El Gobierno asegura que enviará a Bruselas el Plan de Recuperación antes de tiempo

El Gobierno mantiene su calendario previsto respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con inversiones y 170 reformas divididas en 30 componentes y asegura que lo remitirá a Bruselas “bastante antes” del plazo fijado para ello, el 30 de abril. 

Esta es la intención que al menos ha asegurado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que tiene el Ejecutivo, durante un acto sobre los fondos europeos organizado por la Agencia EFE y KPMG, fijando el objetivo de remitir la versión definitiva del plan “a lo largo de las próximas semanas”. 

En paralelo se producirán las convocatorias de las conferencias sectoriales para ir explicando a los sectores las reformas y las inversiones, que en el primer caso se abordará en el Congreso y en el segundo se precisará de una mejor coordinación con entidades territoriales. 

A partir de ahí cada convenio y convocatoria provendrá de las distintas administraciones, si bien el Ejecutivo mantiene que las licitaciones y adjudicaciones empezarán en el segundo trimestre, según ha indicado la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. 

Según Montero, la etapa del último trabajo del Plan está “muy avanzada” y hay una coordinación “permanente” con la Comisión, si bien se está abordando la simplificación de los componentes y las reformas. 

Margen de tres años para ejecutar proyectos

Como plazo para la ejecución Montero ha marcado que “no se pretende que vaya más allá de los tres años”, es decir, que los consorcios y empresas interesados en los proyectos tendrán de margen para realizar sus proyectos desde mediados de este año al año 2023, periodo para el que están previstas las transferencias de casi 70.000 millones a fondo perdido. 

Aunque ha reconocido que la ejecución del plan es “muy difícil” por el volumen de reformas e inversiones previsto, a apremiado a administraciones, empresas y sociedad a una buena coordinación al tratarse de un “proyecto de país”.  

“Si vamos tarde no llegaremos” a los objetivos, ha avisado, urgiendo a una ejecución “bien hecha pero rápida” y pidiendo a las empresas estar “alertas y atentas” a las convocatorias. 

Niega “tratos discriminatorios” y asegura un “control exquisito” 

En línea con lo defendido desde el Gobierno en los últimos días tras las críticas de la oposición, comunidades autónomo y alcaldes, ha asegurado que habrá un control “exquisito” del dinero público y ha negado “tratos discriminatorios o de favor”. 

Ha garantizado que habrá “legalidad, eficiencia y equidad” gracias al decreto de simplificación de la administración aprobado en diciembre que busca eliminar “cuellos de botella” pero “no relajar los controles”. 

“Las reglas de juego serán limpias, transparentes y estarán diseñadas para que todo el mundo pueda concurrir», aclarando que las empresas que hayan participados en las manifestaciones de interés no tendrán privilegios en las licitaciones, y que podrán optar igualmente las que no lo hayan hecho. 

Las CCAA priorizan la Sanidad con el fondo React-UE 

La ministra ha explicado que los nuevos fondos europeos no están relacionados con una “asignación territorial”, sino que la arquitectura es diferente  a la del marco financiero plurianual. Ha confirmado que España ha ejecutado un 50% de los fondos estructurales del marco 2014-2020, con margen hasta 2023. 

Los fondos de recuperación, ha dicho, precisan de la definición de los recursos, a los que se da prioridad a la transición ecológica (40%) y la digitalización (22%), por lo que es distinto al compartimento del fondo React-EU. 

Sobre este fondo de 12.000 millones, del que se transferirán a las CCAA 8.000 millones este año y 2.000 millones en 2022 a través del Fondo Feder y el FSE, ha detallado que las comunidades autónomas ya han remitido la información preliminar con los proyectos que pretenden financiar con cargo a los fondos del Feder del REACT-EU. 

La mayor parte irá a Sanidad, al destinar el mayor porcentaje a infraestructuras de servicios básicos como Sanidad, Educación y Servicios Sociales (32%), gasto sanitario Covid-19 (30%), ayudas a pymes (15%), transición ecológica (11%) y transformación digital (9%). 

Para los proyectos relativos al Fondo Social Europeo (FSE) las comunidades tienen de plazo hasta el 27 de marzo para su comunicación a Hacienda.