El Gobierno busca el aval de los expertos al tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva semanas seleccionando al grupo de expertos que se encargará de trabajar en la anunciada reforma fiscal integral que acometerá el Ejecutivo para aumentar la progresividad y acercar la recaudación tributaria española a la media europea ante la diferencia que cuantifica en unos siete puntos.

De hecho, este mismo lunes presidirá en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) el acto de constitución del Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal», tal y como se denomina oficialmente el grupo de expertos y que, según ha podido saber Economía Digital, estará formado por catedráticos y miembros de los principales organismos fiscales y económicos del país.

El plan de Montero pasa por aprobar los cambios (previsiblemente al alza) de impuestos y las nuevas figuras tributarias este mismo año para dar margen al trámite y proceso parlamentario, ya que no se pueden aprobar vía decreto, y que entre en vigor en el inicio del nuevo ejercicio presupuestario de 2022. 

Según apuntó ella misma, los expertos podrán tomarse su tiempo para el estudio de las diferentes figuras fiscales, si bien dejó claro que la intención del Gobierno es que se puedan presentar las recomendaciones a lo largo de este año para aprobar cambios normativos.

Tipo mínimo del 15% a Sociedades

Aunque no lo indicó, confía en que se aborden algunas de las propuestas de la pretendida reforma fiscal esbozada por el anterior Ejecutivo del PSOE desde hace dos años y que figuraban incluso en los fallidos presupuestos de 2019, aunque continuaron en el acuerdo programático del Ejecutivo de coalición, si bien muchas de las medidas no se incluyeron finalmente en las cuentas públicas de 2021.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a Economía Digital que la fijación del tipo mínimo del 15% en Sociedades será uno de los temas que analizará el grupo de expertos encomendado para la reforma fiscal, si bien éstos tendrán libertad a la hora de confeccionar sus recomendaciones definitivas.

El establecimiento de un tipo mínimo en el gravamen de Sociedades es uno de los objetivos del PSOE desde hace bastante tiempo, y es algo compartido y reavivado en el seno de la coalición después de la propuesta realizada por el Gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de fijar un impuesto mínimo de Sociedades a nivel internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró la propuesta de la secretaria del Tesoro de EUU, Janet Yellen, al ver “fundamental” que se abran este tipo de debates a escala global para abordar el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades y la imposición tributaria a grandes plataformas digitales. 

Sánchez cree que estos debates se tienen que “sustanciar” en el marco de la OCDE, el G-20 y también en el ámbito europeo, al haber países con unos impuestos de Sociedades “muy inferiores” a los de España, con una competencia que a su juicio debe corregirse. 

Al margen de la propuesta de un tipo mínimo marginal, el FMI lanzó otro planteamiento para que las rentas altas y las compañías que han prosperado durante el coronavirus, como las grandes tecnológicas o algunas farmacéuticas, paguen impuestos adicionales en solidaridad con los más afectados por la pandemia. 

Unidas Podemos también trató de impulsar en la Comisión de Reconstrucción del Congreso un impuesto a las grandes fortunas para recaudar hasta el 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros, con un nuevo tributo de entre el 2% y 3% a los grandes patrimonios que superen el millón de euros.

Revisión de deducciones y bonificaciones

Entre los puntos que abordarán los expertos se encuentra la revisión de deducciones y exenciones en IRPF y Sociedades, así como en el IVA, así como el estudio de una posible subida del impuesto al alcohol y tabaco, en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, según han señalado a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

También figurará entre los puntos a analizar por el grupo de expertos la posible armonización de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, un objetivo que se ha marcado Montero y que ha despertado las críticas, especialmente del PP y de la Comunidad de Madrid, ya que la región gobernada por Isabel Díaz Ayudo opta y avanza una continuidad en su política de bajada de impuestos. Además, tiene bonificado prácticamente al 100% el controvertido Impuesto de Sucesiones.

Con la aprobación de los Presupuestos de 2021 entró en vigor un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, elevando el tipo marginal del 45% al 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, pasando del 23% al 26%, lo que afectará a 36.194 contribuyentes (0,17% total), y se prorrogaron los límites vigentes del régimen de módulos de autónomos.

También fijó se estableció la vigencia permanente del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, y elevó en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%, al tiempo que se redujeron las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumentó la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En Sociedades, se limitó al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100% durante tres años. El impuesto de primas de seguro subió del 6% al 8%.

Igualmente, los PGE conllevaron la subida del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas, a excepción de los lácteos bebibles, si bien finalmente no se incluyó la equiparación de la tributación del diésel a la gasolina, que podría ser otro de los puntos que retome el grupo de expertos.

A estas medidas se han ido sumando las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, sobre las que Hacienda ha ido postergando su liquidación, el nuevo impuesto a envases de plástico de un solo uso y otro nuevo sobre residuos, un tipo mínimo del 15% para las ‘socimi’ o la exigencia de una participación mínima de 2.500 euros a los accionistas para disfrutar de beneficios fiscales en las ‘sicav’.

También está pendiente la ley de lucha contra el fraude, en tramitación en el Congreso y prevista de aprobación definitiva en el primer semestre, y que  incluye la prohibición del uso del software de doble uso, un mayor control de las criptomonedas, la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros, la ampliación de la lista de morosos al reducir el umbral de un millón a 600.000 euros o la prohibición por ley de las amnistías fiscales.

Reforma “demandada por Bruselas” 

En este sentido, Montero recordó esta semana que la constitución del grupo de expertos y la voluntad de la reforma fiscal forma parte de las reformas incorporadas en el Plan de Recuperación que el Ejecutivo remitirá a Bruselas a finales de abril. También es uno de los puntos del acuerdo de la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. 

La titular de Hacienda subrayó que había una advertencia respecto a que España está alejada de la media de la recaudación del conjunto de países de la UE, por lo que la reforma fiscal es “demandada por las propias autoridades de Bruselas para incrementar al nivel de ingresos públicos respecto a otros países”. 

Financiación autonómica: cambio en el criterio de población ajustada 

En los planes del Ministerio de Hacienda también se encuentra retomar «lo antes posible» la reforma del modelo de financiación autonómica, aplazada por la Covid también, si bien no se ha fijado un calendario tras el retraso acumulado desde el pasado mes de febrero, mes para el que Montero había programado el inicio de los trabajos.

Tanto las comunidades autónomas como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llevan meses reclamando la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), pero por el momento solo está previsto que “en breve” abordará uno de los puntos de dicha reforma, de los más controvertidos, el referido al criterio de población ajustada. 

Este fue el compromiso que ya trasladó Montero en el Congreso al diputado de Compromís, Joan Baldoví, y pasa por analizar el peso del envejecimiento, la insularidad o la dispersión que habitualmente han formado parte del criterio de población ajustada para calcular el reparto de la financiación. 

Se trata de una “clave de bóveda” del sistema de financiación que, en cualquier caso, Montero espera consensuar en un plazo de tiempo “corto” junto con las CCAA, e ir llevando a las reuniones las distintas partes del modelo de financiación para acometer la compleja reforma que deberá poner de acuerdo a todas las regiones de distinto signo político.

Las CCAA del PP también reclaman a Montero la convocatoria del CPFF para abordar las medidas de apoyo a la solvencia de empresas frente al Covid aprobado por el Gobierno, y denuncian el «menosprecio» hacia los gobiernos regionales por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, a que acusan de actuar de forma «unilateral» y con «deslealtad institucional».

Las autonomías ‘populares’ exigen una reunión para abordar en concreto el fondo de 7.000 millones de euros para la solvencia de pymes y autónomos incluido en el paquete de ayudas de 11.000 millones aprobado por el Ejecutivo, ya que esa parte del paquete total será gestionada por las regiones.