El Gobierno aprueba este martes el Plan de Recuperación y lo enviará a Bruselas esta semana

El Gobierno trabaja a contrarreloj para aprobar este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene que enviar a Bruselas este viernes a más tardar. El trabajo es ingente y todavía quedan por pulir unos cuantos flecos, pero ya se da por «seguro» su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes, aseguran fuentes gubernamentales a Economía Digital.

El equipo económico de Presidencia del Gobierno liderado por el economista Manuel de la Rocha no ha parado desde el pasado viernes y continúa puliendo los últimos flecos de la negociación con la Comisión. En reuniones telemáticas han ido aclarando puntos durante las últimas horas respecto a la reforma laboral, según ha podido saber ED. Y este lunes, el documento también está siendo supervisado por los ministerios económicos (Economía, Hacienda y Trabajo).

A pesar del extenso documento, de alrededor de más de 1.000 páginas, en Moncloa se muestran optimistas y dan por hecho que se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes. De hecho, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos señalaron a Economía Digital que el plan se aprobará «seguro» este martes para su remisión en los tres días siguientes a Bruselas, previsiblemente el viernes.

En el seno del Gobierno se había barajado la opción de un plan ‘b’ que pasaba por convocar un Consejo de Ministros extraordinario a finales de semana, si bien finalmente se ha optado por dar ‘luz verde’ al Plan este mismo martes para culminar el documento y remitirlo como tarde el viernes 30 de abril, fecha límite para el envío a Bruselas.

Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá en rueda de prensa el viernes para dar a conocer la nueva senda de déficit hasta el año 2024 recogida en el Plan de Estabilidad, documento que enviará a Bruselas el viernes y que no pasará por el Consejo de Ministros al no ser necesario dada la actual suspensión de las reglas fiscales, según precisaron desde Moncloa.

Las reformas laboral, de pensiones y fiscal quedan abiertas

Aunque, tal y como adelantó ED, las principales reformas que solicita Bruselas, pensiones, laboral y de fiscalidad, no se desarrollarán al completo, a la espera de seguir avanzando en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos.

El atasco de las negociaciones en el ámbito de la modernización del mercado de trabajo, ante el rechazo de CEOE a la hoja de ruta presentada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y especialmente en lo referido a la negociación sobre las pensiones, ante la oposición a las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han ido demorando la elaboración final del documento.

En este contexto, el Ejecutivo ha configurado las principales reformas e inversiones en estas materias, si bien queda abierta de concreción al consenso que se pueda alcanzar en el diálogo social a lo largo del año, con la previsión de a cometer los cambios laborales este mismo años y entre el ejercicio actual y los años venideros para el sistema público de pensiones.

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz se ha marcado como objetivo acometer los cambios antes del verano para una primera fase y ya ha planteado la limitación de la subcontratación y establecer la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa a la hora de establecer los salarios.

La propia ministra se reunió la semana pasada con los mandatarios de la UE (vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario europeo del Euro y del Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli) destacando la «buena acogida» a su hoja de ruta. También se ha avanzado, en este caso con consenso de los agentes sociales, en materia de políticas activas de empleo, una de las demandas de Bruselas, con un nuevo modelo al que se destinarán 3.5000 millones.

En el caso de la reforma de las pensiones, el diálogo social se encuentra más encallado ante las críticas de patronal y sindicatos a las medias propuestas por Escrivá, aunque se han dado pequeños avances al realizar el Ministerio un guiño y ceder respecto a la compensación en la revalorización de pensiones con el IPC, así como a no subir las las bases máximas de cotización que iba ligado a un incremento de las pensiones máximas para atraer a CEOE, que se opine a aumentar los costes laborales.

Por su parte, sobre la reforma fiscal se ha constituido el grupo de expertos que revisará todo el sistema tributario, y la ministra Montero ya aclaró que no se acometerán subidas en los Presupuestos de 2022 y que incluso habrá bajadas e incentivos fiscales, tras las palabras de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, respecto a que «no es el momento» de subir impuestos y las críticas del lado empresarial.

Moncloa da por segura la validación de Bruselas al plan

Por lo tanto y según lo esperado, el Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

«Creemos que no habrá problemas para superar este primer paso de la UE una vez remitido el documento», señalan fuentes gubernamentales a ED.

Por el momento Portugal es el único Estado Miembro que ha enviado su proyecto de reconstrucción, mientras que Italia se encuentra trabajando en modificaciones tras las exigencias de una mayor concreción realizadas por parte de la Comisión Europea.

Desde el Ejecutivo sostienen que a pesar del nuevo retraso en la aprobación en el Consejo de Ministros se mantiene la hoja de ruta prevista para que se remita a Bruselas en plazo y a su vez la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación, incluido el español, en junio, una vez que los 10 países que restan por dar su visto bueno a la ‘decisión de recursos propios’ — tratado jurídico para que la Comisión pueda endeudarse en los mercados– y se desatasque la paralización de los últimos trámites por el Tribunal Constitucional alemán.

Así las cosas, el Gobierno confía en que empiecen a llegar recursos en la segunda mitad del año. El primer desembolso a modo de anticipo de unos 9.000 millones podría llegar en torno al mes de julio, mientras que el segundo de alrededor de 16.000 millones se produciría a finales de año o, en función de los tiempos, ya en 2022.

En todo caso, en el Ejecutivo insisten en que se han comenzado a ejecutar los fondos gracias a que se consignaron 27.000 millones de fondos europeos en inversiones en los Presupuestos de 2021 y, de hecho, la vicepresidenta segunda Nadia Calviño ha avanzado que Bruselas ultima autorizaciones necesarias para la ejecución de determinados proyectos y que estos permisos llegarán incluso antes de la presentación del Plan de Recuperación.

212 reformas e inversiones

La previsión es que España reciba 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido de los fondos europeos hasta el año 2023, y se vayan movilizando “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022. La Comisión Europea permite solicitar los préstamos hasta julio de 2023 y a todo ello se sumarán los 38.000 millones que España recibirá hasta 2027 del marco financiero plurianual.

En concreto, se irán movilizando los créditos previstos en la asignación a España de ‘Next Generation EU’, para financiar principalmente instrumentos financieros de inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 2023.

El Plan de Recuperación recoge en total 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para el periodo 2021-2023, si bien no parten de cero sino de las líneas estratégicas seguidas desde 2018. Los casi 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2023 tendrán una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), en educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio.

Con este volumen de inversiones públicas se prevé movilizar 500.000 millones de inversión privada y reconducir el «déficit» inversor, duplicándolo hasta representar el 4% del PIB. En total el plan va a aportar un crecimiento adicional de en torno dos puntos porcentuales al año a partir de 2021, e impulsará a su vez un avance del crecimiento potencial del 2%, al tiempo que favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución.

Nueva senda de déficit hasta 2024

Por su parte, la ministra María Jesús Montero comparecerá el viernes en rueda de prensa para dar detalle de la nueva senda de déficit hasta el año 2024 recogida en el Plan de Estabilidad, documento que España enviará a Bruselas ese mismo día, 30 de abril, la fecha límite que marca la Comisión.

El Plan incluirá la actualización del cuadro macroeconómico presentado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace tres semanas, en el que se rebaja la previsión de crecimiento del 9,8% (7,2% sin fondos europeos) al 6,5% por el impacto de la tercera ola en Filomena y el retraso de los fondos, así como la nueva senda con las estimaciones de déficit del ejercicio actual y los tres siguientes, hasta 2024.

La tasa de referencia estimada por el Gobierno apunta a un déficit del 7,7% del PIB este año, inferior al 10,09% del PIB que registró España en 2020 (10,97% del PIB incluyendo el impacto de Sareb), si bien la cifra previsiblemente se modificará ante el nuevo contexto macroeconómico.

Montero ha destacado en un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad de Alcalá, ha insistido en que se mantiene la reducción del déficit para este ejercicio, sin precisas en qué medida.  En cualquier caso, ha remarcado que sería “importante” que Europa se plantee mantener la suspensión de las reglas fiscales en 2022, a cambio de que Bruselas exija año a año a los Estados miembros una senda de estabilidad “descendente, que permita ver que se sigue trabajando en el sostenimiento de las finanzas públicas”. 

Asimismo, ha resaltado que los ingresos públicos se desplomaron el año pasado a un ritmo menor que lo que lo hizo el PIB, por lo que el sistema fiscal ha mostrado una “mayor resistencia” y anticipa una mayor capacidad de recuperación económica gracias a la protección de las rentas y el mejor comportamiento de los tributos.  Ha achacado este factor, y el hecho de que por ejemplo la recaudación por IRPF subiese un 1,2%, a las medidas de protección como los ERTE y a la subida de las pensiones y el sueldo de los empleados públicos un 0,9%. 

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, ha destacado en otro acto organizado por ‘El País’ y Deloitte que se ha roto la correlación entre la caída del PIB y la recaudación fiscal y la destrucción de empleo. Tanto Montero como Calviño han indicado que la tasa de paro cerró 2020 en el 15,5% y un déficit de entorno al 10%, muy inferior al que se podría haber imaginado con un retroceso del PIB del 10,8%, gracias a las medidas de protección como los ERTE. 

Por otra parte, Montero ha confirmado que seis comunidades autónomas (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Madrid y Comunidad Valenciana) ya han suscrito los convenios y pueden empezar a tramitar los 7.0009 millones de ayudas directas que transferirá el Estado a las regiones para ayudar a la solvencia de pymes y autónomos.