El Gobierno baraja una subida del 3,5% para los funcionarios en 2023
La oferta gubernamental está abierta y condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas
La vicesecretaria General del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado
El Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá este miércoles con los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT para iniciar la negociación de la subida salarial de los empleados públicos en el año 2023 y la cifra que baraja el Ejecutivo, de partida, es un incremento del 3,5%.
Así lo ha avanzado este miércoles El País citando fuentes sindicales, aunque la oferta gubernamental está abierta y sujeta a cambios y no tendrá aplicación directa porque estará condicionada al cumplimiento de una serie de variables macroeconómicas, aún por decidir, entre las que se encuentran el crecimiento económico y el nivel del IPC. El alza deberá reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio.
Jornada de 35 horas semanales y otras medidas
Esta posición del Gobierno se produce después de la movilización de CSIF el pasado sábado en Madrid, en la que protestaban contra «el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos». El sindicato de empleados públicos exige al Gobierno una subida salarial plurianual que «dé ejemplo a la empresa privada», ya que «arrastran una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%» desde 2010.
Desde UGT y CCOO también piden un acuerdo plurianual que incluya revisar el aumento del 2% de los salarios de los empleados públicos aprobado para este año en los PGE y permita el mantenimiento y la recuperación del poder adquisitivo. Recuerdan que los salarios para el personal del Servicio Exterior llevan sin actualizarse 14 años.
En la mesa de Función Pública que se reunirá este miércoles por la tarde, los sindicatos plantearán otras medidas más allá de la subida salarial. En concreto, pedirán la implantación de las 35 horas semanales, cambios en materia de igualdad y mejoras en el acceso al empleo público, en la clasificación profesional y en la posterior promoción. Además, piden que las medidas económicas que se adopten sean «eficaces» para garantizar unos servicios públicos de calidad.
