El Gobierno admite que subir el SMI afecta al empleo de jóvenes y trabajadores con poca formación y salario

El Ministerio de Trabajo cerró el pasado martes de forma bipartita con CCOO y UGT, sin el beneplácito de CEOE, una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 35 euros este año (+3,6%), desde los 965 euros actuales a los 1.000 euros en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero para cerca de dos millones de trabajadores. 

La medida ha contado de nuevo con el rechazo de los empresarios. Tanto CEOE como Cepyme se descuelgan del acuerdo por el aumento de los costes laborales y la posible incidencia en el empleo, a pesar de que tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) han insistido en negar que los pasados alzas y el nuevo afecten al empleo, señalando que, al contrario, contribuye a la actividad económica y ello a la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo admite en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto del SMI para 2022, en trámite de audiencia pública y fechada el pasado 7 de febrero (cuando se convocó a los agentes sociales para negociar la subida en la mesa de diálogo), que los incrementos del SMI pueden llegar a afectar algo al empleo, sobre todo de los jóvenes y trabajadores con menor cualificación y remuneración.

En el apartado de la memoria en el que analiza el potencial impacto del incremento del SMI el Ministerio señala que «la literatura económica no ofrece resultados concluyentes» entre la postura favorable al SMI para favorecer a los trabajadores más vulnerables, el consumo, la redistribución de la renta y la reducción de la pobreza y la contraria que considera que contribuye a aumentar el desempleo de los trabajadores menos productivos.

En este sentido, admite que «la mayoría de los estudios encuentran efectos negativos del SMI sobre el empleo», si bien puntualizando, eso sí, que estos efectos «son en general pequeños y concentrados en determinados colectivos (trabajadores con salarios bajos, jóvenes, trabajadores con baja cualificación). A renglón seguido añade que «en los últimos veinte años se han llevado a cabo, además, análisis que no encuentran efectos estadísticamente significativos o incluso que encuentran efectos positivos en algunos sectores«.

El departamento de Yolanda Díaz sostiene, tras citar varios estudios referidos a Estados Unidos, que la evidencia empírica para España tampoco es definitiva, si bien «las estimaciones sugieren que los efectos sobre el empleo agregado de los aumentos en el SMI durante las últimas décadas han sido limitados».

Subidas anteriores: 36.000 personas perdieron su empleo por el alza en 2019

En la memoria también aprovecha el gobierno para hacer una valoración general del incremento del SMI entre los años 2017 y 2021, sobre lo que concluye que «no parecen haber tenido efectos negativos significativos en el ritmo de creación de empleo», ante el ritmo de creación de empleo y de salarios, salvo el año de la pandemia.

Sin embargo, cita los estudios del Banco de España o la AIReF que apuntan a cierta incidencia en el empleo y admite, de nuevo, que confirme a un primer análisis de la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2019 podría apuntan. aun impacto global sobre el empleo «reducido», aunque está por desarrollar por parte del Ministerio de Trabajo.

Incluso, cita una nota interna del Ministerio de Asuntos Económicos en la que se admite que esa subida de 2019 supuso que «36.000 personas perdieron su empleo como consecuencia del aumento del SMI». Pese a ello, el balance sería de «más crecimiento, más empleo, más bienestar, mejor distribución de la renta, menos desigualdad, menos diferencia salarial entre hombres y mujeres y menos personas con trabajo por debajo del umbral de pobreza».

Las cifras del Banco de España y los empresarios

Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez se mostraron muy insistentes a la hora de negar el supuesto impacto de subir el SMI en la creación de empleo, como afirman algunos estudios y organismos como el Banco de España, asociaciones agrícolas, la CEOE, ATA o Cepyme, que cuantificaba el pasado mes de septiembre, antes de la subida de 950 a 965 euros aprobada en el último cuatrimestre de 2021, un impacto de entre 60.000 y 130.000 empleos hasta 2023 si se subía a 1.000 euros el SMI.

Mayor polémica causó el informe del Banco de España publicado el pasado verano en el que estimaba que la subida del SMI aprobada en 2019 (de 735,9 a 900 euros, un 22% más) había tenido un impacto negativo total sobre el empleo es de entre 92.000 y esos 174.000 puestos, lo que causó un revuelo en la facción del Gobierno de Unidas Podemos.

La formación ‘morada’ se mostró muy crítica con el organismo supervisor. Con todo, a posteriori la institución ha seguido pidiendo «prudencia» ante los posibles“efectos secundarios” en el empleo, sobre todo en los colectivos más vulnerables, como los jóvenes y los mayores de 45 años, y ha seguido pidiendo moderación salarial ante el alza de la inflación.

Los órganos de gobierno de CEOE y Cepyme han vuelto a rechazar por unanimidad la subida por la falta de recuperación de los niveles de negocio precrisis hasta previsiblemente 2023, las presiones crecientes en los costes de las empresas por el alza de salarios y cotizaciones y la notable caída acumulada de la productividad.

A su juicio, es «inasumible» para sectores como el agrícola o los intensivos en mano de obra, toda vez que las empresas han asumido un alza del 30% del SMI desde 2019 y el incremento de cotizaciones, con un coste total por el empleo que sobrepasará los 1.500 euros. Advierten, de nuevo, de que el alza de los costes laborales y la presión sobre los márgenes, junto al encarecimiento de materias primas y los cuellos de botella pueden provocar un menor dinamismo económico y una menor creación de empleo».

Los argumentos de Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez

De cualquier forma, en el acto de la firma del pacto para subir el SMI a 1.000 euros en 2022 los secretarios sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, calificaron la “inasumible” postura de CEOE, reprochando las organizaciones empresariales se hayan mostrado “insumisas” al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) de 2018 que fijaba a situar el salario mínimo de convenio para 2020 en 14.000 euros anuales, que de haberse cumplido habría supuesto que la inmensa mayoría de trabajadores ya tendrían un SMI de 1.000 euros.

La vicepresidenta se vanaglorió de “remar en la dirección adversa” por esas afirmaciones alarmistas que califica de “ciencia ficción” al aventurar que con las subidas del SMI vendrían las “siete plagas”. Al respecto señaló que que en el sector agrícola hay récord de afiliaciones a la Seguridad Social, con un total de 840.100 personas ocupadas en el sector, lo que supone un alza de 58.000 personas y desde 2018 hay 14.500 más.

También se refirió a los autónomos, con récord de 3,15 millones de afiliados, 63.297 más que el año anterior y 84.237 más respecto a 2018, y al sector de las empleadas del hogar, que tras el cambio normativo de 2015 acumula 59 meses de caídas de empleo pero no se ha visto impactado por la subida del SMI. Además, dijo que las cuidadoras no profesionales han aumentado en 60.000 personas respecto a las 7.500 que había en 2018.

“No es verdad que se haya destruido empleo por subir el SMI”, reiteró Díaz, afirmando que “la patronal sabe que es bueno para los trabajadores y para la economía porque podrán consumir un poquito más” y es consciente de que el alza del SMI no es causante de la alta inflación como argumenta. Este argumento fue esgrimido también por Álvarez, que sostiene que “todos los datos demuestran que es al contrario, es un instrumento para activar la economía”.