El Gobierno prevé que Bruselas valide el Plan de Recuperación en dos meses
El Plan permitirá canalizar 140.000 millones de fondos europeos hasta 2026 y los ministros detallarán las reformas e inversiones del mismo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participa en la rueda de prensa convocada tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, este martes, en el complejo del Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/J.J. Guillén
El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes la remisión a Bruselas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que recoge en más de 2.000 folios las 212 reformas e inversiones que permitirán a España canalizar los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos hasta el año 2026, de los que 70.000 millones obtendrá a modo de transferencias entre 2021 y 2023.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado el plan como “el plan económico más ambicioso en la historia reciente” que permitirá sentar las bases para que las futuras generaciones dispongan de “un país mejor, más sostenible, productivo y social”.
Montero ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya desgranó en comparecencia de prensa y en el Congreso las líneas generales del plan, que aborda “los retos y cuestiones más importantes y trascendentes en los que debe centrarse la política española” para conseguir un país “más competitivo, equitativo, convivencia, bienestar social y económico”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter que el plan «brinda un horizonte de esperanza, progreso y bienestar» al apostar por «una España verde, inclusiva, justa y feminista».
Los grandes retos del Plan son la digitalización, la transición ecológica, la cohesión social y territorial y la capacitación del capital humano, con reformas en el marco de la cogobernanza y con “absoluto respeto a las competencias constitucionales para cada nivel administrativo”, ha enfatizado Montero.
Entre las inversiones ha destacado la movilidad sostenible, el desarrollo del 5G, la nueva política industrial, la modernización del sector educativo, el turístico o la Administración, entre otros, con el objetivo de modernizar el tejido productivo y la Administración, el aumento potencial del crecimiento, el impulso al empleo de calidad, un avance a una economía más verde y sostenible y la reducción de la brecha social.
Da por segura la validación de Bruselas al plan en dos meses
Tras la aprobación de la remisión a Bruselas del Plan de Recuperación, Montero ha precisado que el envío se producirá “en los próximos días” y dentro del plazo “tentativo” marcado por Bruselas en torno a este viernes, 30 de abril, un plazo que “España va a cumplir” aunque “no es obligatorio para el conjunto de países”.
La ministra ha indicado que el Ejecutivo ha trabajado de forma “muy intensa” en los últimos meses, por lo que ha agradecido la contribución de todos los ministerios, técnicos y funcionarios, y ha apuntado que, según el calendario de la Comisión Europea, tendrá “en torno a dos meses” para dar el visto bueno.
Por el momento Portugal es el único Estado Miembro que ha enviado su proyecto de reconstrucción, mientras que Italia se encuentra trabajando en modificaciones tras las exigencias de una mayor concreción realizadas por parte de la Comisión Europea.
Así las cosas, el Gobierno confía en que empiecen a llegar recursos en la segunda mitad del año. El primer desembolso a modo de anticipo de unos 9.000 millones podría llegar en torno al mes de julio, mientras que el segundo de alrededor de 16.000 millones se produciría a finales de año o, en función de los tiempos, ya en 2022. «Creemos que no habrá problemas para superar este primer paso de la UE una vez remitido el documento», señalan fuentes gubernamentales a ED.
Ya se han asignado más de 2.000 millones de fondos europeos adelantados
En todo caso, Montero ha precisado que no es necesario que el plan esté aprobado por la CE, ya que se ha procedido a su implementación gracias a los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los Presupuestos y el trabajo realizado con las CCAA en las conferencias sectoriales.
De hecho, hasta la fecha se han distribuido ya más de 2.000 millones de esa cantidad de fondos europeos anticipada a entidades territoriales para ir implementando el plan y dar una “inyección económica que ahora necesita la economía para intentar que la recuperación sea lo más pronta posible y evitar un daño estructural en el tejido productivo”.
Estos alrededor de 2.112 millones ya preasignados se han sustentado, por ejemplo, 576 millones destinados a financiar proyectos de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes; 400 millones para el Plan MOVES III (ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos o híbridos, así como sus infraestructuras de recarga).
También se han signado ya 20 millones para el Plan Te Protege, para víctimas de violencia de género; 730 millones para la economía de los cuidados y políticas de igualdad; o 361 millones para la recualificación del sistema universitario español, enumeró Montero.
Los ministros detallarán los más de 2.000 folios del plan
La ministra de Hacienda ha precisado que el documento definitivo contempla 2.000 folios y ha indicado que no se publica por ahora ante la “complejidad técnica” de la adaptación al perfil técnico de remisión que exige la plataforma habilitada por la Comisión Europea para el envío de los planes por parte de los distintos Estados miembros, en lo referido a los formatos para poderse homogeneizar con el del resto de países.
Según ha dicho, se están subiendo los distintos componentes de las fichas a la plataforma establecida por la UE a lo largo de esta semana y, a partir de la fecha límite del viernes, 30 de abril, ha avanzado que los ministros irán compareciendo o convocando encuentros informales con periodistas (‘briefings’) para desgranar los contenidos de las inversiones y reformas de sus departamentos y concretar los calendarios previstos para las mismas. En todo caso, se publicará el documento próximamente.
El equipo económico de Presidencia del Gobierno liderado por el economista Manuel de la Rocha no ha parado desde el pasado viernes y ha estado puliendo los últimos flecos de la negociación con la Comisión. En reuniones telemáticas han ido aclarando puntos durante las últimas horas respecto a la reforma laboral, según ha podido saber ED.
Y este mismo lunes, el documento también siguió siendo supervisado por los ministerios económicos (Economía, Hacienda y Trabajo). El Ejecutivo ha trabajado a contrarreloj para poder aprobar el documento definitivo este martes, con el fin de remitirlo a Bruselas en los próximos días, antes del viernes.
Aunque, tal y como adelantó ED, las principales reformas que solicita Bruselas, pensiones, laboral y de fiscalidad, no se desarrollarán al completo, a la espera de seguir avanzando en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos, por lo que el Plan aprobado recoge una hoja de ruta indicativa. De estas formas, la primera que se abordará será la laboral a lo largo del año; mientras que entre finales de 2021 y principios de 2022 será el turno de la reforma de pensiones. La fiscal se aplaza a 2022.
212 reformas e inversiones
La previsión es que España reciba 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido de los fondos europeos hasta el año 2023, y se vayan movilizando “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022. La Comisión Europea permite solicitar los préstamos hasta julio de 2023.
El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso de los fondos con cerca de 70.000 millones en transferencias, y por otro lado el Reat-EU, del que a España le corresponden 12.400 millones, principalmente para financiar la respuesta en el ámbito sanitario y educativo. A ello se sumarán los 38.000 millones que España recibirá hasta 2027 del marco financiero plurianual.
En concreto, se irán movilizando los créditos previstos en la asignación a España de ‘Next Generation EU’, para financiar principalmente instrumentos financieros de inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 2023.
El Plan de Recuperación recoge en total 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para el periodo 2021-2023, si bien no parten de cero sino de las líneas estratégicas seguidas desde 2018. Los casi 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2023 tendrán una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), en educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio.
Con este volumen de inversiones públicas se prevé movilizar 500.000 millones de inversión privada y reconducir el «déficit» inversor, duplicándolo hasta representar el 4% del PIB. En total el plan va a aportar un crecimiento adicional de en torno dos puntos porcentuales al año a partir de 2021, e impulsará a su vez un avance del crecimiento potencial del 2%, al tiempo que favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución.
Las 20 principales inversiones que se van a desarrollar en la primera fase del plan son la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada , para la transición al vehículo eléctrico (más de 13.203 millones de euros); el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana (6.820 millones); la modernización de las administraciones públicas (4.315 millones); el Plan de Digitalización de Pymes (4.066 millones de euros) y la hoja de ruta del 5G (3.999 millones).
También figuran la nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular (3.782 millones de euros); el Plan Nacional de Competencias Digitales (3.593 millones), la modernización y competitividad del sector turístico (3.400 millones); el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación (3.380 millones) y el despliegue e integración de energías renovables (3.165 millones).
El resto de inversiones son para la nueva economía de los cuidados (2.492 millones), las nuevas políticas para el merado de trabajo (2.363 millones), la preservación del litoral y recursos hídricos (2.091 millones), el Plan Estratégico de Formación Profesional (2.076 millones), la modernización y digitalización del sistema educativo (1.648 millones), la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad (1.642 millones), la hoja de ruta del hidrógeno renovable (1.555 millones), infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y almacenamiento (1.365 millones), la renovación y modernización del sistema sanitario (1.069 millones) y laEstrategia Nacional de Inteligencia Artificial (500 millones).
Entre otros, destaca un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una hoja de ruta del hidrógeno verde, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidado, la Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, y la modernización y digitalización de las administraciones pública.
También figuran la política de residuos e impulso de economía circular, la estrategia de movilidad sostenible y conectada y la reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo a la innovaciónUna nueva política de vivienda, sin embargo las tres que generan mayor controversia por su importancia son las referidas al mercado laboral, las pensiones y el sistema tributario.
Sobre el mercado laboral, el Plan incluye reducir a tres los tipos de contrato (estable, temporal y formación), consolida los modelos de flexibilidad interna como los ERTE, se recoge la actualización de las políticas activas de empleo y de la subcontratación, mientras que en el caso de las reformas de las pensiones se plantean una batería de medidas, pero aún abiertas al diálogo social.
Entre otras, vincular las pensiones al IPC, penalizar la jubilación anticipada, incentivar el retraso en la jubilación, la extracción de los gastos impropios de la Seguridad Social o impulsar los planes de pensiones.
En cuanto a la reforma fiscal, promete recuperar la subida del diésel, recaudar más con IRPF, Sociedades e impuestos indirectos, el nuevo impuesto al plástico, otro impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y otro que grave los envases de plástico no reutilizables, así como la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y se afrontarán reformas en materia de movilidad sostenible.
Tras una continua interacción con la Comisión Europea, con más de 70 reuniones desde octubre, el Gobierno remitirá también el nuevo cuadro macroeconómico que ya presentó la vicepresidenta segunda Nadia Calviño, que actualiza el contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 y que rebaja la previsión de crecimiento de este año al 6,5%, frente al repunte inercial del 7,2% estimado anteriormente (9,8% con fondos europeos). Para 2020 estima un avance del 7%, para 2023 un 3,5% y para 2024 un 2,1%.
Nueva senda de déficit hasta 2024
Por su parte, la ministra María Jesús Montero comparecerá el viernes en rueda de prensa para dar detalle de la nueva senda de déficit hasta el año 2024 recogida en el Plan de Estabilidad, documento que España enviará a Bruselas ese mismo día, 30 de abril, la fecha límite que marca la Comisión.
El Plan incluirá la actualización del cuadro macroeconómico presentado por la vicepresidenta Nadia Calviño hace tres semanas, en el que se rebaja la previsión de crecimiento del 9,8% (7,2% sin fondos europeos) al 6,5% por el impacto de la tercera ola en Filomena y el retraso de los fondos, así como la nueva senda con las estimaciones de déficit del ejercicio actual y los tres siguientes, hasta 2024.
La tasa de referencia estimada por el Gobierno apunta a un déficit del 7,7% del PIB este año, inferior al 10,09% del PIB que registró España en 2020 (10,97% del PIB incluyendo el impacto de Sareb), si bien la cifra previsiblemente se modificará ante el nuevo contexto macroeconómico.
