en los ejercicios sucesivos con subidas inferiores al IPC hasta neutralizar ese alza del poder adquisitivo, tal y como había planteado el Ministerio de Seguridad Social.
El Ministerio marca la prioridad de garantizar el poder adquisitivo
Desde el Ministerio de Seguridad Social destacan a Economía Digital que la reunión ha sido «productiva» y en el departamento están buscando el máximo consenso posible de cara a la reforma del sistema público de pensiones y subrayan que su prioridad es la garantía de poder adquisitivo.
El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, acompañado por el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, entre otros miembros del Ministerio, se ha reunido con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social para continuar con el diálogo sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo.
A la reunión han acudido, en representación de los agentes sociales, la responsable del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos; la directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y Mª Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT.
Avance «limitado» en la negociación
«La oposición sindical ha sido muy firme en esta materia y el Gobierno finalmente ha renunciado a ese planteamiento y por tanto no se producirá compensación en años negativos», ha celebrado Bravo tras la última reunión, algo que ve como un «cambio imprescindible» en el proceso de negociación en materia de Seguridad Social.
Eso sí, ha apuntado que el cambio todavía es «limitado» y ve preciso resolver «bastantes materias», referidas tanto a la forma de acceso a la jubilación anticipada, el factor de sostenibilidad y la derogación completa de reforma de pensiones de 2013.
Fuentes conocedoras del encuentro explican que ha habido un intercambio de pareceres pero se está aún «lejos del acuerdo», lo que podría propiciar el retraso de la aprobación del documento definitivo en el Consejo de Ministros de este martes y un nuevo retraso al próximo martes, día 27, para su ulterior remisión a Bruselas antes de final de mes, cuando vence el plazo, también para enviar el Plan de Estabilidad con las cifras de déficit.
Otras fuentes coinciden también en señalar que aunque se ha movido esta ficha en el marco de la negociación aún quedan muchos flecos por cerrar de la pretendida reforma.
Penalización a jubilación anticipada
Sobre la penalización de las jubilaciones anticipiadas el Ejecutivo pretende rediseñar el modelo de penalizaciones y eliminar la «regresividad» que hace que para pensiones máximas el desincentivo de facto es del 4% mientras que para las pensiones normales alcanza el 16%. Ni sindicatos ni Unidas Podemos aceptarán lo que consideran un «endurecimiento» de las prejubilaciones y un «recorte» de las pensiones.
Los sindicatos sí apoyan en cambio eliminar el actual de la anterior legislación del PP, pero discrepan en la propuesta de Escrivá de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional con el fin de que el coste de las pensiones no lo afronten los jóvenes, lo que podría pasar por opciones vía impositiva y de cotizaciones.
Precisamente fuentes de CEOE explican a Economía Digital que en la patronal no ven bien subir cotizaciones y rechazan que se pretenda extraer la jubilación forzosa en los convenios del Acuerdo para el Empleo y l Negociación Colectiva (AENC) suscrito con los sindicatos, pendiente de renovación.
La denominada jubilación forzosa consiste en la posibilidad de que los convenios colectivos contengan una cláusula que permite a las empresas rescindir el contrato de los trabajadores que alcanzan su edad legal de retiro. Todos estos asuntos se seguirán abordando en la reunión del próximo lunes.