El Gobierno amplía al 9 de agosto la moratoria de alquiler y la prohibición de desahucios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la prórroga de tres meses, hasta el próximo 9 de agosto, de todas las medidas sociales de prohibición de desahucios a personas vulnerables y la extensión de la moratoria de alquiler de la vivienda.

Así lo ha avanzado Sánchez durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo aprobará el próximo martes y remitirá a Bruselas en las próximas semanas para su aprobación, antes del 30 de abril.

Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a ampliar tres meses más todas las medidas en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda, cuya vigencia estaba prevista hasta la finalización del Estado de alarma, el 9 de mayo, por lo que se extenderán hasta el próximo 9 de agosto.

La extensión de estas medidas relativas al alquiler y los desahucios forman parte del escudo social del Ejecutivo y reflejan que aún queda tiempo para la recuperación, después de que el Gobierno haya rebajado del 9,8% al 6,5% su previsión de crecimiento este año, retrasando un mes más la recuperación por el mal arranque del año tras la tercera ola, el impacto de la borrasca Filomena y el retraso de los fondos europeos.

Prórroga de seis meses de los contratos de alquiler que finalicen

En concreto, se ampliarán tres meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública.

Asimismo, se extiende otros tres meses los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de alquileres de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

De igual forma, se prorroga otros tres meses más la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendamientos, de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamientos cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores a cargo, previa valoración ponderada del juez.

Todas estas medidas estaban vigentes hasta el 9 de mayo, fecha en la que finalizará el Estado de alarma, y se prorrogarán por tres meses más, de forma que se extenderán hasta el próximo 9 de agosto.

El líder del Ejecutivo ha indicado que estas medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis complementan un conjunto de medidas de carácter estructural para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, entre ellas «dentro de poco» la primera Ley Estatal de vivienda de la historia democrática, actualmente negociación entre PSOE y Unidas Podemos tras meses de desavenencias.

Precisamente el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha subrayado este miércoles la importancia de la intervención pública en el ámbito de la vivienda para facilitar el acceso de los ciudadanos a ella, más allá de las políticas destinadas solo a aumentar la oferta de suelo.

Saca pecho por el escudo social

En su intervención, Sánchez ha sacado pecho por el paquete de medidas del “mayor escudo social” aprobado a lo largo de 2020 para paliar los efectos de la pandemia, por importe de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB. 

En concreto, ha resaltado la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), del que se han beneficiado 203.000 hogares en los que viven más de 565.000 personas; y la extensión hasta el final del Estado de alarma de la prohibición de desahucios por imagos de hipotecas y alquileres. 

Hasta finales de marzo se han concedido 225.000 moratorias de deuda hipotecaria, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales de deudores no vulnerables y empresas turísticas o de transportes. Además, se han invertido 230 millones en un nuevo programa ’Educa en digital’, por el que se adquirirán 500.000 equipos electrónicos para alumnos vulnerables. 

Igualmente, ha resaltado que se han acordado con los agentes sociales y los autónomos la prórroga de los ERTE y las prestaciones extraordinarias hasta el 31 de mayo, si bien se trabaja en una nueva prórroga del mecanismo que llegó a proteger a más de 3,6 millones de trabajadores, con 743.000 beneficiarios hasta marzo. 

En total, ha cifrado en casi 30.000 millones de euros el gasto de 2020 y la previsión de 2021 con los ERTE, las prestaciones y las exoneraciones. También ha apuntado que se alcanzaron los 1,5 millones de autónomos con prestación por cese de actividad y se aprobó la consideración Covid como enfermedad profesional para trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Hasta finales de febrero se han tramitado 3,8 millones de bajas por incapacidad temporal (1,3 millones por infecciones y 2,5 millones por aislamiento). 

En cuanto a los avales del ICO, ha indicado que más de 608.000 empresas, casi el 90% pymes y autónomos, se han acogido a estas líneas hasta finales de marzo, con una movilización de más de 118.600 millones de euros. Otras 4.600 empresas han recibido avales del ICO para operaciones de inversiones, sostenimiento de la actividad, con movilización de casi 5.000 millones.